sábado, 28 de diciembre de 2013

Noveno aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

 
 
Asociación
PROJUSTICIA
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Noveno aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

28 de diciembre de 2013


Se cumple hoy el noveno aniversario de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y el Gobierno actual no tiene intención de cambiarla ni derogarla tal y como nos dejó bien claro el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón.


Se nos vendió como el bálsamo de Fierabrás para terminar con los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Está ley está basada en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:
Para el magistrado granadino, este "excesivo celo ideológico" de proteger a la mujer "está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho".


  
Cualquiera con un mínimo de sentido común y con el más elemental criterio de justicia entiende que esta legislación es aberrante. Baste el reciente ejemplo de Jean Lucien, ciudadano belga, que terminó suicidándose tras sufrir las consecuencias de una legislación inicua.

– Desde la perspectiva belga, ¿qué opinión le merece la legislación española para este tipo de situaciones?

"Aberrante. Tenemos amigos abogados y policías y cuando les contamos lo sucedido nos dijeron que en Bélgica nunca hubieran detenido a un hombre en esas circunstancias sin hacer diligencias de investigación primero. Que sí se le hubiera retirado el pasaporte, se hubieran tomado medidas como ir a firmar al Juzgado cada x días para asegurarse de que no salía del país, se hubiera pasado aviso a la policía de fronteras, etc pero su hubiera esperado a detenerle o no, al resultado de la autopsia por el médico forense. Les parecía que era actuar `al revés': en toda Europa eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero este modo de actuar en España, para mi y para los demás compatriotas, profesionales o no de este campo a los que les hemos contado esto, nos parece que es sentar que los hombres son culpables hasta que demuestren lo contrario. De hecho, cuando nuestra abogada nos informó de que esto era posible a través de la Ley de Violencia de Género española, nos pareció una completa locura. En Bélgica hay legislación sobre violencia doméstica, pero nunca se haría de este modo. Como digo, siempre se haría una investigación primero y se encarcelaría después".


Como era fácilmente previsible, los asesinatos no sólo no han disminuido sino que han aumentado. La ley y su aplicación no sólo no han terminado con el problema para el que nos dijeron que se crearon, sino que además ha dado lugar a una más que lucrativa industria del maltrato sustentada en el saqueo de las arcas del Estado mantenidas con los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Ni las opiniones de los expertos llevados al Congreso de los diputados en la tramitación de la ley ni los informes contrarios del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etc., echaron para atrás tamaño disparate que eliminaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia que estipulan los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución.

Porque la ley es pura ideología. Ideología de género basada en mentiras y datos falseados. Empezando por el lenguaje. Y esta ideología aberrante es la que ha presidido las pasadas legislaturas en las que todas las leyes que se han aprobado han pasado por el tamiz de la ideología de género. Desde la ley del Registro Civil hasta la Ley de Ciencia pasando por la Ley de Sanidad, la Ley de igualdad o la Ley del divorcio. Sin olvidar la ley del aborto, la Ley de identidad sexual o la Ley de matrimonios homosexuales.

No en vano la Ley integral de medidas contra la violencia de género fue la primera que se aprobó en el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero pues esta Ley obliga a cambiar todas las leyes anteriores y redactar las posteriores de tal forma que cumplan los disparatados postulados de la ideología de género.

Para ello se han manipulado y falseado datos oficiales, se han impuesto cuotas, se ha forzado el lenguaje, se ha dilapidado el dinero público, se ha controlado los medios de comunicación, se ha cambiado el programa académico de colegios y universidades y se ha creado un entramado de instituciones, organismos, observatorios y supuestas ONGs que se retroalimentan para manipular la opinión pública y justificar sus canalladas, su existencia y sus salarios.

Porque el fin último es eliminar los derechos del ciudadano y sojuzgarle mientras se le esquilman sus bienes.

