domingo, 25 de agosto de 2013

De profesión, testigo, de Javier Gómez de Liaño en El Mundo



El autor nos descubre el Mediterráneo.
 
En cualquier caso no está de más repasar ciertos conceptos.
 
Artículo publicado en El Mundo
 
 
 

De profesión, testigo, de Javier Gómez de Liaño en El Mundo

TRIBUNA: JUSTICIA
El autor profundiza en el hecho del falso testimonio, tan extendido que hay quien se ofrece a participar en juicios
Un amable lector me envía un correo electrónico en el que pregunta si existen estadísticas acerca del número de falsos testimonios que, a título de ejemplo, durante un año, se cometen en el mundo. Sin repreguntarle por la razón de tan peculiar y ambiciosa curiosidad, aunque supongo que el motivo será de actualidad, lo primero que he de responderle es que estoy muy lejos de poder satisfacer su interés, pues los datos de los que dispongo son más bien escasos. No obstante, le ofrezco cuanto tengo a mi alcance.
Vaya por delante que siempre pensé que la esencia de la Justicia es la verdad. Esto es algo que se aprende fácilmente. Con leer a los clásicos es suficiente. «La verdad puede enfermar pero no morir del todo», escribe Cervantes en Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, a lo que yo, a infinitas leguas de distancia del genio, añadiría que tan sólo quien vive en la verdad merece alcanzar la beneficiosa Justicia.
Pese a lo dicho, creo que la opinión de no pocos profesionales de la Administración de Justicia es que la cifra de falsos testimonios supera en mucho la impresión que la gente tiene y que los «perjurios» que terminan siendo castigados son sólo una fracción de los realmente cometidos. La razón es que, aparte de que la mayoría de ellos no puede demostrarse fehacientemente, cuando la falsedad se descubre, normalmente no se emprenden acciones penales. Como botón de muestra, un juez de larga experiencia me expresa su pesimismo al sostener que «en el 80% de los procedimientos penales los testimonios que se vierten son falsos», aunque matiza que su parecer no está debidamente probado.
Fuera de nuestras fronteras, dos colegas americanos a quienes he trasladado la consulta de mi comunicante me dicen que según cálculos a pie de estrado, el número anual de perjurios en los tribunales de Nueva York ronda los 35.000. E incluso añaden que ellos creen que la cifra es mayor. Y de vuelta a España, otro magistrado recientemente jubilado y tan bueno y experto como el primeramente citado, afirma estar convencido de que tanto en las causas penales como en las civiles, la cantidad de falsos testimonios es extraordinariamente elevada y que el temor a una condena por semejante comportamiento falsario apenas disuade.
A propósito de este último comentario, me ha llamado la atención que, salvo el error o la omisión en que pudiera haber incurrido, tras analizar la última década de sentencias con pronunciamientos de condena por delito de falso testimonio, tan sólo he encontrado una docena, con lo cual, la pregunta podría ser tan elemental como inmediata: ¿qué pasa, que en España apenas nadie falta a la verdad? Parece evidente que no, pero más cierto es que abundan los que aún no comprenden el tremendo peligro que las falsas declaraciones, sean conscientemente falsas, sean hechas de buena fe, pero equivocadas, encierran para la justicia penal. Ambas conductas son uno de los porqués más importantes de los errores judiciales.
Entre las resoluciones que para su ilustración y como documentos adjuntos voy a enviar al interesado investigador, figura una que, a mi juicio, resume certeramente la esencia del delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del Código Penal y que castiga con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses al testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, imponiendo penas más graves si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito. Se trata de la sentencia número 318/2006, de 6 de marzo, dictada por nuestro Tribunal Supremo. En ella, después de definir el delito como aquél que «se comete cuando una persona llamada a prestarlo (…) se aparta sustancialmente de la verdad tal como ésta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta» y analizar los diferentes elementos que constituyen la infracción, nos enseña: a) que «decir la verdad es un deber moral sin cuyo cumplimiento la vida social, basada en la confianza mutua, se hace harto difícil»; b) que «la reacción penal frente a la mentira (…) es indispensable para una sana y pacífica convivencia»; c) que «un testimonio falso puede inducir a error al juez o tribunal ante el que se presta y provocar una resolución injusta, esto es, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la Justicia»; y d) que «esta es la razón fundamental por la que, en una sociedad democrática, el falso testimonio es tipificado como delito en la Ley penal».
