para mantener la boyante industria del maltrato (7) basada en:
• datos falsos sobre el maltrato a mujeres y niños (5), pues según los datos la mayor maltratadora de niños es la madre y el maltrato en la pareja se da en ambos sentidos y de forma parecida,
• denuncias falsas de maltrato (4) que son falsas en su casi totalidad y cuyo único sustrato es el conseguir una mejor posición en procesos de divorcio,
el próximo viernes, 17 de junio, nos concentraremos ante la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.
Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.
a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005)
Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.
La vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.
En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.
De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello.
Hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.
b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.
El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, consituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.
Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después de largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.
El Estado totalitario mostrando su cara repugnante.
La persecución al disidente/opositor sigue en marcha.
Sancionada la juez María Sanahuja por las críticas a Juli Solaz en el 'caso Millet'
La magistrada recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo General del Poder Judicial
Política| 20/06/2011 - 18:17h
Barcelona (Europa Press).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción leve de advertencia a la juez de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja por las críticas que hizo públicamente al entonces juez del caso Millet, Juli Solaz, por su supuesta lentitud en la instrucción, según han confirmado fuentes del órgano a Europa Press.
Según publica este lunes El País, el Consejo entiende que la también ex juez decana de Barcelona "no sólo valoró en sus intervenciones públicas (...) las decisiones judiciales del instructor, lo cual no merecía reproche disciplinario, sino que entró en valoraciones globales (...), lo cual resulta claramente desconsiderado". Las críticas de Sanahuja a Solaz -que desde el pasado mayo ha sido sustituido por el magistrado Josep Maria Pijuan en el caso del desvío de fondos del Palau de la Música- se remontan a octubre de 2009. La magistrada consideró entonces, en declaraciones a una emisora catalana, que la instrucción del caso no era buena ni habitual y, ante el revuelo que crearon sus afirmaciones entre jueces, Sanahuja defendió su derecho a opinar sobre Solaz.
En abril de 2010, el GGPJ decidió abrir un expediente disciplinario a Sanahuja y a otro magistrado, Santiago Vidal, por censurar públicamente la actuación de Juli Solaz. La juez progresista entiende que la medida del CGPJ vulnera su derecho a la libertad de expresión, por lo que recurrirá el asunto ante el Tribunal Supremo. La comisión disciplinaria del Consejo también entiende que los reproches contribuyen a la merma de la confianza social en la justicia.
El auto asegura que en el caso concurrían las razones de "urgencia y necesidad" que permite que las medidas de los jueces se amplíen "a todo tipo de situaciones".
La Fiscalía andaluza presentará escrito de acusación contra el juez sevillano Francisco Serrano por presunta prevaricación al cambiar el régimen de visitas de un niño, pese a que la Audiencia de Sevilla haya dictaminado este miércoles que su actuación fue ajustada a Derecho y "no puede ser cuestionada".
Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han dicho es que su escrito de acusación irá en consonancia con la posición mantenida hasta ahora, en la que se ha manifestado a favor de la inculpación del magistrado en todas las fases del proceso y en los últimos recursos debatidos ante la sala civil y penal del alto tribunal andaluz.
Por ello, la Fiscalía imputará al juez Serrano un presunto delito de prevaricación, que lleva aparejada una condena de 12 a 24 meses de multa e inhabilitación de entre diez y veinte años como juez, han añadido las fuentes.
Respecto al auto de la Audiencia de Sevilla conocido hoy, que ha dado la razón al juez frente al procesamiento dictado por el TSJA, las fuentes citadas han indicado que la Sala de Sevilla "no sabe lo que aquí se ha discutido", que "es una cuestión diferente".
Las citadas fuentes han añadido que el juez Serrano será suspendido previsiblemente en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los próximos días, cuando el juez instructor del TSJA dicte el auto de apertura de juicio oral.
Así todo, la Audiencia reconoce que la ampliación en un día y medio de la estancia del niño con su padre para que pudiese salir en una procesión de la Semana Santa de 2010 correspondía al juzgado encargado del divorcio de los padres, en este caso el de Violencia sobre la Mujer número 4, pero no declara nula la decisión de Serrano porque "no prescindió total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento".