El Partido Popular prometió eliminar la Educación para la ciudadanía, el Ministerio de igualdad, las subvenciones a asociaciones feministas, la Ley del aborto, la Ley de matrimonios homosexuales, etc. Ninguna de estas promesas electorales tiene pinta de cumplirse. Baste un ejemplo: el Ministerio de igualdad sigue vigente y la nueva ministra ha plegado velas en cuanto se ha desviado un milímetro de los dogmas feminazis. 
Aunque los diputados y senadores del Partido Popular votaron a favor de esta ley aberrante (poniéndose en pie y aplaudiendo), mantenemos la esperanza de equivocarnos en tan negra perspectiva y que deroguen esta ley y nos devuelva nuestros derechos, tratándonos como a ciudadanos y no como a siervos respetándonos la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.




Asociación PROJUSTICIA

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1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

2.- Ley integral contra la violencia de género.

3.- Ley del divorcio.

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

5.- Denuncias falsas.

6.- Mujeres maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

8.- Industria del maltrato.

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

11.- Las mentiras de las feministas.

12.- Custodia Compartida.

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

 

Notas de prensa anteriores

  

Ejemplos de la legislación feminazi española.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la "igualdad" efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 37. Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
- Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

miércoles, 20 de noviembre de 2013

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

 
ESPANA La renovación del CGPJ

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

  • Rajoy y Rubalcaba pactan las cuotas respectivas en el CGPJ

  • El portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Álvaro Cuesta, entre los agraciados