Además de la posición doctrinal de los tribunales y aunque el gran Jeremías Bentham dijera aquello de que los testigos son el oído y el ojo de la Justicia, desde antaño la ciencia criminalística y la psicología criminal hablan de la poca confianza que merecen las declaraciones de los testigos. «Todos sabemos que la prueba testimonial es la más falaz de todas las pruebas», escribió Francesco Carnelutti, uno de los maestros de la ciencia procesal italiana, hasta el punto de llegar a considerarla como un mal necesario, con lo cual resulta indiscutible que esa diligencia de prueba o medio de prueba ha de ser examinada con espíritu mucho más crítico que el resto y que hasta los menores y más intimos detalles han de ser meticulosamente analizados.
Entre los tipos de testigos que se mencionan en los manuales que tratan de la prueba en materia penal, a mí el que más me inquieta es el «testigo sospechoso», pues es quien ofrece mayores motivos para el recelo. El interés que tiene en el desenlace del proceso le aparta sin remisión del camino de la verdad. O la enemistad, que quizá sea la causa de sospecha con superior fundamento. Téngase en cuenta que bajo el yugo de la pasión que no otra cosa es el deseo de venganza, las manifestaciones del enemigo, sea de la clase que sea, se anteponen al deber, incluso a la santidad del juramento, en el supuesto de aquel que, en lugar de prometer, ha preferido esa fórmula de compromiso.
Estas reflexiones y otras que, por cuestión de espacio, aquí no caben, me recuerdan algunos episodios, como el que vivió un fiscal allá por los años 40 y que me contó siendo yo alevín de licenciado en derecho:
–Diga usted su nombre, apellidos, domicilio, estado civil y profesión, inquirió el juez.
–Me llamo Ramón Seoane, natural y vecino de Bande, casado, padre de cinco hijos y de profesión testigo.
Al parecer, el tal Ramón, los días de juicios, después de sus primeras copas de aguardiente, se ponía a la puerta del juzgado y esperaba a que algún denunciante o denunciado, demandante o demandado le pidiese que le echase una mano porque el asunto estaba complicado y podía perder el pleito.
Ahora bien, para historieta la que Camilo José Cela narra y que tiene como protagonista a una mujer de su villa natal, o sea, Padrón, que ejercía de testigo falso. Su nombre era Micaela Albite Portociños, alias Anduriña Tola, viuda de don Perpetuo Restande, alias Cagón do Demo, del comercio al detall. De ella, de Micaela, nuestro Nobel cuenta que se instalaba a eso de las nueve en el zaguán del juzgado, sacaba su calceta y esperaba a que alguien requiriera sus servicios y que podían ser varios. Desde la inscripción de un recién nacido en el registro civil hasta convencer al señor juez de que quien empezó la gresca en la romería y sacó la navaja cabritera fue fulano o mengano, aunque ella no podría jurarlo, si bien le parecía que sí, pero que no obstante la memoria le fallaba para ese preciso instante. Así de esta forma se pasaba toda la mañana hasta que daba la una y media y se iba a comer. «A tanto el testimonio, y aquí paz y después gloria», decía. Esto no lo cuenta mi admirado y tan a menudo añorado Cela, pero tras las indagaciones oportunas, me informan que la testigo Micaela falleció a los 96 años y que en su lápida, por debajo del nombre y de la fecha del óbito, algún paisano añadió: «Murió después de cumplir con su deber durante 15 trienios».
Es más que probable que en personajes como estos se inspiren muchos de los testigos que hoy son llamados a decir verdad. Son individuos que declaran no lo que saben y deben decir, sino lo que, previamente adiestrados, se proponen beneficiar o perjudicar al acusado. Se me ocurre si acaso más que personas cuyos testimonios merecen ser puestos en cuarentena, son gente que no quiere abdicar de su natural desprecio por la Justicia y la verdad.
Un viejo aforismo reza que la mentira es menos notoria que el error. Sin embargo, en ocasiones y al revés de lo que alecciona Raimundo Lulio, los embustes del testigo falso se descubren antes que los yerros. Hay testigos que mienten apenas abren la boca o después de los primeros balbuceos. Verbigracia, cuando niegan tener interés en el asunto. Y los hay que persisten en la falsedad hasta el instante último en que el juez les invita a retirarse. Son sujetos que cada vez que contestan a sus señorías convierten sus deposiciones en eso, en deposiciones. Parafraseando el proverbio ruso, son peces muertos que flotan en el mar de la mentira.
Perjuro, o sea, el que jura en falso o quebranta maliciosamente el juramento que ha hecho, es un adjetivo demasiado potente e incluso ofensivo, pero quizá también sea el que mejor pudiera cuadrar a quien jura mucho o por vicio. En cualquier caso, el perjuro debe saber que la verdad tiene mucha memoria y cuando menos te lo esperas ejerce súbita venganza. No se olvide que el pueblo, o sea, los ciudadanos con derecho a voto, que suele ser sagaz en la adivinación de la verdad, llama mentirosos a los volatineros de la palabra que osan no decir verdad.
En su comedia El laberinto del amor, Cervantes –otra vez Cervantes y siempre Cervantes– se puede leer: «Porque sabed, Rosamira, que los filos de la verdad cortan con facilidad las armas de la mentira». Pues eso, señora.
Javier Gómez de Liaño es abogado y juez en excedencia.

