miércoles, 29 de abril de 2020

El PSOE pidió a sus diputados que preguntaran al Gobierno sobre violencia de género en plena pandemia


¿Cuáles son los intereses y prioridades del PSOE para lograr el bien público?
¿Sanidad? ¿Vivienda? ¿Empleo? ¿Infraestructuras? ¿Urbanismo? ¿Transportes? ¿Industria?  ¿Agricultura? ¿Pesca? ¿Ganadería? ¿Educación? ¿Ciencia? Etc.
Nada de lo anterior.
Su único interés es la implantación de la ideología de género. La principal herramienta de propaganda para lograrlo es la falacia de la violencia de género.
Bajo esta directriz ideológica totalitaria se modifican e imponen los criterios para controlar la sanidad, vivienda, empleo, infraestructuras, urbanismo, transportes… y educación.
No hay que olvidar las ingentes cantidades de dinero que mueve este inicuo negocio del que viven miles de estómagos agradecidos. Por dinero baila el perro.
En los siguientes enlaces puede verse un pequeño desglose de las preguntas “compartidas” y de la nula actividad de los parlamentarios del PSOE que no comparten ni renuncian a sus sueldos, dietas, etc.
Conviene repasar lo que propugnaba Friedrich Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” que ha dado origen a esta canallesca locura tiránica.
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El PSOE pidió a sus diputados que preguntaran al Gobierno sobre violencia de género en plena pandemia
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, charla con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias – EFE
Ana I. Sánchez – MADRID - 29/04/202
Lastra es la única parlamentaria socialista que ha formulado cuestiones al Ejecutivo por escrito sobre el virus y únicamente dos veces
El pasado 12 de marzo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia y tan solo una jornada antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el país entraría en estado de alarma, el Registro del Congreso recibió más cien preguntas escritas formuladas al Gobierno por un total 107 de los 120 diputados con los que cuenta el Grupo Socialista.
Sin embargo, ninguna de ella se refería al coronavirus sino a las inversiones realizadas con los fondos destinados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Grupo Socialista había dado a sus parlamentarios la indicación de que trasladaran esa cuestión al Gobierno, personalizándola en cada una de sus provincias de origen y duplicándola para interrogar separadamente por los años 2018 y 2019. Buena parte de la bancada cuadruplicó el enunciado al preguntar también por esas inversiones pero en su comunidad autónoma de origen. Y dos parlamentarias fueron aún más lejos planteando 126 veces la misma pregunta, por cada provincia y comunidad autónoma durante ambos ejercicios.
Hasta el 15 de abril nada
Y esta es la única cuestión por la que 103 de esos 107 diputados socialistas han preguntado al Gobierno en lo que va de legislatura. Entre ellos se encuentran la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, o la secretaria segunda, Sofía Hernanz, o la exministra socialista de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Sólo hay una diputada socialista que haya preguntado al Gobierno sobre el coronavirus, al portavoz del Grupo Parlamentario Adriana Lastra, pero ha esperado a hacerlo hasta el pasado 15 de abril -más de un mes después de la declaración de pandemia- y solo ha formulado dos cuestiones. La primera de ellas -relacionada con el ministerio de Fomento que dirige su compañero, José Luis Ábalos- se refiere al número de mascarillas de protección distribuidas por este departamento entre su personal. En la segunda interroga sobre el impacto de la epidemia y las medidas adoptadas para limitar la movilidad de los ciudadanos.
Podemos, más actividad
Esta falta de interés de la bancada socialista a la hora de plantear preguntas escritas al Gobierno acerca de la emergencia sanitaria se replica en Unidas Podemos, el otro partido que da apoyo parlamentario al Ejecutivo. De hecho, ninguno de sus 35 diputados ha planteado cuestión alguna acerca del virus al Ejecutivo. Solo Juan Antonio López de Uralde se ha aproximado en cierta manera al dirigir una cuestión acerca del estado de alarma, pero no referida a la salud (ver despiece adjunto).
Sin embargo, los diputados del PSOE y los de Unidas Podemos sí difieren en la variedad de sus preguntas. Frente a esos 103 diputados socialistas que únicamente han registrado una cuestión prefabricada por su grupo parlamentario -otros nueve no han preguntado nada y los cuatro restantes forman parte del Gobierno-, 16 diputados de la bancada morada plantean cuestiones de muy diversa índole al Ejecutivo. Desde preguntas que tienen que ver con el ámbito bancario a las prisiones, pasando por las relaciones con Arabia Saudí, los asuntos sociales, la vivienda, las infraestructuras o la ecología. Algunos de estos diputados suscriben la misma pregunta, pero en ningún caso se aprecia una indicación del grupo parlamentario para interrogar al Gobierno por una u otra cuestión, ni se multiplican las preguntas sobre el mismo tema para elevar los datos de actividad. Otros 14 diputados morados no han formulado aún ninguna cuestión y los cinco restantes integran el Ejecutivo.
La técnica de la multiplicación de la misma pregunta también falsea los datos de contestación del Gobierno. En el caso de la batería de cuestiones sobre violencia de género, el Ejecutivo ha remitido la misma respuesta a todas ellas: indica que no cuenta aún con los datos desglosados e ilustra a sus diputados respecto a dónde pueden encontrar las leyes e información pública al respecto.

