La pareja tiene un largo y tenebroso historial. Incluido el abuso de menores.
Llevan años viviendo del erario público en todo tipo de cargos inútiles.
El sitio más adecuado para Gimeno y García es la sección de psiquiatría de la cárcel correspondiente.
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Irene Montero ficha a una pareja de activistas de Podemos para Diversidad Sexual y Mujer
Boti García y Beatriz Gimeno
OKDIARIO - 13/01/2020
La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, ha fichado a la diputada regional de Podemos Beatriz Gimeno para dirigir el Instituto de la Mujer y a la ex presidenta de la Federación LGTBI Boti García para la dirección general de Diversidad Sexual.
Ambas se casaron por lo civil en 2005 en el Ayuntamiento de Madrid en un enlace muy mediático al ser uno de los primeros matrimonios homosexuales de la capital. No obstante, actualmente Gimeno dice que es «divorciada» en su declaración de bienes actualizada en la web de la Asamblea de Madrid.
Tanto una como la otra han participado muchas veces en la campaña electoral de Podemos. De hecho, Gimeno lleva dos legislaturas como diputada morada en la Asamblea de Madrid donde viene cobrando 3.800 euros al mes.
Dirección General
Boti García Rodrigo, ex presidenta de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), será la directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. Se trata de una dirección general de nueva creación y que se ubicará en igualdad. En el pasado Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tenía una Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad.
Por su parte, Beatriz Gimeno será la directora del Instituto de la Mujer, tal y como han informado las mismas fuentes. Gimeno fue también la presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) entre 2003 y 2007 y responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Por último, este lunes se ha confirmado la identidad de la jefa de gabinete de Montero: será la hija del histórico de IU Willy Meyer, Amanda Meyer, abogada y activista por los Derechos Humanos y miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE). Fue secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda del gobierno de la Junta de Andalucía, desde junio de 2012 a febrero de 2015 y fue una de las principales promotoras de la Ley de la Función Social de la Vivienda.
Promesa de Montero
Montero ha prometido este lunes, al recibir la cartera de manos de su antecesora, Carmen Calvo, que «se dejará la piel» para poner la vida de las mujeres «en el centro, para luchar contra «todas las violencias machistas», para conseguir «la libertad y autonomía» de las mujeres y «para dejar de ser las otras».
«Nos ponemos a disposición de los hombres y especialmente de las mujeres de este país para que el feminismo sea una bandera de este Gobierno», ha indicado durante su primer discurso como ministra en la sede de la Secretaría de Estado de Igualdad en Madrid.
«Este Ministerio de Igualdad será un Ministerio feminista igual que el Gobierno», ha remarcado, expresando su «condena rotunda» a todas las violencias machistas, así como su «firme compromiso» para acabar con ellas. «Para que no haya ni una víctima más, para que no seamos ni una menos», ha expresado.
En concreto, durante su discurso, ha recordado a la última víctima oficial de la violencia de género, una mujer presuntamente asesinadas por su pareja en Puertollano y ha deseado la «pronta recuperación» para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que evitaron un crimen machista recientemente en Madrid.
Montero ha hecho una mención especial a «todas las mujeres que impulsaron el feminismo», y se ha referido en concreto a la primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. También a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha acudido al acto para reunirse con la nueva ministra. Mujeres que lucharon contra el franquismo y feministas de los años 70 y 80 también han formado parte de su primer discurso como ministra de Igualdad.
Irene Montero, a su llegada a la sesión de investidura. (Foto: Paco Toledo)
Tras ello, ha mencionado a otras mujeres, como «las madres trabajadoras precarias» o las jóvenes estudiantes, o «las acosadas, agredidas y maltratadas», y también se ha referido al 8M y a las que impulsaron el feminismo desde «las calles». «Os necesitamos en alerta, vigilantes, sois nuestra brújula para no perder nunca el camino», ha rematado.