Cuando los subsidios compensan más que el trabajo




Esto no deja de ser una obviedad pero bien está que se constate de forma "científica".
Con datos contrastados.
Viene bien recordar el informe del CES: "Los privilegios de las maltratadas".
Si con un par de mentiras vivo el resto de mi vida sin dar un palo al agua y dando pena a los vecinos, ¿para qué me voy a molestar en trabajar?
Que destrozo la vida a mis hijos y a su padre, ¿y a mi qué?
Los privilegios de las maltratadas. Informe del CES


NUEVO ESTUDIO PUBLICADO EN EEUU

Cuando los subsidios compensan más que el trabajo

El prestigioso Instituto CATO ha decidido estudiar hasta qué punto los subsidios del estado desincentivan la búsqueda de empleo.


DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ 
En el año 2010, el economista Arthur Laffer, conocido por susestudios tributarios, publicó en el Wall Street Journal una polémica tribuna de análisis en la que comparó dos variables: el alcance del desempleo y la prestación media del seguro de paro. Evaluando ambos indicadores para un periodo de casi cuarenta años, Laffer llegó a la conclusión de que aumentar la prestación del subsidio de desempleo anima a permanecer en el paro y desincentiva la búsqueda de trabajo.
Tres años después, uno de los más prestigiosos centros de investigación de Estados Unidos (el Instituto CATO) ha decidido estudiar hasta qué punto los diferentes subsidios del "Estado del Bienestar" desincentivan la búsqueda de empleo. Los resultados delinforme son reveladores.

Transferencias generosas

¿Cuál es el alcance de los programas de gasto del "Estado del Bienestar" en EEUU? Veamos: el gobierno federal de EEUU ha creado hasta 126 programas de "gasto social", de los que 72 ofrecen beneficios directamente a los receptores (bien en forma de transferencias de dinero, bien con pagos "en especie" como los "cheques de comida"). Según los números de la Administración Obama, apenas el 40% de los receptores de estos subsidios tiene un puesto de trabajo: el resto vive únicamente del dinero público.
Como explica Michael Tanner, coordinador del estudio, "esto no significa que la gente de menos recursos sea vaga, sino que simplemente no es lógico para ellos trabajar si aceptar un empleo supone menos ingresos a cambio de más esfuerzo". Esta es la principal conclusión del estudio: los beneficios de los programas de "gasto social" son tan elevados que sus receptores viven mejor del dinero público que de su propio trabajo.
La investigación no es sencilla, ya que implica analizar decenas de programas presupuestarios. No obstante, el Instituto CATO muestra que, de media, la suma media de "gasto social" que perciben los habitantes de Estados como California, Nueva Jersey o Nueva York equivale a más de 35.000 dólares anuales, asumiendo como unidad promedio un hogar con dos hijos.
En otros territorios de EEUU, el total desciende hasta 28.500 dólares, cifra menor pero igualmente significativa. El Estado en el que más bajas son estas compensaciones es Mississippi, con 16.984 dólares anuales. En el extremo opuesto se encuentra Hawaii, donde estos beneficios alcanzan de media los 49.175 dólares.
Cabe señalar que estos beneficios están exentos de impuestos, por lo que se reciben completamente libres de cargas tributarias. Esto explica que en 33 de los 50 Estados de la Unión, ser receptor de los programas de "gasto social" es mucho más conveniente que tener un trabajo de ingresos bajos (salario mínimo de 8 dólares por hora).
La situación se acentúa en Estados como California, donde cobrar los subsidios del "gasto social" supera el ingreso neto de un trabajo de 15 dólares por hora. No obstante, el caso más sangrante es el deNueva Jersey, Nueva York o Washington DC, donde los subsidios permiten vivir mejor que con un trabajo de 20 dólares la hora.
Sin embargo, vivir de estos subsidios también supone cerrarse las puertas a la movilidad laboral. Es por eso que se considera "pobres" al 24% de los adultos que reciben estas transferencias, frente a una ratio inferior al 3% para los trabajadores a tiempo completo.