viernes, 17 de abril de 2020

Justicia inicia el proceso para la reforma de la LECrim con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto


La instrucción en manos de la Fiscalía que, lejos de ser independiente, depende del Gobierno de turno. Por algo una de las primeras medidas de cada nuevo gobierno es cambiar al Fiscal general y a todos los Fiscales jefe. No es difícil imaginar cómo serán las instrucciones que darán a los subalternos. Recordemos que a diferencia de los jueces los fiscales no son independientes, sino que dependen jerárquicamente de sus superiores. En último término dependen del Fiscal general del Estado que actualmente es la feminazi y sectaria Dolores Delgado.
Siendo ministra Dolores Delgado, creó un comité asesor para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle una perspectiva de género. Dicho comité está formado por destacadas feminazis. Esto es, lo que hoy nos anuncian no es sino la continuación del trabajo que llevan realizando al menos durante los últimos dos años. En realidad, desde hace décadas.
La tiranía feminazi que padecemos sigue apretando las tuercas, eliminando derechos y libertades.
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
¿La fiscalía de quién depende?
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Justicia inicia el proceso para la reforma de la LECrim con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto
campo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press – Archivo
MADRID, 15 Abr. 2020 (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Justicia ha iniciado este miércoles los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto.
La reforma, que tiene como objetivo sustituir la actual norma vigente, que se aprobó en 1882, es una de las prioridades del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces, tal y como explicó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero. En ella se comprometió a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.
Para ello, Campo ha ordenado este miércoles la creación de la comisión de expertos, tras mantener una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Según recuerda el Ministerio en una nota de prensa, la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales.
Justicia explica que la necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas ha convertido la creación de un nuevo texto en una demanda ampliamente defendida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas.
Por ello, el objetivo será adaptar nuestro modelo de proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías.
Asi, el nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia, apostilla el departamento que dirige Campo.
Además, asegura que la futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La redacción de sus disposiciones a lo largo de todo este tiempo, desde que se aprobó hace 138 años, obliga a una \"reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales\", destaca el Ministerio.