Desde el Ministerio de Igualdad, según ha destacado Montero, pondrán el foco en la reorganización de los cuidados» y en «la libertad sexual» de las mujeres. Dicho Ministerio «feminista» será un lugar «donde creemos a nuestras hermanas y donde no hay ni una menos». Para Montero, España es «referente» en materia de igualdad y por ello ha agradecido el trabajo realizado por el equipo anterior, capitaneado por Carmen Calvo, quien en su intervención ha expresado su satisfacción por este traspaso de carteras que es «un relevo generacional». «Solo unidas podemos»
«Tienes un tajo en el que estaremos todas, también las más veteranas», le ha dicho Calvo a Montero. Tal y como ha reiterado la vicepresidenta, «no sé puede construir democracia sin atender a una desigualdad» que afecta a una mitad de la población que es mayoritaria. «Sólo unidas y juntas podemos seguir avanzando en la mejor igualdad», ha defendido.
Aparte de la cúpula del Ministerio de Igualdad saliente, al acto del traspaso de carteras han asistido otros ministros recién nombrados: Fernando Grande-Marlaska, Alberto Garzón, Luis Planas y Carolina Darias. También han acudido la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Nuestros queridos políticos no dejan de complicarnos la vida cambiando las reglas de juego cada dos por tres. En España legislan el Congreso, el Senado, las Autonomías, las Diputaciones, los Ayuntamientos… No hay horas en el día para leer, menos aún estudiar, el chorreo de páginas de legislación nueva.
Las graves consecuencias las padecemos diariamente. Desde la inseguridad jurídica hasta la ralentización de la actividad económica pasando por las dudas en las relaciones personales.
La maraña legislativa se cuadruplica en 40 años y roza las 12.000 normas al año
Consejo de política fiscal y financiera - EP
MADRID 25/01/2020
Un estudio publicado por el Banco de España avisa de que la presión regulatoria reduce el número de empresas
La Administración pública española se ha convertido en una fábrica de legislación. El Estado, las comunidades autónomas y la administración provincial y local produjeron en conjunto 11.737 normas solo en 2018, según cifras de la base de datos de Aranzadi recopiladas por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España. Esa producción normativa supone cuadruplicar las 3.012 normas aprobadas en 1978, al inicio del periodo democrático, y tiene un efecto nocivo sobre la eficiencia y productividad del tejido empresarial del país.
Según un documento de trabajo de Mora-Sanguinetti y el economista de la Universidad Carlos III Ricardo Pérez-Valls publicado esta semana por el supervisor, esa «sobrerregulación» se traduce en la constitución de menos empresas. En concreto, el estudio calcula que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05% menos de empresas en promedio. El informe detalla que esa maraña legislativa favorece el aumento del número de personas físicas empresarias, pero reduce en mayor medida la creación de sociedades limitadas.
«La regulación dificultaría la presencia de competidores grandes que podrían trabajar en varios mercados regionales al mismo tiempo y, por el contrario, parece favorecerla presencia de pequeñas empresas, como pequeños emprendedores, más conectadas con un mercado local o provincial», concluyen los investigadores en su análisis del impacto que la carga normativa tiene sobre la demografía empresarial en España, en el que apuntan además a posibles efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad.
Los mercados necesitan evidentemente normas. Ahora bien, un número desproporcionado de legislación y normas confusas o que se solapen o dupliquen según el nivel administrativo pueden acabar asfixiando la actividad empresarial y, por tanto, el crecimiento económico. En España, entre 1979 y 2018 se han aprobado un total de 364.267 normas, entre leyes orgánicas, reales decretos ley, leyes autonómicas, decretos legislativos regionales, decretos forales y ordenanzas municipales.
¿A qué se debe esa creciente complejidad normativa? Básicamente al desarrollo del Estado de las autonomías, lo que hizo que a partir de 1978 aumentase el número de administraciones con capacidad de aprobar normativa con rango de ley, según explican los autores del citado estudio. A ello hay que sumar un incremento notable de la legislación local en los últimos cinco años.
