miércoles, 20 de noviembre de 2013

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

 
ESPANA La renovación del CGPJ

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

  • Rajoy y Rubalcaba pactan las cuotas respectivas en el CGPJ

  • El portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Álvaro Cuesta, entre los agraciados

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    MARÍA PERAL Madrid
    Actualizado: 20/11/2013 03:11 horas
    La renovación del Consejo General del Poder Judicial se cerró anoche, al límite de que concluyera la última prórroga, con un acuerdo firmado por seis grupos parlamentarios (PP, PSOE, IU, CiU, PNV y UPN; sólo UPyD se quedó fuera) y con la designación de los 20 vocales por las fuerzas políticas, esto es, la fórmula instaurada por los socialistas que los populares han criticado durante 30 años y que prometieron cambiar en su programa electoral para que los jueces eligieran a los 12 consejeros que deben proceder de la Magistratura.Carlos Lesmes presidirá el nuevo CGPJ.
    El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces apenas dos meses después de que el actual Consejo General del Poder Judicial concluyera su mandato, el 24 de septiembre.
    El acuerdo sobre el séptimo CGPJ de la democracia se sitúa, así, en la ratio temporal de los primeros consejos, muy alejado de los criticados retrasos en que incurrieron las fuerzas políticas para renovar los tres últimos. En particular, el órgano que ahora va a cesar se constituyó con una demora de casi dos años.
    No ha sido necesario utilizar el mecanismo antibloqueo que el PP incluyó en la reforma legal que aprobó en solitario el pasado junio, consistente en la posibilidad de constituir el CGPJ con los vocales elegidos por una sola Cámara. Dado que la designación de los consejeros del Poder Judicial exige una mayoría de tres quintos, los populares hubieran podido poner en marcha en el Senado esa fórmula si los socialistas hubieran boicoteado el acuerdo en elCongreso.
    Pese a que tiene impugnada la modificación legal ante el Tribunal Constitucional, el PSOE no ha querido quedarse al margen del reparto de poder en una institución clave, encargada de la selección de los jueces, de los nombramientos de los altos cargos judiciales, del régimen disciplinario y de la inspección del Poder Judicial.
    La renovación se ha hecho en plazo y, además, con una única lista suscrita por prácticamente todo el arco parlamentario. Los nombres de los ocho juristas que se convertirán en miembros del órgano de gobierno de los jueces y cuya elección se encomienda por laConstitución al Congreso y al Senado han sido rubricados por seis grupos: PP, PSOE, CiU, IP, PNV y UPN. Sólo se ha quedado fuera Unión Progreso y Democracia (UPyD). Particularmente significativo es que la cuarta fuerza parlamentaria, Izquierda Plural, vuelva a tener represetación en el órgano de gobierno del Poder Judicial después de haber sido excluida en el Consejo que ahora termina su andadura.
    Los nombres de los ocho juristas pactados fueron los únicos que se conocieron ayer oficialmente, un minuto antes de que, a las 20.00 horas, concluyera la última prórroga que populares y socialistas se habían dado para alcanzar un acuerdo. Pese a que desde el PP se puso el énfasis en que «todos los nombres son candidatos de los seis grupos y apoyados por todos», es imposible soslayar el reconocimiento del mismo sistema de cuotas que se ha aplicado en todas las renovaciones desde 1985, cuando el PSOE impuso la elección parlamentaria de los 20 vocales del Poder Judicial, incluidos los 12 que deben proceder de la Judicatura.
    De los ocho juristas propuestos, tres han sido sugeridos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, otro por IU y el último por el PNV.
    El PP ha designado a la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, al catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte y a la secretaria judicial María Ángeles Carmona. El PSOE, al abogado y ex diputado socialista Álvaro Cuesta y a la abogada Pilar Sepúlveda. CiU, a una de sus diputadas, la abogada Mercé Pigem. IU, a la secretaria judicial Concepción Sáez. Y el PNV al abogado y catedrático de Derecho Constitucional Enrique Lucas.
    Díaz Abad, Cuesta, Sáez y Lucas serán elegidos por el Congreso y previsiblemente comparecerán el próximo lunes ante la Comisión de Nombramientos, que debe examinar sus currículos y programas de trabajo. Los suplentes serán la fiscal Pilar Jiménez-Bados, la catedrática Silvia Barona y el secretario judicial Luis Martín Contreras. La elección por el Pleno de la Cámara está prevista para el próximo martes.
    Guilarte, Carmona, Sepúlveda y Pigem serán elegidos por el Senado, probablemente en un Pleno convocado para el próximo miércoles. El día anterior comparecerán ante la Comisión de Nombramientos para que se evalúe su idoneidad. Los suplentes por esta Cámara serán el procurador Antonio Álvarez-Buylla, el abogado José María Macíasy la magistrada suplente y profesora universitaria Isabel Valdecabres.
    Con más mujeres juristas que hombres, será la primera vez que haya dos secretarias judiciales en el órgano de gobierno de los jueces. También es insólita la presencia de una abogada del Estado, cuerpo con escasa relación con la organización de Administración de Justicia y, en cambio, dependiente del Poder Ejecutivo. También por primera vez han sido excluidos los fiscales.
    En cambio, la vinculación política es patente en varios de los candidatos como Álvaro Cuesta y Mercé Pigem. A Enrique Lucas, secretario general de régimen jurídico del Gobierno vasco durante seis años, se le considera afín al PNV. Como todas las renovaciones anteriores menos la de 1980 -la única en la que los jueces pudieron elegir a los 12 vocales que tiene que pertenecer a la carrera-, han sido el jefe del Gobierno y el líder de la oposición los que han consensuado las líneas básicas del pacto.
    Ni populares ni socialistas quisieron adelantar ayer los nombres de los 12 magistrados que accederán al Consejo. Aunque distintas fuentes aseguran que están cerrados, su conocimiento anticipado podría tener como consecuencia el cambio de algún candidato. Se da por seguro que siete serán propuestos por el PP y cinco por el PSOE, de nuevo de acuerdo con el sistema de cuotas en función de la representación parlamentaria de cada fuerza. Uno de ellos será el presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández, lo que explica el apoyo de UPN al pacto.
    Pese a su mayoría absoluta, el Gobierno popular no ha cumplido su compromiso electoral de devolver a los jueces la elección de los consejeros del Poder Judicial que deben proceder de la Judicatura. Más bien al contrario, se ha querido asegurar su influencia en el nuevo Consejo: con 10 vocales más el presidente, el PP se garantiza una mayoría suficiente en un CGPJ que, entre otras relevantes novedades, introduce la validez de la mayoría simple de votos para la práctica totalidad de las decisiones que ha de tomar.
    Superado el bloqueo que se registró el pasado fin de semana, cuando Rubalcaba rechazó el candidato a presidente propuesto por Rajoy, el nombre del prestigioso magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes se consolida para presidir el nuevo Consejo.