Campo inicia en pleno estado de alarma la reforma que deja la investigación al fiscal
campo
El ministro Campo coge la cartera de Justicia de manos de Dolores Delgado, hoy fiscal general
Nati Villanueva MADRID 16/04/2020
Nombra coordinador del anteproyecto a uno de los jueces que fue sancionado (y luego absuelto por el Supremo) por excarcelar a El Negro
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio ayer el pistoletazo de salida a la elaboración del anteproyecto que dejará la instrucción de las causas penales en manos del fiscal. En su afán de tener listo el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Campo no ha esperado a que finalice el estado de alarma para anunciar la creación de la comisión de expertos que se encargará de esta reforma y que encabezará el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. López Ortega fue uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por acordar la libertad del narcotraficante El Negro. Posteriormente fueron absueltos por el Tribunal Supremo.
En una nota informativa, el Ministerio señala que la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo, y que desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero y se comprometió a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.
Aunque la mayoría de los países de nuestro entorno han adoptado este modelo procesal, lo cierto es que se produce en un momento en el que la imagen de imparcialidad e independencia del Ministerio Público no atraviesa en España uno de sus mejores momentos tras el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Su examen de idoneidad en el CGPJ provocó una de las fracturas más sonadas en su seno desde que inició su mandato.
La reforma de Campo, de la que fue precursor el exministro Francisco Caamaño con el propio Campo como secretario de Estado, pretende convertir al actual juez de instructor en un juez de garantías y que la investigación esté en manos de la Fiscalía. La futura ley procesal también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
Desde su aprobación hace 138 años, la actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. «La norma, con disposiciones redactadas a lo largo de tres siglos, obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales. Sus sucesivas reformas han provocado una progresiva acumulación de deficiencias estructurales producto de su inadecuación al tiempo presente, razón por la cual urge acometer la reforma integral que posibilite su actualización», señala la nota de Justicia.

Justicia inicia el proceso para la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto
campo
15 de abril de 2020
El Ministerio de Justicia ha iniciado hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El ministro Juan Carlos Campo ha ordenado esta mañana la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y ha mantenido una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Documentos asociados:

El Gobierno cambiará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle una perspectiva de género
celaa
Isabel Celaá, en un momento de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes. JAVI MARTÍNEZ
RAÚL PIÑA - Madrid - 31 AGO. 2018
El Gobierno de Pedro Sánchez presume de ser feminista y en la mayoría de las iniciativas políticas que está llevando a cabo apuesta por evidenciarlo, aunque en ocasiones incurra en sonoras polémicas como el decreto ley sobre violencia machista. La última iniciativa del Ejecutivo pasa por cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle una "perspectiva de género", según ha anunciado la ministra portavoz Isabel Celaá.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la normativa que regula las actuaciones judiciales en materia penal en España y cuyo último cambio se efectuó en 2015. Ahora, el Gobierno quiere darle una visión, según apuntan desde Moncloa, acorde a los tiempos actuales. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley desde un enfoque de género, a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual.
El Consejo de Europa define la perspectiva de género como "la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas".
Aunque ni desde Justicia ni la ministra portavoz se han ofrecido más detalles por el momento, desde el Ministerio se recuerda que la ministra de Justicia defendió en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque "no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada".
El consejo asesor que se ha nombrado tiene la misión de introducir esta sensibilidad en la normativa, pero igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal.
El órgano estará presidido por la propia ministra, con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, como vicepresidente. Lo componen: Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática; Mª Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares; y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación.
Desde el Ministerio de Justicia aclaran que los miembros del consejo no percibirán ninguna retribución, salvo el pago de los gastos de desplazamiento y hospedaje a los que residan fuera de Madrid. Asimismo, el funcionamiento del consejo será atendido con los medios existentes en el Ministerio de Justicia por lo que no supondrá incremento alguno del gasto público.

Orden JUS/902/2018, de 31 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018, por el que se crea un Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.