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    MARÍA PERAL Madrid
    Actualizado: 20/11/2013 03:11 horas
    La renovación del Consejo General del Poder Judicial se cerró anoche, al límite de que concluyera la última prórroga, con un acuerdo firmado por seis grupos parlamentarios (PP, PSOE, IU, CiU, PNV y UPN; sólo UPyD se quedó fuera) y con la designación de los 20 vocales por las fuerzas políticas, esto es, la fórmula instaurada por los socialistas que los populares han criticado durante 30 años y que prometieron cambiar en su programa electoral para que los jueces eligieran a los 12 consejeros que deben proceder de la Magistratura.Carlos Lesmes presidirá el nuevo CGPJ.
    El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces apenas dos meses después de que el actual Consejo General del Poder Judicial concluyera su mandato, el 24 de septiembre.
    El acuerdo sobre el séptimo CGPJ de la democracia se sitúa, así, en la ratio temporal de los primeros consejos, muy alejado de los criticados retrasos en que incurrieron las fuerzas políticas para renovar los tres últimos. En particular, el órgano que ahora va a cesar se constituyó con una demora de casi dos años.
    No ha sido necesario utilizar el mecanismo antibloqueo que el PP incluyó en la reforma legal que aprobó en solitario el pasado junio, consistente en la posibilidad de constituir el CGPJ con los vocales elegidos por una sola Cámara. Dado que la designación de los consejeros del Poder Judicial exige una mayoría de tres quintos, los populares hubieran podido poner en marcha en el Senado esa fórmula si los socialistas hubieran boicoteado el acuerdo en elCongreso.
    Pese a que tiene impugnada la modificación legal ante el Tribunal Constitucional, el PSOE no ha querido quedarse al margen del reparto de poder en una institución clave, encargada de la selección de los jueces, de los nombramientos de los altos cargos judiciales, del régimen disciplinario y de la inspección del Poder Judicial.
    La renovación se ha hecho en plazo y, además, con una única lista suscrita por prácticamente todo el arco parlamentario. Los nombres de los ocho juristas que se convertirán en miembros del órgano de gobierno de los jueces y cuya elección se encomienda por laConstitución al Congreso y al Senado han sido rubricados por seis grupos: PP, PSOE, CiU, IP, PNV y UPN. Sólo se ha quedado fuera Unión Progreso y Democracia (UPyD). Particularmente significativo es que la cuarta fuerza parlamentaria, Izquierda Plural, vuelva a tener represetación en el órgano de gobierno del Poder Judicial después de haber sido excluida en el Consejo que ahora termina su andadura.
    Los nombres de los ocho juristas pactados fueron los únicos que se conocieron ayer oficialmente, un minuto antes de que, a las 20.00 horas, concluyera la última prórroga que populares y socialistas se habían dado para alcanzar un acuerdo. Pese a que desde el PP se puso el énfasis en que «todos los nombres son candidatos de los seis grupos y apoyados por todos», es imposible soslayar el reconocimiento del mismo sistema de cuotas que se ha aplicado en todas las renovaciones desde 1985, cuando el PSOE impuso la elección parlamentaria de los 20 vocales del Poder Judicial, incluidos los 12 que deben proceder de la Judicatura.
    De los ocho juristas propuestos, tres han sido sugeridos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, otro por IU y el último por el PNV.
    El PP ha designado a la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, al catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte y a la secretaria judicial María Ángeles Carmona. El PSOE, al abogado y ex diputado socialista Álvaro Cuesta y a la abogada Pilar Sepúlveda. CiU, a una de sus diputadas, la abogada Mercé Pigem. IU, a la secretaria judicial Concepción Sáez. Y el PNV al abogado y catedrático de Derecho Constitucional Enrique Lucas.
    Díaz Abad, Cuesta, Sáez y Lucas serán elegidos por el Congreso y previsiblemente comparecerán el próximo lunes ante la Comisión de Nombramientos, que debe examinar sus currículos y programas de trabajo. Los suplentes serán la fiscal Pilar Jiménez-Bados, la catedrática Silvia Barona y el secretario judicial Luis Martín Contreras. La elección por el Pleno de la Cámara está prevista para el próximo martes.
    Guilarte, Carmona, Sepúlveda y Pigem serán elegidos por el Senado, probablemente en un Pleno convocado para el próximo miércoles. El día anterior comparecerán ante la Comisión de Nombramientos para que se evalúe su idoneidad. Los suplentes por esta Cámara serán el procurador Antonio Álvarez-Buylla, el abogado José María Macíasy la magistrada suplente y profesora universitaria Isabel Valdecabres.
    Con más mujeres juristas que hombres, será la primera vez que haya dos secretarias judiciales en el órgano de gobierno de los jueces. También es insólita la presencia de una abogada del Estado, cuerpo con escasa relación con la organización de Administración de Justicia y, en cambio, dependiente del Poder Ejecutivo. También por primera vez han sido excluidos los fiscales.
    En cambio, la vinculación política es patente en varios de los candidatos como Álvaro Cuesta y Mercé Pigem. A Enrique Lucas, secretario general de régimen jurídico del Gobierno vasco durante seis años, se le considera afín al PNV. Como todas las renovaciones anteriores menos la de 1980 -la única en la que los jueces pudieron elegir a los 12 vocales que tiene que pertenecer a la carrera-, han sido el jefe del Gobierno y el líder de la oposición los que han consensuado las líneas básicas del pacto.
    Ni populares ni socialistas quisieron adelantar ayer los nombres de los 12 magistrados que accederán al Consejo. Aunque distintas fuentes aseguran que están cerrados, su conocimiento anticipado podría tener como consecuencia el cambio de algún candidato. Se da por seguro que siete serán propuestos por el PP y cinco por el PSOE, de nuevo de acuerdo con el sistema de cuotas en función de la representación parlamentaria de cada fuerza. Uno de ellos será el presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández, lo que explica el apoyo de UPN al pacto.
    Pese a su mayoría absoluta, el Gobierno popular no ha cumplido su compromiso electoral de devolver a los jueces la elección de los consejeros del Poder Judicial que deben proceder de la Judicatura. Más bien al contrario, se ha querido asegurar su influencia en el nuevo Consejo: con 10 vocales más el presidente, el PP se garantiza una mayoría suficiente en un CGPJ que, entre otras relevantes novedades, introduce la validez de la mayoría simple de votos para la práctica totalidad de las decisiones que ha de tomar.
    Superado el bloqueo que se registró el pasado fin de semana, cuando Rubalcaba rechazó el candidato a presidente propuesto por Rajoy, el nombre del prestigioso magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes se consolida para presidir el nuevo Consejo.

    Manifestación Madridnoviembre2013, agradecimiento

    Tras la manifestación toca dar las gracias.

     
    A todos los que han acudido empleando un tiempo y dinero muy escaso en nuestro colectivo. En especial a los que han tenido que hacer un largo desplazamiento, pegándose el madrugón o gastando en alojamiento.
     
    A los que han colaborado de una u otra forma. Divulgando la convocatoria, organizando viajes, etc.
     
    Este año no ha acompañado el tiempo pero hemos "llenado" la Gran Vía de Madrid. Los que hemos estado no lo olvidaremos y los que no han podido estar pueden ver las fotos adjuntas. En breve se colgarán en la web las demás fotos y algún vídeo.
     