Tampoco "omitió los principios de audiencia, asistencia o defensa determinantes de una efectiva indefensión" y, por el contrario, incoó el oportuno procedimiento de medidas cautelares y oyó al menor, quien "manifestó expresamente su deseo" de salir en procesión y dijo que "se encontraba en una situación de angustia ante las dudas generadas sobre su salida procesional".
La competencia de Serrano "difícilmente puede ser cuestionada", dice la Audiencia, porque la ley le permitía adoptar la medidas necesarias para "tutelar y proteger los intereses del menor", incluso sin oír a la madre, como ocurrió en este caso.
Además, no se trató de una "modificación sustancial del régimen de estancia, comunicación y visitas, sino de una medida puntual y cautelar en evitación de un perjuicio al menor", según la Audiencia.
A ello añade que el convenio regulador del divorcio recogía expresamente que los progenitores respetarían "el deseo de los hijos menores de tomar parte en la estación de penitencia de las hermandades a las que pertenecen".
Se da la circunstancia de que la sala de lo civil y penal del TSJA confirmó ayer el procesamiento de Serrano por los mismos hechos, en los que le ha imputado un delito de prevaricación que lleva aparejada una condena de 12 a 24 meses de multa e inhabilitación de entre diez y veinte años como juez.
El juez de Familia 7 acordó el 30 de marzo de 2010 ampliar un día y medio la estancia del niño con su padre, en lo que el TSJA ha visto una presunta "estratagema procesal" para conseguir que el asunto recayera en el juzgado de Serrano y no en el encargado del divorcio de los padres.
Tal maniobra era "perfectamente advertible" por el juez, aunque él mismo no tuviese ninguna participación activa, según el auto de incoación de procedimiento.
El juez Serrano, en un comunicado, ha lamentado que va a ser sometido a la pena de banquillo "por hacer mi trabajo como juez de Familia y además haciéndolo bien" y ha resaltado que el delito de prevaricación "requiere dictar una resolución injusta a sabiendas, pero la Audiencia de Sevilla ha declarado que mis decisiones fueron ajustadas a Derecho".
La asociación SOSPAPA denuncia a jueces de familia de Madrid por pertenecer a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y por impartir conferencias como abogado de la Asociación de mujeres juristas THEMIS, conocidas feministas.
Los jueces denunciados son:
Juan Pablo González del Pozo del juzgado de familia de Madrid, número 24.
Emelina Santana Páez del juzgado de familia de Madrid, número 79.
María Dolores Planes Moreno del juzgado de familia de Madrid, número 80.
Esa norma "contraviene derechos fundamentales" recogidos en la Constitución por tratar "de forma diferenciada" la violencia en una pareja según sea el autor hombre o mujer, explicó a Efe el portavoz de la UEFACC, Fernando Basanta.
Eso afecta, por ejemplo, a la resolución de divorcios porque con "una simple denuncia" por violencia de género se abandona la vía civil por la penal, con las consecuencias que eso tiene para la determinación de la custodia compartida que acaba perjudicando a los padres, señaló Basanta.
"Los poderes públicos están negando una realidad palpable" que es la de "las denuncias falsas", criticó el portavoz, quien precisó que la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo se formalizó el pasado viernes sobre la base de un caso que había sido rechazado por el Tribunal Constitucional.
Añadió que acudirán a la justicia europea en futuros procedimientos por este mismo asunto cuando se agoten las vías de recurso interno en España.
En un comunicado, la asociación precisó que su "demanda colectiva contra España" va dirigida también contra la modificación del Código Penal de 2003 y las normas autonómicas sobre la violencia de género de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla y León.
"Estas leyes rompen con el principio de igualdad y han desenterrado el derecho penal de autor, estableciendo una diferencia penal en los delitos y las penas, según sean imputados a hombres o a mujeres", argumentó.
También se quejó de que se creen "jurisdicciones especiales que persiguen a determinados colectivos, tal y como se hacía en la época más vergonzosa de la antigua Europa" y se establezcan "procedimientos sumarísimos, cercenando el derecho a la defensa y eliminando la garantía penal implícita en el procedimiento judicial, que exige la total separación entre la fase instructora y la resolutiva". EFE
