jueves, 17 de marzo de 2011

concentracion dia del padre 2011

Concentración Día del padre 2011



17 de marzo de 2011



Como en años anteriores, el próximo día del padre, 19 de marzo a las 12 horas, nos concentraremos ante la sede del PSOE en la calle Ferraz así como ante la del Partido Popular en la calle Génova.

Exigimos la derogación de las leyes de género y la modificación de la ley del divorcio.
a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005)
Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.
La vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.
En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.
De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello.
Hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.
El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, consituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.
Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después de largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta.
En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes: 
  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).
Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2011, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

 
 



Dpto. de prensa.
PROJUSTICIA





1.- Concentración Día del padre 2011.

2.- Ley integral contra la violencia de género.

3.- Ley del divorcio.

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

5.- Denuncias falsas.

6.- Mujeres maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

8.- Industria del maltrato.

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

11.- Las mentiras de las feministas.

12.- Custodia Compartida.

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.







Notas de prensa anteriores



miércoles, 16 de marzo de 2011

El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres

La voracidad feminazi no tiene límite.
Todos los partidos se retratan. Está claro que trincan todos del bolsillo del ciudadano.
Conviene leer toda la noticia.
La neolengua que vaticinó Orwell empleada a raudales.
Ley de igualdad para garantizar la desigualdad, los privilegios y prebendas e instaurar el comisariado político que persiga al disidente/opositor.
Para engañar a los ingenuos, una mención a la custodia compartida que será inaplicable gracias a los requisitos imposibles que habrá de cumplir el no custodio.
Francisco Zugasti
El PP mantiene vivas 62 enmiendas y anuncia que no votará a favor

El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres


Los 'populares' podrían abstenerse en función de las enmiendas suyas que se acepten durante la sesión plenaria

   PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
   El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, después de que esta tarde haya finalizado el trámite de esta normativa tras dictaminarse en la Comisión de Asuntos Sociales, si bien el PP ha mantenido vivas para su debate en la sesión plenaria 62 enmiendas, mientras que el Grupo Mixto (UM) mantiene un total de 10.
   En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Ponencia para la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y diputada del PP, Isabel Llinàs, ya ha anunciado que su grupo no votará a favor de la citada normativa, aunque no se descarta que su grupo se pueda abstener en la votación de esta Ley, aprobada por el Govern el pasado 11 de junio y que, entre otros aspectos, contempla que el impago de las pensiones se considerará un caso de violencia económica contra las mujeres equiparable a la violencia física o psicológica.
   Para evitar que su grupo vote en contra de la Ley, ha precisado que se tendrían que aceptar, al menos, aquellas enmiendas que solicitan que no se creen cinco organismos diferentes para poder restar competencias al Institut Balear de la Dona que es, a su juicio, el organismo que debe "planificar todas las políticas de igualdad en Baleares". "Pretenden desmembrar el Institut de la Dona y no lo podemos aceptar", ha recalcado.
   Por otro lado, ha explicado que otra de las enmiendas del PP que también se deben aprobar para que su grupo no vote en contra de la Ley es la que reclama la supresión del artículo, que establece que ningún colegio o centro escolar con educación diferenciada entre sexos podrá recibir fondos públicos.
   "No estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que los padres deben poder elegir en igualdad de condiciones la enseñanza que quieren para sus hijos, de forma que si la Constitución nos dice que la gratuidad de la enseñanza básica es un derecho, también los citados centros escolares deben tener la posibilidad de acceder a la financiación pública", ha indicado Llinàs.
   De esta manera, los 'populares' pretenden que puedan acceder a fondos públicos los tres colegios ubicados en el Parc Bit de Palma, promovidos por la Fundación Educación y Familia de las Islas Baleares, próxima al Opus Dei, denominados Aladern, Aixa y Llaüt, y en los que se imparte las clases divididas por sexos.
   Además, Llinàs ha recordado que también hay colegios de órdenes religiosas que tampoco pueden acceder a fondos públicos, debido a que las clases también están separadas por sexos.
UM DEFIENDE LA CUSTODIA COMPARTIDA
   Por su parte, el Grupo Mixto, concretamente, los diputados de la  antigua UM, mantienen diez enmiendas vivas, mediante las cuales defienden la custodia compartida de los hijos como un principio general cuando se produzca la separación o el divorcio de una pareja. No obstante, admite que, al final, será el juez quien, a la vista de las circunstancias, decida si puede haber o no una custodia compartida de los hijos.
   En declaraciones a Europa Press, el diputado del Grupo Mixto Josep Melià ha manifestado que, en función de si aceptan o no sus enmiendas, decidirá la postura de su voto a la Ley de Igualdad en el Pleno del próximo martes.
   Finalmente, durante la tramitación parlamentaria de esta normativa, se admitieron dos enmiendas presentadas por el Bloc y que hacen referencia a poner fin a la explotación sexual.
VIOLENCIA ECONÓMICA
   El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene siete títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".
   Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer. Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.
   Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres. El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 por ciento ni sea inferior al 40 por ciento.
   Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres. Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.
   Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.
   La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.
   Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.
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19 de marzo de 2011
Congreso internacional sobre Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida
www.congresointernacionalsap.org