Esa tendencia queda reflejada en el peso que cada nivel de la Administración pública ha ido adquiriendo sobre el total de legislación aprobada en España. Si en 1979 la Administración central era responsable del 88,6% de los nuevos textos legales y las comunidades autónomas del 11,3%, al cierre de 2018 sucedía prácticamente lo contrario: el Estado generó ese año el 14,7% de la normativa del país y las regiones el 71,8%. Los municipios y las provincias se encargan del 13,5% restante, «un peso no despreciable», según Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.
Las autonomías, clave
Es más, en esos 40 años la producción legislativa de la Administración central se ha mantenido más o menos estable en torno a las 2.000 normas anuales. Y eso que entretanto, el Estado ha tenido que ir transponiendo al ordenamiento jurídico nacional toda la legislación que emana de la Comisión Europea, normalmente a través de directivas comunitarias.
Las comunidades autónomas, por contra, han disparado el número de hojas de sus boletines oficiales y solo en 2018 aprobaron 8.436 normas de las 11.737 de todas las administraciones. «Este nivel de gobierno, por tanto, es el más importante para explicar los posibles impactos económicos que puedan encontrarse», dice el documento publicado por el Banco de España.
Cataluña, según este estudio, es la comunidad con mayor producción normativa, pues ha generado el 12% de la legislación autonómica desde 1983, cuatro puntos porcentuales más que Andalucía y Castilla y León (8%) y el doble que Madrid, País Vasco, Navarra y Aragón, responsables de un 6% cada una. La Rioja y Cantabria, responsables de un 3% de la legislación cada una, son las que menos legislan (ver gráfico).
Ahora bien, la intensidad legisladora de cada región está muy relacionada con su tamaño y su peso sobre el PIB nacional. A mayor población y mayor peso sobre la economía nacional, como es el caso de Cataluña, más actividad legislativa. En este sentido, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Navarra y Asturias serían algunas de las comunidades más reguladas.
Lo cierto es que toda esta maraña legislativa es una preocupación constante entre los empresarios del país y es motivo de toque de atención a España por organismos europeos e internacionales. La CEOE, por ejemplo, lleva años reclamando una simplificación normativa y que se acabe con su fragmentación, armonizando las reglas para que sean iguales para las empresas en todo el territorio español y eliminando las duplicidades y contradicciones que se dan entre normas de diferentes administraciones.
Esa sobrerregulación genera confusión e incertidumbre en las empresas, además de exigirles mayores recursos para poder analizar toda la normativa a la que se enfrentan, sobre todo a compañías que operan en varias comunidades o todo el territorio. «Incluso teniendo capacidad para conocer todo el marco normativo, las empresas podrían tener dificultades para conocer la norma aplicable si es que existe una multiplicidad de fuentes», dice el informe de Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.
Ley de unidad de mercado
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2013 la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, encaminada precisamente a coordinar a nivel nacional toda la legislación para evitar duplicidades y contradicciones que hacen que las empresas tengan que cumplir normativas distintas dependiendo de la región en la que se instalen, aumentando sus costes y mermando considerablemente su competitividad.
Esta actuación era una reclamación constante a España del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea. Sin embargo, casi siete años después de su aprobación, los efectos de su aplicación han sido más bien escasos y la propia norma ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, que anuló su principio de eficacia nacional.
Por ello, el Ejecutivo comunitario no ha dejado de reclamar una aplicación más decidida de la norma. «El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala», estrangula su crecimiento y es una de las razones de «la brecha de productividad» frente a otros Estados miembros y de la «menor capacidad de absorción de conocimientos y tecnología», decía Bruselas en su recomendación a España en Semestre Europeo 2019.
Los efectos de toda esta sobrerregulación y fragmentación normativa, según los diferentes estudios, es múltiple: afecta a la productividad y eficiencia de las empresas, puede reducir el potencial de crecimiento de la economía, eleva la ineficiencia de la Administración y conduce también a un colapso de la Justicia.