    Toca seguir empujando para convencer a los legisladores de que nuestros criterios son los buenos y obligarles a cambiar la ley del divorcio y derogar las leyes sexistas basadas en la ideología de género.
     
    Además debemos echar del poder a las feminazis, juzgarlas en su correspondiente Nuremberg y encarcelarlas en su Spandau.
     
    Gracias a todos.
     

    Francisco Zugasti




    viernes, 1 de noviembre de 2013

    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.




      
    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.


    Tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por falsedad documental contra los “expertos” del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado ha decidido dar traslado a la fiscalía del Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito más que suficientes.

    La credibilidad de los informes del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial y la profesionalidad de sus “expertos” siempre han estado en entredicho debido a la constante manipulación de los datos y la arbitraria interpretación de los mismos.


    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    La que reclama "su dinero" es la misma que llamó "grandísimo hijo de puta" a Toni Cantó en el Congreso.
    Todavía hay quien duda de que el trasfondo de esto es una cuestión de dinero... y poder.
    256.068.054.000 pesetas.
    Presupuestos

    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    Europa Press. Madrid
    31/10/2013 a las 22:03
    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran".
    La diputada socialista Ángeles Álvarez ha acusado de "trilerismo político y contable" al Gobierno y ha denunciado que la cantidad que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció para la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016 de 1.536 millones de euros es una cifra dada "a voleo, no es firme y no aparece en los Presupuestos Generales del Estado".

    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran" y Álvarez ha criticado que ni el secretario de Estado ni la subsecretaria "fueron capaces de indicar dónde se hallan consignadas las cantidades referidas" por Sáenz de Santamaría el pasado 26 de julio.

    "A fecha de este jueves seguimos sin saber cuánto de esos 1.539 millones de euros son reales o estimativos, pero sabemos fehacientemente que solo es una cifra aproximada que incorpora y hace suyo el presupuesto destinado por las Comunidades Autónomas para combatir la violencia de género", ha asegurado la diputada socialista.

    Según Álvarez hasta la fecha "ningún presupuesto ha contabilizado lacifra global destinada a combatir la violencia de género", porque, ha señalado, "no se incluyen indicadores específicos en todos los ministerios".

    Además ha explicado que solo medidas como los brazaletes anti-maltrato o las ayudas directas "pueden asignarse de manera concreta", pero, dado que las Oficinas de Atención a la Víctima atienden a todo tipo de delito, es "complejo" conocer qué cantidad del presupuesto de estas oficinas se relaciona con la violencia de género.  
    Respuesta abstracta del Gobierno
    La diputada socialista preguntó en la comparecencia de Presupuestos 2014 a que ministerios corresponden las cantidades y si esas partidas existían con anterioridad, pero, al no recibir respuesta, solicitó por escrito la dotación y partida presupuestaria del dinero asignado a Estrategia Nacional contra la Violencia de Género de cada uno de los ministerios.

    Sin embargo, ha criticado Álvarez, la respuesta del Gobierno fue "abstracta" y no ofrecía "ninguna cantidad presupuestada para ninguno de los ministerios implicados", a excepción de los referidos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia.

    "Lo más grave es que gracias a la respuesta escrita se ha destapado la trampa de los 1.539 millones de euros ya que el Gobierno reconoce que ha contemplado el crédito que los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas destinarán estimativamente a la consecución de las acciones para erradicar la violencia de género", ha expresado la diputada del PSOE.

    Álvarez ha señalado que es "un pufo más del Gobierno del PP". "Si bien no se puede saber si han mentido, nadie podrá negar que han engañado", ha concluido.

    domingo, 20 de octubre de 2013

    «A mí, tocan un pelo a mi Andrea y mato. Pero que la mato. A ella, a la hija, al hijo, al padre y al padre de mi hija»