El coste para el resto de la sociedad

Los 126 programas contra la pobreza que contempla el "Estado del Bienestar" estadounidense cuestan anualmente 688.000 millones de dólares. Cabe señalar, eso sí, que los demás niveles de gobierno también entregan diferentes subsidios y beneficios a las familias de ingresos menores. Así, al margen de todo lo anterior, los contribuyentes también financian el "gasto social" ejecutado por gobiernos estatales y municipales, así como por la administración de los condados.
En Reino Unido, el debate sobre el coste fiscal de estos subsidios ha impulsado una nueva norma presupuestaria que limitará el alcance de estas ayudas. El "tope" fijado por el Ejecutivo de David Cameron será de 2.000 libras al mes por cada hogar, si bien los receptores individuales de estos subsidios (es decir, personas sin hijos) verán reducido el total a 1.400 libras mensuales.

En España, algunos analistas han subrayado la incoherencia de entregar un subsidio básico de 400 euros a los parados sin prestación mientras el coste laboral mínimo se mantiene en niveles superiores a los 1.100 euros, contabilizando el coste salarial y la factura fiscal de cada puesto de trabajo. No obstante, este debate sigue pendiente en España.

domingo, 4 de agosto de 2013

Rajoy y la inversión de la carga de la prueba.

Rajoy y la inversión de la carga de la prueba.

  
4 de agosto de 2013


En la última comparecencia del presidente del Gobierno, éste se ha quejado de que la oposición que le acusa, le exige que:
"Hay que demostrar la inocencia como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo".

El señor Rajoy nos ha recordado conceptos jurídicos básicos:
"En nuestra democracia la carga de la prueba corresponde al que acusa y nunca a su víctima. De otro modo, lisa y llanamente, esto no sería una democracia."

También nos ha recordado que el jefe de la oposición tiene un criterio idéntico, refiriéndonos una de las intervenciones del señor Rubalcaba:
"Si se invierte la carga de la prueba, hay que demostrar la inocencia, como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo".

Por ser el tema de extrema importancia y gravedad, Rajoy se ha extendido más al respecto:
Por lo tanto, Señorías, no es a mí a quien corresponde la carga de la prueba, sino a quien me acusa. No me pidan, pues, explicaciones de hechos que no se han producido; ni que me disculpe por lo que afirman otros; ni que dé explicaciones de la maraña que algunos están creando interesadamente.
Esas explicaciones pídanselas a quien acusa, a quien difunde, a quien aplaude, a quien secunda, porque, insisto, en nuestra democracia la carga de la prueba corresponde al que acusa y nunca a su víctima. De otro modo, lisa y llanamente, esto no sería una democracia.
Si no exigiéramos pruebas, Señorías, cualquiera podría deshacerse de todos sus adversarios muy fácilmente. Hoy en día, con un esfuerzo mínimo se pueden alcanzar niveles de infamia máximos. Es una vileza, cierto; pero es mayor vileza, pedirle, encima, a la víctima que se defienda"

No podemos estar más de acuerdo con las palabras de Rajoy y de Rubalcaba. Por ello resulta más indignante su CINISMO. Hay que recordar que los partidos políticos que ambos dirigen,  aprobaron (puestos en pie y dando palmas los diputados y senadores) las leyes de género que invierten la carga de la prueba. Siendo el acusado quien ha de demostrar su inocencia. Ley de violencia de género, ley de igualdad, etc., se sustentan en el llamado derecho penal de autor que no sólo invierten la carga de la prueba sino que obligan a juzgar a las personas por el colectivo al que pertenecen y no por los hechos realizados por la propia persona, en juzgados de excepción prohibidos por la Constitución Española.

Los profesionales que han de aplicar estas leyes aberrantes no dejan de quejarse al respecto. Basten dos ejemplos:

·        El juez Piñar manifiesta que ni Hitler ni Stalin se atrevieron a hacer leyes como éstas.



·        El portavoz del sindicato policial manifiesta el automatismo y la falta de garantías en las detenciones así como el gran porcentaje de denuncias falsas. 
@NoeliaCL Claro, y siempre tienes un poco mas de tacto con esos. Pero al final van al calabozo y eso no se lo quita nadie. No queda otra.
@NoeliaCL Desde luego. Nosotros detenemos sin ninguna garantia procesal. Aunque veamos q nos estan contando una milonga.Por desgracia asi es


Una vez más, exigimos a nuestros legisladores que sean consecuentes con los más elementales criterios jurídicos a los que se aferran cuando les conviene y procedan a la derogación inmediata de estas aberrantes leyes que están causando gravísimos daños a la sociedad, siendo el menor de ellos la ingente industria del maltrato creada a la sombra de leyes “orwellianas”.



Dpto. de prensa
Asociación PROJUSTICIA
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Congreso del PSOE

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Para maltratados los padres separados
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