La Fiscalía cada vez más subordinada al gobierno de turno.
No es la primera ocasión ni será la última. Pero esta vez hay una clara intención por parte de Pedro Sánchez de mandar un mensaje nítido de que va a tomar el control de todo el aparato del Estado.
Basta leer y oír las opiniones al respecto de las asociaciones de jueces y fiscales. Es significativo la opinión de la Asociación afecta al PSOE.
Sobre Dolores Delgado hay hemeroteca para aburrir. Algunos de sus antecedentes son para meterla en la cárcel.
Pedro Sánchez coloca a la ministra de Justicia Dolores Delgado de fiscal general para tomar el control del 'procés'
Pedro Sánchez coloca a Dolores Delgado de fiscal general para tomar el control del 'procés' EL MUNDO
ÁNGELA MARTIALAY
Madrid - Lunes, 13 enero 2020
El nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado ha causado "sorpresa" y "estupefacción" en la Carrera Fiscal
El puesto probablemente más sensible de la próxima legislatura será el de la Fiscalía General del Estado en un contexto en el que el Gobierno socialista quiere desjudicializar el procés. El presidente Pedro Sánchez ha elegido para ese cargo a la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien será la nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, que ha estado en el cargo un año y medio, según han confirmado a fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo apuesta así por una persona de confianza que pasará del escaño y el despacho ministerial a dirigir la Fiscalía General del Estado, un organismo que debe ser independiente y desde el que se impulsan cientos de procedimientos judiciales en este país. Este paso de la política a jefa del Ministerio Público ha causado "estupor", "sorpresa" y "perplejidad" entre los fiscales.
Dolores Delgado será nombrada por el Rey a propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su cargo será aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este martes.
El jefe de Gobierno informó el pasado viernes a Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018. Moncloa buscaba para ese ministerio una persona que fuera un "interlocutor directo" con la cúpula judicial, un hándicap con el que contó Delgado durante su paso por el Palacio de Parcent. En dicho edificio, este mismo lunes, al frente del Ministerio de Justicia.
En el acto de traspaso de carteras, la hasta ahora titular de Justicia ha subrayado que toda su vida ha trabajado por las "víctimas" y piensa seguir teniéndolas en el "horizonte" en las próximas responsabilidades que le corresponda asumir "allá donde esté" en el futuro. Por su parte, Campo ha señalado en su primera intervención como ministro que se deben sumar "esfuerzos" para conseguir un pacto de Estado para la Justicia. "Intentemos entre todos hacer lo que no hemos logrado. Vertebrar un nuevo modelo de Justicia", indicó.
Al acto también asistió la ex fiscal general del Estado, María José Segarra, que regresará a Sevilla tras su paso por el Palacio de Fortuny. En una carta de despedida que ha enviado este lunes a los 2500 fiscales de este país, Segarra ha subrayado "el compromiso de los fiscales con la legalidad, imparcialidad y unidad de actuación de defensa". En una conversación informal con periodistas, ha mostrado su agradecimiento a Delgado por haber apostado por ella para ser fiscal general.
SU PROXIMIDAD A GARZÓN
Dolores Delgado es una fiscal progresista -fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales hasta que llegó al Gobierno- que ha ejercido la mayor parte de su carrera en la Audiencia Nacional. En ese tribunal siempre mantuvo gran cercanía con las tesis del ex juez y amigo Baltasar Garzón, al que apoyó ante su enjuiciamiento y expulsión de la carrera por el caso Gürtel.
Al frente del ministerio, Delgado no pudo culminar la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, la recuperación de la justicia universal y el cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Tampoco logró apaciguar los ánimos en la Carrera Judicial y Fiscal que convocaron una huelga durante su mandato reclamando mejoras para la Administración de Justicia. Se le reprochó su paso de hacer huelga como fiscal a desoír las reivindicaciones de sus compañeros.