24 a 26 de marzo

Igualdad dará un móvil para ayudar a las matratadas que no han denunciado

Nueva vuelta de tuerca del feminazismo.
Más dinero a robar de las arcas del Estado. Más estómagos agradecidos.
Tienen que justificar su política, sus cargos y los gastos consiguientes por lo que buscan "maltratadas" donde sea.
Primera fase: la fiscalía mantenía la acusación sólo si la denunciante se ratificaba. Como las cifras se les caían cambiaron la directriz.
Segunda fase: si la denunciante retiraba la denuncia o no se ratificaba, la fiscalía seguía con la acusación si había parte de lesiones. Tampoco las cifras se mantenían para justificar todo el aparato feminazi. Asi que lanzaron una nueva directriz.
Tercera fase: aunque la denunciante retirase la denuncia o no se ratificase y aunque no hubiese parte de lesiones, la fiscalía mantenía la acusación.
Se pueden ver las directrices de la Fiscalía General del Estado en su página web.
Aún así, y dado que es un clamor popular la cantidad de denuncias falsas y condenas injustas, tienen que buscar "maltratadas" donde sea.
La medida que pretenden implantar, como las anteriores, es inútil y sólo creará más problemas y conflictos, que es de lo que viven esta gentuza. De nuestro dolor y nuestro dinero.
Francisco Zugasti
 
SOCIEDAD | Teleasistencia a las víctimas de violencia de género

Igualdad dará un móvil para ayudar a las matratadas que no han denunciado

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Leire Pajín, en el Congreso. | Efe
  • Pajín explica que se trata de una herramienta de asistencia psicológica
  • El teléfono también cuenta con 'botón del pánico' por si fuera necesario
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 16/03/2011 19:14 horas
La mayoría de las maltratadas asesinadas este año no habían denunciado. Así son prácticamente 'invisibles' para las autoridades y no pueden acceder al sistema de protección. Pero hay otras que, sin terminar de dar el paso de denunciar, sí han pedido algún tipo de ayuda. Ahora el Gobierno se dirige a ellas y ha anunciado que les facilitará un teléfono móvil con el que podrán recibir asistencia psicológica y, si hace falta, pulsar el 'botón del pánico' si se ven amenazadas.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha señalado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que extenderá el servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género. Según ha explicado en declaraciones a los medios, se trata de extender el apoyo psicosocial que en la actualidad ofrece el servicio Atempro a 9.000 mujeres en España, mediante un teléfono móvil que las acompaña y al que pueden recurrir para recibir apoyo.
El teléfono, aunque no está pensado como medida de protección sino como una herramienta de asistencia, cuenta también con un 'botón de pánico' para dar una alerta en caso de que peligre la integridad física de la usuaria y que permite localizar su situación aproximada mediante una triangulación con las antenas telefónicas.
Fuentes de su gabinete han concretado que con esta medida, en el momento en que una mujer maltratada pida ayuda, ya sea a un especialista de atención primaria (que detectan el 60% de los casos) o a un familiar o amigo, podrá ser dirigida a este servicio. Los psicólogos y especialistas al otro lado de la línea podrán prestarle apoyo y motivarla para que presente una denuncia.
"Sabemos bien lo difícil que es para muchas mujeres poner una denuncia y por eso queremos extender más mecanismos de protección a aquellas en las que se detecta (violencia) por parte de los profesionales, porque es tremendamente importante tener este tipo de asistencia", ha explicado.
Así, "las mujeres que aún no han oficializado la denuncia" podrán acceder a la teleasistencia "a través de los servicios sociales, que son quienes se suelen ocupar de este tipo de asistencia y deben valorar que mujeres pueden ser susceptibles de ayuda a través de este tipo de instrumento", conforme ha señalado la ministra.
De las 14 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de año, sólo tres habían acudido a la justicia.
Desde que el IMSERSO y el extinto Ministerio de Igualdad ampliaron en 2005 la teleasistencia a las víctimas de violencia de género, 33.747 mujeres han accedido a este servicio después de presentar una denuncia por violencia de género y recibir un informe de evaluación de riesgo favorable a la medida. Son los servicios sociales quienes tramitan la solicitud y la Delegación del Gobierno para la violencia de Género, quien autoriza la prestación.
Por otra parte, Pajín ha dado cuenta a las comunidades autónomas de su intención de extender el uso de los 500 brazaletes GPS para localización de maltratadores, que si hasta ahora servían para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, también podrán ser impuestos por un juez durante el cumplimiento de la condena de alejamiento.

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19 de marzo de 2011
Congreso internacional sobre Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida
www.congresointernacionalsap.org

24 a 26 de marzo