Sobre el “Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la
corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio”.
19 de julio de 2013
Tras
estudiar el documento presentado por el Gobierno para arreglar la
conflictividad y los graves daños que se producen en los procesos de
separación, no podemos sino sentirnos engañados como lo fuimos en el año 2005
con la última reforma de la ley del divorcio, torpedeada entonces por los
grupos “feministas talibanes”.
Es
fácil comprobar en las hemerotecas como el ministro Gallardón, a instancias de
UPyD, se comprometió en las Cortes, sede de la soberanía popular, a cambiar la
legislación para que la Custodia Compartida fuese en toda España la opción por
defecto para evitar los graves daños que la norma actual ha venido provocando
en cientos de miles de hijos, padres, madres, abuelos, etc.
Todo
el texto, empezando por el título, no es sino un paradigma de la neolengua que
Orwell nos vaticinó en su novela “1984”.
El lenguaje políticamente correcto, ajustado a los criterios de la ideología de
género, llega a su cima en la disposición adicional primera, en la que el
Gobierno viene a pedir perdón por si se le ha escapado alguna expresión que no
se ajuste a las normas de las “feministas talibanes”, tipificadas en la “ley de
desigualdad”. Ley 3/2007 que, entre otras muchas barbaridades, establece que es
el acusado quien ha de demostrar su inocencia (artículo 13).
La
Custodia Compartida ha de ser la opción por defecto tras una separación. Sólo
en el caso en que se demuestre que el padre, la madre o ambos no están
capacitados para criar a los hijos, podrán ser restringidos o anulados sus
derechos al respecto. Igual que ocurre en cualquier otro ámbito de la Justicia.
Cuando alguien se casa, el Estado no le exige que demuestre su capacidad para
sacar adelante a su futura familia. Ni le pregunta dónde va a vivir, cuántos
hijos va a tener, en qué colegio van a estudiar, etc. El no tener “afecto” a tu
pareja no te impide querer a tus hijos ni atender sus necesidades materiales.
El
anteproyecto de ley sigue dejando en manos del criterio del juez de turno la
vida de los hijos y de los padres, sustentándolo en el principio del “interés superior del menor”. Concepto
vago e indefinido que deja manga ancha a la discrecionalidad del juez, fiscal y
equipo “pichicosocial”.
Son
escasos los niños que cuando les preguntan en el juzgado con quién quieren
estar, no contestan: “Con papá y con mamá”.
Por contra, las estadísticas judiciales no dejan lugar a dudas de que los
jueces de desfamilia otorgan la custodia casi en exclusividad a las madres, en
contra del sentido común y del criterio de los propios hijos. Esta casi
exclusividad en la concesión a las madres de la custodia es una prueba palmaria
de la discriminación directa e indirecta que padecen los varones en los
procesos de separación. Estadísticas que demuestran la prevaricación judicial
constante en los juzgados de familia.
El
anteproyecto aumenta la intromisión del Estado en la vida privada del ciudadano
al que se le exige que detalle y justifique lo que ha hecho y lo que va a
hacer. Lo que vaticinaron Orwell, Huxley, Bradbury, etc., se hace patente en
este anteproyecto de ley.
El
anteproyecto conculca los mismos principios jurídicos elementales que se vienen
vulnerando hasta la fecha. No olvidemos que el único matrimonio válido en
España es el civil. Esto es, en España el matrimonio no es sino un contrato
entre dos partes. Por ello, no tiene justificación alguna que a la hora de
cancelar dicho contrato, los legisladores, los jueces y los fiscales se salten
la ley a la torera aplicando criterios religiosos, morales o circunstanciales
del juez de turno.
La
falta de “afecto” entre los cónyuges no es óbice para que los padres sigan
criando a sus hijos, compartiendo sus vidas día a día. Ni el afecto ni el amor
vienen reflejados en el contrato de matrimonio como puede atestiguar quien se
haya casado “por lo civil” sin celebración religiosa.
El
derecho de los padres a educar a los hijos según sus criterios, el derecho a la
presunción de inocencia, el derecho a la propiedad privada, etc., seguirán
siendo conculcados como hasta ahora si los criterios que rigen el anteproyecto
del Gobierno llegaren a ser finalmente los que aprueben las Cortes.
Se
seguirán perpetuando las injusticias y los daños de todo tipo que se producen
en la actualidad. Empezando por la orfandad artificial injustificada e
injustificable de miles de niños cuyas probabilidades de abandono de estudios,
delincuencia, embarazos no deseados en adolescentes, drogadicción, etc.,
aumentarán hasta en un trescientos veinte
por ciento según las estadísticas oficiales. Baste recordar que el noventa por ciento de la
población reclusa menor de edad en España son hijos de padres separados.
Es
más, con la falsa justificación de proteger a los niños, seguirán otorgándose
prebendas a una de las partes, que en el juicio suele alegar su incompetencia
para mantenerse a sí misma y a sus hijos, a costa de perpetrar el expolio del
patrimonio de la otra parte, que ha acreditado su capacidad para mantenerse a sí
misma y a sus hijos.
Así
se seguirá robando la vivienda a su legítimo propietario para concedérsela a
quien ha acreditado su incapacidad para proveerse de un techo propio, al no
derogarse el artículo 96 del Código Civil. Se seguirá fomentando que los hijos
sean vagos e irresponsables al obligar a mantenerlos “ad eternum”. Se seguirá
robando el dinero del cónyuge con más ingresos para regalárselo al otro, pues
no ha de justificar en qué lo emplea. En definitiva, se premia a las
irresponsables cigarras a costa del esfuerzo y patrimonio de las hormigas.
Si
como dice el ministro cada juez podrá seguir haciendo como hasta ahora lo que
le venga en gana según sus creencias y criterios, proponemos al ministro que
suprima el Tribunal Supremo pues su función de establecer criterios únicos,
esto es, de garantizar que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley,
dejará de tener sentido. si es que lo tiene en la actualidad.
Quizás
sea hora ya de que haya una “Rebelión en
la granja” como la que se produjo en 1789 en nuestro país vecino, para
evitar que unos animales sean más iguales que otros y derrocar a quienes han
creado tanta injusticia y tanto daño.
Dpto. de prensa
Asociación PROJUSTICIA
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