sábado, 7 de diciembre de 2019

Ciudadanos no acude a la marcha de Barcelona por una pancarta contra la ley de violencia de género

Parece mentira que el partido que llevaba en su programa electoral de 2008 la custodia compartida y la derogación de la ley degenerrrada haya derivado en un grupo feminazi más que defiende privilegios y prebendas de ciertos colectivos, que se arrogan la representación de la totalidad de la población, en detrimento de los derechos del resto de los ciudadanos.
Recordemos lo que Ciudadanos defendía hasta hace bien poco.
4.19 Violencia doméstica
-Extenderemos el ámbito de la actual Ley Integral contra la Violencia de Género para convertirla en una Ley Integral contra la Violencia Doméstica contra la Pareja, con independencia del sexo del agresor y el de la víctima. Revisaremos sus mecanismos para evitar los abusos y fraudes de ley que se están cometiendo con algunas denuncias por malos tratos que buscan conseguir ventajas en los procesos de divorcio 
4.20 Custodia compartida -Impulsaremos una Ley por la Igualdad de Padres y Madres que introduzca en la legislación la guardia y custodia compartida. Promoveremos este modelo como opción preferente en nuestra legislación, garantizando de este modo la corresponsabilidad económica y educadora entre los progenitores.
El mismo partido que acudía a nuestras manifestaciones ahora rehúye defender la igualdad ante la ley.
Los cambios de criterio, en éste y en otros temas, llevarán a la desaparición a este partido que ya se ha convertido en la triste sombra de lo que fue.


martes, 3 de diciembre de 2019

Leguina reconoce que el Constitucional aprobó la ley de género por presiones políticas

Joaquín Leguina, al igual que Alfonso Guerra, reconoce que los magistrados del Tribunal Constitucional aprobaron la ley de género por las presiones políticas.

Alfonso Guerra reconoce que el Tribunal Constitucional aprobó la ley de violencia de género por presiones políticas.


Alfonso Guerra reconoce que el Tribunal Constitucional aprobó la ley de violencia de género por presiones políticas.


Nada que no supiésemos. Guerra nos descubre el Mediterráneo. Un ejemplo más de la escasa, por no decir nula, independencia de este “Tribunal” y de cualquier otro pues la independencia del Poder judicial brilla por su ausencia en España.

No en vano fue el propio Alfonso Guerra quien declaró que “Montesquieu ha muerto” tras modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y dejar a este poder del Estado en manos de los partidos políticos, reuniendo los tres poderes del Estado bajo la misma dirección de los políticos de turno.
Viene bien recordar otra frase de Alfonso Guerra: el que se mueve no sale en la foto.
Guerra habla ahora que su sueldo y prebendas no corren riesgo al estar “jubilado”. Pero cuando se aprobaron estas leyes aberrantes, que él mismo ya criticó en su día, se atuvo a la “disciplina de partido” para seguir disfrutando las prebendas. Al igual que otros conocidos políticos como Leguina o Corcuera. De hecho, Guerra sigue disfrutando de buena parte de ellas. Sirva de ejemplo que su hija Alma nació en la embajada de España en Roma y ahora trabaja en un organismo del Estado que sólo sirve para justificar los sueldos de quienes han entrado enchufados allí que son todos y cada uno. Aunque seguramente su caso más llamativo es el uso del avión oficial para ir a ver los toros. Confundiendo lo público con lo personal como ahora hace su sucesor Pedro Sánchez yendo a un concierto o a la boda de su cuñado.


Nombrados por los partidos políticos, los magistrados del Tribunal Constitucional que lo fueron a propuesta del PSOE son los que finalmente aprobaron la inicua ley. Con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, una simple profesora de derecho laboral de la Universidad Carlos III (feudo del PSOE de Peces Barba), quien no fue durante su mandato sino un títere en manos del PSOE. Recordemos la penosa escena en la que la entonces vicepresidenta del Gobierno abronca a la presidenta del Tribunal Constitucional en público, pese a estar en teoría varios escalones por debajo en el escalafón jerárquico de autoridades del Estado.
La misma De la Vega que adoctrinaba a niños pequeños en el colegio y que posteriormente le birló el puesto en el Consejo de Estado a la propia Emilia Casas tras un cambio ad hoc de la ley para controlar también este órgano consultivo colocando a la propia De la Vega y a Rodríguez Zapatero.
María Emilia Casas fue quien asesoró a una asesina de su exmarido, indicándole que recurriese ante su Tribunal para que ella “arreglase” su problema. También le remitió a dos abogadas para ayudarla dado que eran expertas en la materia y saben como arreglar estos casos. Las abogadas eran Enriqueta Chicano, entonces presidenta de la Federación de mujeres progresistas (ala feminazi del PSOE) y ahora magistrada en el Tribunal de Cuentas (colocada para tapar las vergüenzas del PSOE e introducir la perspectiva de género) y Cruz Sánchez de Lara, entonces abogada de la misma Federación de mujeres progresistas, y ahora miembro del consejo de administración del panfleto feminazi "El Español" y esposa de su director, el   inicuo Pedro Ramírez.
Efectivamente las dos abogadas eran  expertas en el tema. De hecho, seguían el consabido manual feminazi: l denuncias falsas, bala de plata, incumplimiento de sentencias, campaña de difamación, impedimento de contacto padre-hijos... Lo que sufren cada año miles de padres separados de sus hijos y expoliados por las leyes aberrantes y los jueces colaboradores. Si bien los principales perjudicados son los hijos que padecen estos procesos canallescos.
En la Alemania nazi todas las aberraciones que se cometieron fueron legales, pues quienes se opusieron fueron perseguidos y cercenados, mientras el resto de la población miraba para otro lado o se subía al carro jaleando a los delincuentes criminales esperando recibir su parte del pastel a costa del patrimonio y la vida ajena.





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