El Consejo de Ministros verá hoy una propuesta para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con enfoque de género
feminazis
EUROPA PRESS - Archivo
21/12/2018
El Consejo de Ministros verá hoy, 21 de diciembre, una propuesta preliminar elaborada por el consejo asesor encargado de revisar el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para darle "perspectiva de género".
Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado a Europa Press que un primer estudio, que no es definitivo, se verá en el Consejo de Ministros de este viernes. Ha sido realizado por un consejo asesor, que fue creado a finales del mes de agosto y presidido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en la Vicepresidencia.
Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente medidas "para reforzar la seguridad de las mujeres" tras el asesinato de la profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva).
Delgado ya apuntó que el informe del consejo asesor estaría listo el 19 de diciembre tras una revisión de todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de reformarla y actualizarla desde una perspectiva de género. La ministra reconoció que existe un problema de enfoque de género y de perspectiva de víctima a la hora de enfocar las normas y, por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá defendió esta revisión "habida cuenta de todos los problemas que enfrenta la lucha contra la violencia de género".
"En este repaso, hemos podido analizar todos y cada uno de los preceptos que necesitaban una revisión y lectura en violencia de género y la haremos pública, porque no olvidemos que en muchas ocasiones tenemos la víctima mujer, que también es testigo y la víctima menor, que también es testigo. En estos casos, es fundamental el análisis desde esta perspectiva de género y de víctima", señaló Delgado, que preside el consejo asesor, que también está integrado por mujeres con prestigio en el campo de la magistratura y de los estudios de género.



http://projusticia.es/bitacora/entradas/2020-04-15-justicia-inicia-el-proceso-para-la-reforma-de-la-LECrim-con-la-creacion-de-la-comision-que-elaborara-el-anteproyecto.html

Díaz saca a relucir el «sesgo de género» pero el paro se ceba más con los hombres por el coronavirus


Las feminazis no tienen el menor reparo en mentir para argumentar con falacias la necesidad de implantar medidas de “discriminación positiva” para justificar privilegios disfrazados de falsa igualdad.
Las mentiras feminazis son el soporte para justificar el expolio de las arcas del Estado y la existencia de estómagos agradecidos que viven parasitando al resto de los ciudadanos cual garrapatas.
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
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Díaz saca a relucir el «sesgo de género» pero el paro se ceba más con los hombres por el coronavirus
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
CALIXTO RIVERO
02/04/2020
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en sacar a relucir el «sesgo de género» al hablar de los datos del paro como consecuencia de la crisis del coronavirus, aunque los datos del propio Gobierno y de su departamento demuestran que el aumento de parados ha sido mayor en el caso de los hombres.
Díaz afirmaba lo siguiente: «Es cierto que el virus, el coronavirus, no tiene un impacto de género específico, pero no podemos desconocer, ténganlo en cuenta, que estructuralmente el mercado de trabajo español tiene un sesgo de género muy fuerte», destacando que de los 3,5 millones de parados, dos millones son mujeres. «Este carácter estructural se está imponiendo en nuestro país», afirmó.
El problema es que al mismo tiempo que hacía esta aseveración en Moncloa exponían una diapositiva que demostraba que en el mes de marzo 178.967 parados que se han generado han sido hombres y 123.298 mujeres. Es decir, que entre las personas que han pasado a engrosar las listas de los servicios públicos de empleo en el mes pasado hay un 45% más de hombres que de mujeres.
La aseveración de Díaz, entonces, es confusa: no «se está imponiendo» el sesgo de género en perjuicio de las mujeres en marzo, sino si acaso habría ocurrido todo lo contrario. En todo caso, habría un sesgo de género perjudicial para los hombres en este mes concreto.
El paro entre los hombres en marzo creció un 13,2% mientras que entre las mujeres avanzó un 6,5%. Además, por sexos, de los casi 900.000 ocupados que se han dado de baja de la Seguridad Social desde el 12 de marzo, 532.241 eran varones y 366.581, mujeres.
El peor mes para el mercado laboral en la historia
La Seguridad Social cerró el mes de marzo con un descenso de 833.979 afiliados, su mayor recorte de la historia, hasta situarse el número total de ocupados en 18.445.436, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo Inem, se disparó en 302.365 desempleados en marzo (+9,3%), también un repunte sin precedentes en la serie histórica.