MÁS DE 30 NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES
Ahora, como fiscal general tendrá que aprobar más de 30 nombramientos discrecionales de la cúpula del Ministerio Público, ejercerá la última palabra sobre la postura de la Fiscalía en los permisos penitenciarios a los presos del 1-O y ante un posible indulto.
El nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado ha causado "sorpresa" y "estupefacción" en la Carrera Fiscal. Muchos temen que con su nombramiento la Fiscalía se "ponga al servicio de un proyecto político" y recuerdan que el propio Sánchez se jactó en la anterior campaña electoral de "mandar en la Fiscalía". Hasta ahora, el Gobierno no lo había conseguido; queda por ver si lo logrará en el futuro.
Pedro Sánchez y la dependencia del Fiscal General del Estado
Dolores Delgado y la derecha trifálica
Podemos y el nombramiento del Fiscal General del Estado
La presidenta de la Asociación de Fiscales reconoce su "estupor" al conocer la noticia de que Dolores Delgado será la fiscal general
Madrid | 13/01/2020
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, comenta en Más de uno la elección de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado."Considero que es una forma muy evidente de querer indicar que la fiscalía la quieren sometida al Gobierno, porque de otro modo no se puede explicar", recalca y añade que no les parece adecuado, por lo que están en contra de esta decisión.
Jueces y fiscales creen que el nombramiento de Delgado como fiscal general perjudica "la imagen de imparcialidad"
REDACCIÓN - MADRID - 13/01/2020 - EUROPA PRESS
UPF y JJpD piden un "voto de confianza" y destacan su profesionalidad como fiscal
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales se han mostrado muy críticos con el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, dado que hasta "anteayer" era ministra de Justicia, algo que consideran que compromete la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público.
Así lo manifestado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera--, Cristina Dexeus, que ha asegurado que es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía.
ESTUPOR
En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Dexeus ha reconocido que la noticia le ha causado "estupor" y que no le parece "adecuado" su designación como la máxima representante del Ministerio Fiscal, ya que ha ejercido un puesto político y esto supone "retorne sin más a la carrera" fiscal.
La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, --asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia-- ha reconocido que el nombramiento "puede provocar reticencias". Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que "hay que dar un voto de confianza", ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato".
Asimismo, para la UPF el hecho de que la nueva fiscal general haya formado parte del anterior Gobierno es algo "positivo", pues el conocimiento desde la Administración se une a los adquiridos como fiscal, carrera en la que ingresó "hace más de 30 años". Eso hace que conozca perfectamente los "principios de autonomía, legalidad e imparcialidad" y "reivindicaciones pendientes" del Ministerio Público, ha apuntado.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirman que tiene "reservas" con esta propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que puede perjudicar a la "imagen de imparcialidad" del Ministerio Fiscal.
CUESTIÓN "BASTANTE EXTRAÑA"
"Es una cuestión bastante extraña que el viernes sea ministra y el lunes fiscal general del Estado", ha indicado el portavoz de esta asociación, Juan Antonio Frago, quien ha destacado que sobre la causa del 'procés' independentista, Delgado hizo una serie de declaraciones públicas que "pueden afectar en su deber de imparcialidad como fiscal general del Estado".
Esta opinión de los fiscales es compartida por alguna asociación de jueces, ya que ven "un poco sorprendente y negativa" la noticia que se ha conocido este lunes, pues "no transmite una imagen buena de imparcialidad" y perjudica a la "credibilidad" de los ciudadanos en la institución y en la Justicia, tal y como ha asegurado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero.
Según Fernández, que Delgado esté a la cabeza del Ministerio Público cuando "acaba de cesar como ministra" puede "mermar la credibilidad de los fiscales que hacen su trabajo con total objetividad". Con todo ello, ha subrayado que no se pone en duda la "valía" y la "capacidad técnica" de Delgado, sino la "procedencia".