    Manifestación Madridnoviembre2013, agradecimiento

    Tras la manifestación toca dar las gracias.

     
    A todos los que han acudido empleando un tiempo y dinero muy escaso en nuestro colectivo. En especial a los que han tenido que hacer un largo desplazamiento, pegándose el madrugón o gastando en alojamiento.
     
    A los que han colaborado de una u otra forma. Divulgando la convocatoria, organizando viajes, etc.
     
    Este año no ha acompañado el tiempo pero hemos "llenado" la Gran Vía de Madrid. Los que hemos estado no lo olvidaremos y los que no han podido estar pueden ver las fotos adjuntas. En breve se colgarán en la web las demás fotos y algún vídeo.
     
    Toca seguir empujando para convencer a los legisladores de que nuestros criterios son los buenos y obligarles a cambiar la ley del divorcio y derogar las leyes sexistas basadas en la ideología de género.
     
    Además debemos echar del poder a las feminazis, juzgarlas en su correspondiente Nuremberg y encarcelarlas en su Spandau.
     
    Gracias a todos.
     

    Francisco Zugasti




    viernes, 1 de noviembre de 2013

    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.




      
    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.


    Tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por falsedad documental contra los “expertos” del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado ha decidido dar traslado a la fiscalía del Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito más que suficientes.

    La credibilidad de los informes del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial y la profesionalidad de sus “expertos” siempre han estado en entredicho debido a la constante manipulación de los datos y la arbitraria interpretación de los mismos.


    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    La que reclama "su dinero" es la misma que llamó "grandísimo hijo de puta" a Toni Cantó en el Congreso.
    Todavía hay quien duda de que el trasfondo de esto es una cuestión de dinero... y poder.
    256.068.054.000 pesetas.
    Presupuestos

    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    Europa Press. Madrid
    31/10/2013 a las 22:03
    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran".
    La diputada socialista Ángeles Álvarez ha acusado de "trilerismo político y contable" al Gobierno y ha denunciado que la cantidad que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció para la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016 de 1.536 millones de euros es una cifra dada "a voleo, no es firme y no aparece en los Presupuestos Generales del Estado".

    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran" y Álvarez ha criticado que ni el secretario de Estado ni la subsecretaria "fueron capaces de indicar dónde se hallan consignadas las cantidades referidas" por Sáenz de Santamaría el pasado 26 de julio.

    "A fecha de este jueves seguimos sin saber cuánto de esos 1.539 millones de euros son reales o estimativos, pero sabemos fehacientemente que solo es una cifra aproximada que incorpora y hace suyo el presupuesto destinado por las Comunidades Autónomas para combatir la violencia de género", ha asegurado la diputada socialista.

    Según Álvarez hasta la fecha "ningún presupuesto ha contabilizado lacifra global destinada a combatir la violencia de género", porque, ha señalado, "no se incluyen indicadores específicos en todos los ministerios".

    Además ha explicado que solo medidas como los brazaletes anti-maltrato o las ayudas directas "pueden asignarse de manera concreta", pero, dado que las Oficinas de Atención a la Víctima atienden a todo tipo de delito, es "complejo" conocer qué cantidad del presupuesto de estas oficinas se relaciona con la violencia de género.  
    Respuesta abstracta del Gobierno
    La diputada socialista preguntó en la comparecencia de Presupuestos 2014 a que ministerios corresponden las cantidades y si esas partidas existían con anterioridad, pero, al no recibir respuesta, solicitó por escrito la dotación y partida presupuestaria del dinero asignado a Estrategia Nacional contra la Violencia de Género de cada uno de los ministerios.

    Sin embargo, ha criticado Álvarez, la respuesta del Gobierno fue "abstracta" y no ofrecía "ninguna cantidad presupuestada para ninguno de los ministerios implicados", a excepción de los referidos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia.

    "Lo más grave es que gracias a la respuesta escrita se ha destapado la trampa de los 1.539 millones de euros ya que el Gobierno reconoce que ha contemplado el crédito que los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas destinarán estimativamente a la consecución de las acciones para erradicar la violencia de género", ha expresado la diputada del PSOE.

    Álvarez ha señalado que es "un pufo más del Gobierno del PP". "Si bien no se puede saber si han mentido, nadie podrá negar que han engañado", ha concluido.