    Como era de esperar, el número de cretinoides que vieron las diatribas de Esteban fue numeroso.
    Esteban siguió aumentando sus ingresos a cuenta de insultar, amenazar y mentir sobre aquellos de quienes vive del cuento.
    Jesús Janeiro lleva años demostrando ser buen padre, buen marido, buen hijo, buen hermano, buen vecino, etc.
    Belén Esteban lleva años demostrando ser una pésima madre, mal esposa, mala hija, mala hermana, mala vecina, etc. Lleva años insultando, mintiendo y amenazando sin que obtenga castigo o siquiera una reprimenda. Lo que ha recibido ha sido unos sustanciosos ingresos sin trabajar y el apoyo de una ingente cantidad de cretinoides que se ven reflejadas en esta drogadicta cuyo lema hemos tenido que oír repetidas veces: "Hago lo que me sale del coño".
    Lo que lleva aguantado Jesús Janeiro es lo mismo que sufrimos diariamente miles de personas gracias a la legislación vigente y la práctica judicial diaria.
    Viene a cuento recordar un buen artículo de Begoña Carballo del año 2006.

    Día 19/10/2013 - 13.35h
    Estaba preocupada por la respuesta del público y logró el 25,7% de cuota y más de tres millones de espectadores

    Los regresos de Belén Esteban a «Sálvame Deluxe» son un género televisivo. Y dentro de ese género hay un subgénero: el de los regresos con motivo de adicciones presuntamente superadas. El último, el de abril, salió rana. Salió demonio de Tasmania. Llegó con los papeles de que estaba «limpia» de eso de lo que nunca se habla, como si jugáramos a Tabú, pero estaba muy mal y salió tarifando y peleándose con Lidia Lozano. El segundo retorno ha sido más calmado (parece que limpia de verdad) pero a la manera de Belén: «María José, coge una libretita para la denuncia que me vas a poner». Pero eso fue la segunda parte de la entrevista, ya en modo Belén.
    La rubia cambiante tiene dos maneras de comportarse en la tele. Por un lado, la calmada, mohína y sentimental (que fue la de la primera parte en el «Sálvame Deluxe» con Jorge Javier, donde hasta dijo que había «mojado» en Benidorm). Por otro lado, la guerrera, que tuvo lugar ya con el resto de colaboradores. Más que esa memez de princesa del pueblo, la muchacha en todo caso es princesa guerrera, como Xena (y el corto de la falda era similar).
    Cualquiera que la haya seguido estos años sabe que la Belén buena, la Belén televisivamente potente, es la Belén enfadada (la del Defensor del Menor, por ejemplo: «Ni que fuera yo Bin Laden»). Y esa fue la de la segunda parte. Venía «autorizada» por su hija, según dijo, para hablar. Hijos autorizando a los padres. Estamos muy mal. Su hija, ya se sabe, es el resorte que la pone en marcha, como el agua a los gremlins. Y tenía mucha plancha acumulada. Cargó contra los Janeiro en general y contra los Campanario en particular. Amplió su famoso mantra en referencia a María José Campanario: «A mí, tocan un pelo a mi Andrea y mato. Pero que la mato. A ella, a la hija, al hijo, al padre y al padre de mi hija». Que parecía Katey Sagal en «Hijos de la Anarquía»’ pero sin motos.
    ¿Sigue teniendo interés Belén Esteban? Pues ahí está ese 25,7 por cien de cuota de pantalla y 3.113.000 espectadores. Estaba ella preocupada por la audiencia. Una preocupación menos, hija. El médico le ha dicho que vuelva al trabajo pero que hable menos de su vida. Ella le replicó: «¿Pero usted ha visto “Sálvame”?».

    Denuncia por acoso a su ex pareja, que había fallecido días antes



    Dicen las feminazis que las mujeres nunca mienten y que no hay denuncias falsas.
    La palabra de la mujer es prueba suficiente. La presunción de inocencia eliminada.
    Avisada la policía puso en marcha el dispositivo correspondiente dándose la orden inmediata de detención de su ex pareja por un presunto delito de quebramiento de condena.
    La buena mujer es toda una profesional de la industria del maltrato..
    La detenida posee antecedentes penales de dos detenciones anteriores y había realizado 12 denuncias relacionadas con la violencia de género a dos personas distintas con las que mantuvo relaciones de pareja.
    Queda mucho trabajo.