Misma consideración sostiene la Asociación Foro Judicial Independiente (FJI), que ha destacado que el problema de esta propuesta es la "confusión" que existe en el Gobierno con los "roles" que desempeñan jueces y fiscales. Así lo ha dicho su presidenta, Concepción Rodríguez, que ha afirmado que una vez más Sánchez ha demostrado no tener en cuenta la "falta de separación de poderes" y ha criticado que no haya consultado a la carrera fiscal para nombrar a la persona que recabe más apoyos de sus miembros.
En sentido contrario se ha manifestado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ignacio González Vega, que considera que el hecho de que Delgado haya sido anteriormente ministra no supone "ningún obstáculo" para desempeñar el nuevo cargo. En este sentido, ha destacado su profesionalidad y años de experiencia como fiscal, por lo que ha pedido esperar a "valorar los hechos" una vez comience a desarrollar su función como máxima representante de la Fiscalía.
La Asociación de Fiscales critica el nombramiento de Delgado: «Quieren a la Fiscalía sometida al Gobierno»
Dolores Delgado (dcha) aplaude a Pedro Sánchez junto a Carmen Calvo el pasado 7 de enero – Efe
Europa Press 13/01/2020
No consideran «adecuado» que «un ministro de Justicia que formaba parte de un gobierno de un partido determinado pase a ostentar el cargo máximo de la carrera fiscal»
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha asegurado este lunes que la propuesta del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado es «una manera muy clara de indicar» que el Gobierno quiere tener «sometida» a la Fiscalía.
En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Dexeus ha reconocido que la noticia le ha causado «estupor». «No me parece adecuado», ha apuntado, para después explicar que la AF está «en contra» de que quien haya ejercido un puesto político «de relevancia retorne sin más a la carrera» fiscal.
A su juicio, el nombramiento de Delgado como sustituta de María José Segarra es «una forma evidente y muy plástica de indicar que la Fiscalía» General del Estado «la quieren sometida al Gobierno». «De otro modo no se puede explicar», ha añadido.
«Que un ministro de Justicia que formaba parte de un gobierno de un partido determinado pase a ostentar el cargo máximo de la carrera fiscal... no me parece adecuado», ha continuado. Por último, Dexeus ha advertido de que existen «ciertos mecanismos» para que el fiscal que reciba una orden «que considere ilegal pueda oponerse a ella».
La Unión Progresista de Fiscales alaba la elección de Delgado y pide "un voto de confianza"
La exministra de Justicia Dolores Delgado durante su intervención en el acto de entrega en la VII Edición de los premios Excelencia y Calidad en la Justicia del Colegio General de Procuradores de España. - Ricardo Rubio - Europa Press
13/01/2020
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) - La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato, ha alabado este lunes la decisión del Gobierno de proponer a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado en sustitución de María José Segarra, después de que Moncloa haya confirmado que la decisión se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Peramato ha pedido "un voto de confianza", puesto que considera que Dolores Delgado "va a actuar en beneficio de la carrera y de la justicia con absoluta independencia, tal y como está en el Estatuto".
La Unión Progresista de Fiscales alaba la elección de Delgado y pide "un voto de confianza"
A su juicio, "es un perfil que reúne todos los principios necesarios para poder ocupar el cargo de Fiscal General del Estado". Asimismo, ha defendido que "desarrollará perfectamente cada una de las funciones en el momento y en el papel que represente".
En esta línea, ha subrayado que "es una mujer preparadísima, con una preparación altísima, experta y que conoce la carrera fiscal de los pies a la cabeza".
La Unión Progresista de Fiscales alaba la elección de Delgado y pide "un voto de confianza"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó el pasado viernes a Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018. Este mismo lunes, Juan Carlos Campo tomará su relevo al frente del Ministerio.
Ley que vulnera principios jurídicos elementales como el de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia o el juez natural e imparcial.