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2020-04-02-Diaz-saca-a-relucir-el-sesgo-de-genero-pero-el-paro-se-ceba-mas-con-los-hombres-por-el-coronavirus.html

La Policía asegura que los delitos de violencia de género se han reducido a la mitad durante el estado de alarma


La realidad desmonta una vez más las mentiras feminazisLos sofismas sobre los que basan la necesidad de la industria del maltrato quedan al descubierto ante la realidad.
Pese a la evidencia las feminazis defienden su inicuo negocio y crean nuevas herramientas para ampliar la clientela y continuar el saqueo de las arcas del Estado a costa de arruinar la vida de miles de personas.
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
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La Policía asegura que los delitos de violencia de género se han reducido a la mitad durante el estado de alarma
policia
Un policía nacional monta guardia en la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid. Kiko Huesca EFE
FERNANDO LÁZARO
Madrid - Jueves, 26 marzo 2020
Los militares, que superan los 3.000 en la 'operación Balmis', han intervenido ya en más de 750 residencias de ancianos
La Policía asegura que los delitos vinculados con la violencia de género se han reducido prácticamente a la mitad desde el inicio del estado de alarma. Así lo ha expuesto el director adjunto operativo, José Ángel González, esta mañana en Moncloa. Asegura que han disminuido en un porcentaje similar al resto de la actividad delictiva. "En los diez primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia", añade.
Por su parte el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor, detalló que son prácticamente 100.000 las identificaciones realizadas por la Guardia Civil desde que se inició el estado de alarma de personas que estaban circulando y que podían estar vulnerando los acuerdos del decreto.
Por su parte, el Jemad, el general Miguel Ángel Villarroya, relató que ya son más de 3.111 los efectivos militares que están participando en la operación Balmis contra el coronavirus.
La distribución de efectivos llega a 203 localidades. El jefe militar explicó las actividades diversas de los militares, destacando las revisiones y desinfecciones en residencias de ancianos. Hoy tiene previsto revisar 154 residencias de mayores. En total, las Fuerzas Armadas llevan ya 753 residencias visitadas.
En el campo sanitario, el Centro Militar de Farmacia sigue volcado en la producción de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol; y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, con sus 500 camas está al máximo de su capacidad y está ampliando su espacio de hospitalización general y UCIs.
Ninguno de los tres mandos facilitó cifras sobre la cantidad de sus efectivos que están afectados por el virus o que se encuentran en cuarentena. Las asociaciones de guardias civiles, policías y militares los cifran en más de 9.000, número no negado por los responsables de la seguridad. No obstante, sí incidieron en que pese al alto número de afectados entre sus filas, la seguridad y la operatividad tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas de Seguridad del Estado no se verá afectada.
Por otra parte, la cúpula de la Guardia Civil se está viendo afectada de forma importante por el coronavirus. Primero fue su DAO, el general Laurentino Ceña, que aparecía en las ruedas de prensa para hacer balance, el que dio positivo. Pese a ello, sigue al frente de la Institución por vía telemática. También el número dos, su segundo de a bordo, el teniente general Fernando Santafé Soler, jefe del Mando de Operaciones; y el número tres, el teniente general Francisco Díaz Alcantud, jefe del Mando de Personal, según ha desvelado Confilegal. Díaz Alcantud no se ha querido hacer la prueba pero la evidencia de sus toses y los síntomas que presentaba eran asimilables a los del Covid-19, por lo que ha pasado al dique seco.

¿Tienes dudas sobre dónde pedir ayuda en caso de sufrir #ViolenciaDeGénero durante el confinamiento? En esta guía te explicamos cuáles son los recursos disponibles, cómo usarlos y respondemos a todas tus preguntas.


http://projusticia.es/bitacora/entradas/2020-03-26-la-policia-asegura-que-los-delitos-de-violencia-de-genero-se-han-reducido-a-la-mitad-durante-el-estado-de-alarma.html