    DETENIDA POR SIMULACIÓN DE DELITO

    Denuncia por acoso a su ex pareja, que había fallecido días antes

    OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
       La Policía Nacional ha detenido a una joven por denuncia falsa y simulación de delito, al haber denunciado a su ex pareja por acoso e insultos cuando el hombre había fallecido días antes.
       Los hechos tuvieron lugar a finales de septiembre cuando la joven denunció haber sido víctima de acoso e insultos por parte de su ex pareja el cual tenía una orden de alejamiento de ella.
       La mujer estaba incluida en un programa de protección y tenía asignado un policía para su seguridad de las Unidades de Protección y Atención a las víctimas de violencia de género. Además tenía  asignado un dispositivo que le ponía en contacto con la Cruz Roja.
       A la Cruz Roja llamó solicitando ayuda al sentirse acosada por su pareja, por lo que le informaron que se refugiara en el bar más próximo y que enseguida acudiría la policía.
       Avisada la policía puso en marcha el dispositivo correspondiente dándose la orden inmediata de detención de su ex pareja por un presunto delito de quebramiento de condena.
       Al no localizarle por las inmediaciones se inició una búsqueda por toda la ciudad con resultado negativo, por lo que se decidió establecer una espera en las inmediaciones de su domicilio durante toda la noche por si regresaba el agresor a su vivienda, incluso se dio aviso a la policía local y guardia civil para su localización.
       Al no aparecer, los policías continuaron con las gestiones para su localización y detención, consiguiendo averiguar que según el registro civil había fallecido días antes de que, según la víctima, se produjeran los hechos.
       Interrogada sobre este extremo la joven no supo dar respuestas convincentes por lo que fue detenida por un presunto delito de denuncia falsa y simulación de delito.

        La detenida posee antecedentes penales de dos detenciones anteriores y había realizado 12 denuncias relacionadas con la violencia de género a dos personas distintas con las que mantuvo relaciones de pareja.

    El Tribunal de Cuentas pone en la picota a la ex ministra Bibiana Aído por entregar a 'dedo' suculentos contratos




    Detectó múltiples "deficiencias" en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
    El Tribunal de Cuentas pone en la picota a la ex ministra Bibiana Aído por entregar a 'dedo' suculentos contratos
    El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes ante el Parlamento su informe de fiscalización aprobado en 2011 y en el que se detectaron múltiples "deficiencias" en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.
    Diariocrítico/Agencias 14/10/2013

    Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

    En su informe, el Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".

    En concreto, señala dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A su juicio, ello pudo comportar una "falta de transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.

    La "utilización reiterada" de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe aprobado el 27 de enero y que acaba de remitirse al Parlamento.

    También cita tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos, en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido para su financiación, así como otros tres contratos administrativos "con objeto distinto pero todos íntimamente relacionados", que podrían indicar "fraccionamiento en el objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad".

    Tampoco ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una "adjudicación directa" que vulnera "los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

    Sospecha de fraccionamiento de contratos

    Igualmente, ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido".

    Al año siguiente, en 2009, hubo un "importante descenso (del 45%) en el número de contratos", especialmente los de menor cuantía, debido a una planificación más adecuada, pero la entidad fiscalizadora sigue recomendando "restringir la utilización del procedimiento de contratación menor, así como su reiterada adjudicación por el importe máximo permitido en la Ley".

    En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.

    Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del Tribunal de Cuentas.

    El Observatorio no cumple sus funciones

    Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujerdurante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.

    Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera "necesaria".

    En otro orden de cosas, y aunque no figura en los aspectos centrales del informe, el Tribunal de Cuentas destaca que la delegación que dirigía Miguel Lorente no acreditó entonces haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en cada departamento.

    Aún así, tomando como referencia las Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009, certifica que la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor a la de los hombres en este organismo.

    Aído, por su parte, defendió que las "deficiencias administrativas" detectadas en la gestión del Ministerio de Igualdad, mientras ella era ministra, fueron "puntuales" y ya estaban "corregidas", al mismo tiempo que las anomalías recogidas en el informe no eran "ni numerosas, ni generalizadas". "Se trata de incidencias puntuales, detectadas y corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", reiteró la extitular del Ministerio de Igualdad.

    Mientras, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aseguró en un comunicado que no se había cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos" los procedimientos estuvieron regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.

    Congreso del PSOE

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