Como era fácilmente previsible, los asesinatos de mujeres no sólo no han disminuido, sino que han aumentado. La ley y su aplicación no sólo no han terminado con el problema para el que nos dijeron que se crearon, sino que además ha dado lugar a una más que lucrativa industria del maltrato sustentada en el saqueo de las arcas del Estado mantenidas con los impuestos que pagamos los ciudadanos.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Albert Einstein.
Ni las opiniones de los expertos llevados al Congreso de los diputados en la tramitación de la ley ni los informes contrarios del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etc., echaron para atrás tamaño disparate que eliminaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia que estipulan los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución.
Porque la ley es pura ideología. Ideología de género basada en mentiras y datos falseados. Empezando por el lenguaje. Y esta ideología aberrante es la que ha presidido las pasadas legislaturas en las que todas las leyes que se han aprobado han pasado por el tamiz de la ideología de género. Desde la ley del Registro Civil hasta la Ley de Ciencia pasando por la Ley de Sanidad, la Ley de igualdad o la Ley del divorcio. Sin olvidar la Ley del aborto, la Ley de identidad sexual o la Ley de matrimonios homosexuales.
No en vano la Ley integral de medidas contra la violencia de género fue la primera que se aprobó en el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero pues esta Ley obliga a cambiar todas las leyes anteriores y redactar las posteriores de tal forma que cumplan los disparatados postulados de la ideología de género.
Para ello se han manipulado y falseado datos oficiales, se han impuesto cuotas, se ha forzado el lenguaje, se ha dilapidado el dinero público, se ha controlado los medios de comunicación, se ha cambiado el programa académico de colegios y universidades y se ha creado un entramado de instituciones, organismos, observatorios y supuestas ONGs que se retroalimentan para manipular la opinión pública y justificar sus canalladas, su existencia y sus salarios.
Porque el fin último es eliminar los derechos del ciudadano y sojuzgarle mientras se le esquilman sus bienes.
Está ley está basada en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:
Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.
El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes“.
Cualquiera con un mínimo de sentido común y con el más elemental criterio de justicia entiende que esta legislación es aberrante. Baste el ejemplo de Jean Lucien, ciudadano belga, que terminó suicidándose tras sufrir las consecuencias de una legislación inicua.
- Desde la perspectiva belga, ¿qué opinión le merece la legislación española para este tipo de situaciones?
“Aberrante. Tenemos amigos abogados y policías y cuando les contamos lo sucedido nos dijeron que en Bélgica nunca hubieran detenido a un hombre en esas circunstancias sin hacer diligencias de investigación primero. Que sí se le hubiera retirado el pasaporte, se hubieran tomado medidas como ir a firmar al Juzgado cada x días para asegurarse de que no salía del país, se hubiera pasado aviso a la policía de fronteras, etc., pero su hubiera esperado a detenerle o no, al resultado de la autopsia por el médico forense. Les parecía que era actuar `al revés’: en toda Europa eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero este modo de actuar en España, para mi y para los demás compatriotas, profesionales o no de este campo a los que les hemos contado esto, nos parece que es sentar que los hombres son culpables hasta que demuestren lo contrario. De hecho, cuando nuestra abogada nos informó de que esto era posible a través de la Ley de Violencia de Género española, nos pareció una completa locura. En Bélgica hay legislación sobre violencia doméstica, pero nunca se haría de este modo. Como digo, siempre se haría una investigación primero y se encarcelaría después“.
No olvidemos que la aberrante ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso pese a su evidente inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional la validó por las presiones que sufrió como han reconocido diversos protagonistas de aquellos lamentables hechos. En fechas recientes tanto Alfonso Guerra como Joaquín Leguina han expuesto lo que sucedió. Éste último con evidente preocupación sobre qué y cómo contaba lo acontecido en aquella ocasión pues aún tiene miedo a las represalias.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la "igualdad" efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 37. Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
- Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334
