Quien ha promulgado las leyes feminazis que conculcan la presunción de inocencia ahora reclama que se cumplan la lógica y los principios jurídicos básicos.
Quien ha destrozado la vida de miles de personas ahora exige que no destrocen la suya.
Tendrá su Núremberg y su Spandau.
Tendrán su Núremberg y su Spandau.
#STOPFEMINAZIS
Vigésimo primer aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.
Se enfadan si las llamamos feminazis.
Tendrán su Núremberg y su Spandau.
#STOPFEMINAZIS
https://x.com/sharoncalderong/status/2000914499197395369
La feminazi Peramato será la nueva Fiscal general del Estado. Dado el carácter jerárquico de la Fiscalía Peramato será quien establezca los criterios a seguir por el resto de fiscales. Por ejemplo, no perseguir las denuncias falsas y negar su existencia. Todo puede empeorar según dice el aforismo. Nos esperan malos tiempos.
Recordemos algunos de los muchos hitos feminazis de Teresa Peramato en su biografía feminazi:
- Niega la existencia de denuncias falsas.
- Niega la existencia de la alienación parental.
- Exige la formación de género obligatoria.
- Propugna juzgar con perspectiva de género.
- Falsea los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre el maltrato.
- Achaca a un 'error mecanográfico' la violencia de género en lesbianas.
- Obligar a creer “sí o sí” a la mujer.
El delito de genocidio no prescribe.
Tendrán su Núremberg y su Spandau.
El infierno de Fabián, Gabriel y Mafalda, salvados por grabar a su madre violenta y protegida por el sistema: "Esta noche te voy a matar. Vais a cagar sangre..."
#STOPFEMINAZIS
https://www.elmundo.es/cronica/2024/12/30/676a9147fc6c832c658b4578.html
Después de 50 años casados este hombre duda de que sus tres hijos sean suyos y pide pruebas de ADN.
- Pruebas de paternidad obligatorias a recién nacidos de una puñetera vez para evitar estas estafas (248 del Código penal).
- Derogación del artículo 116 del Código civil.
https://x.com/Dani_Espadafor3/status/1828326289767268730
3 de cada 10 test de paternidad revelan que el hijo es de otro padre.
https://cadenaser.com/emisora/2018/03/19/ser_las_palmas/1521467274_759806.html
Elon Musk traslada sus empresas X y Space X fuera de California por la nueva ley de identidad de género.
Este traslado se debe a la implantación de una nueva ley de identidad de género.
Gavin Newsom, ha firmado un proyecto de ley que causa una «destrucción» a «gran escala» de los derechos de los padres y pone a los niños en riesgo de sufrir un «daño permanente».
Ana Redondo, ministra de igualdad, niega el derecho de asociación a los hombres.
Esta feminazi es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Constitucional, además de profesora titular de Derecho Constitucional.
Tendrán su Núremberg y su Spandau.
La ministra Irene Montero ha pagado este viernes los 18.000 euros de indemnización a Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla –la presidenta de Infancia Libre indultada por el Gobierno tras la condena por el secuestro de su hijo–, por llamarle maltratador. Fuentes jurídicas informaron a ABC de que la titular de Igualdad ha depositado esta cantidad en la cuenta de consignaciones del juzgado. Lo ha hecho veinticuatro horas después de que este diario avanzara que la defensa de Marcos había instado la averiguación patrimonial de la titular de Igualdad tras constatar el incumplimiento de la sentencia.
De esta forma, y tres meses después del fallo del Tribunal Supremo Montero evita el embargo al que se exponía si no cumplía con el mandato de la más alta instancia jurisdiccional del país, pues contra su sentencia ya no cabía recurso alguno. Junto con la indemnización de 18.000 euros, Montero tenía que publicar en su cuenta de Twitter el encabezamiento y fallo de la sentencia, eliminar el tuit en el que compartió el video del discurso en el que realizó esas declaraciones, y publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la resolución en un periódico de ámbito nacional.
En conversación con este periódico, Rafael Marcos, que ha confirmado con su abogada Ruth Arroyo la consignación de la multa por parte de la ministra en funciones, reta a Montero a "cumplir el resto de la sentencia", puesto que siempre ha defendido que para él lo importante era la retirada del vídeo y el tuit que le impone el juez en su condena. Marcos lamenta que el tuit aún sigue en la red social. Por último, la ministra en funciones debe publicar en un diario de tirada nacional el encabezamiento de su condena, algo que tampoco se ha producido todavía para sanar sus deudas con la Justicia.
Las polémicas palabras de Montero que le han valido esta condena (contra la que ya no cabe recurso alguno) fueron pronunciadas durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres el 25 de mayo de 2022. La ministra se congratuló del indulto recién concedido a María Sevilla y lamentó que mujeres como ella sufrieran «injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores».
No hay ninguna sentencia que haya condenado a
Rafael Marcos por maltrato ni abusos al menor (todas las denuncias
interpuestas contra él han terminado en archivo) pero sí una contra
María Sevilla: a dos años y cuatro meses por el secuestro del menor, un
gesto que fue «premiado» por el Gobierno con esa medida de gracia. La
mujer mantuvo al pequeño retenido en una finca de Villar de Cañas
(Cuenca) sin escolarizar y en condiciones insalubres. «Recuerda que tu padre es el diablo; llévate la Biblia porque la vas a necesitar»,
le dijo, según relataron los agentes que liberaron al pequeño. En la
intervención que le ha valido esta condena Montero se refirió a Sevilla
hasta en cinco ocasiones como una «madre protectora»: «el indulto a
María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país»,
remarcó entonces la titular de Igualdad.
"Enjuiciamiento con perspectiva de género"
María Luisa Segoviano, magistrada del Constitucional.
Ésta es una de las personas que validará la constitucionalidad de las últimas leyes de género aprobadas en las Cortes.
Pero se enfadan si las llamamos feminazis.
Tendrán su Núremberg y su Spandau.
http://projusticia.es/videos/
Tres nuevos magistrados feminazis en el Tribunal Constitucional.
Segoviano es la más extrema. Se ha señalado en estos años como firme defensora de los postulados radicales del feminazismo.
Se unen a las feminazis ya presentes en el Tribunal. De ellas destacan Inmaculada Montalbán y Luisa Balaguer.
La primera es famosa por negar la existencia de denuncias falsas y falsear los datos de maltrato cuando era presidenta del Observatorio de violencia.
La segunda fue seleccionada en su día por ser experta en "género". Puede ser la nueva presidenta del Tribunal y tener el voto de calidad para desempatar votaciones.
También accede Campo que fue secretario de estado de justicia con Rodríguez Zapatero. Esto es, coautor de la ley de violencia de género.
Siguiendo las órdenes de quienes les han seleccionado, serán las encargadas de declarar constitucionales las últimas leyes feminazis que han aprobado en las Cortes y que luego no serán derogadas por el cobarde gobierno posterior a Pedro Sánchez.
Nos esperan al menos tres años de absolutismo feminazi en el Tribunal. En el BOE serán unos cuantos años más.
Estos son los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional. (Foto: EP)
Mariela Mensat – 27/12/2022
La renovación del Tribunal Constitucional llega a su fin con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados. Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, nombrados a propuesta del Ejecutivo que relevarán a Pedro González-Trevijano (presidente del TC) y a Antonio Narváez. Por otro lado, María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial, sustituirán al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a Santiago Martínez-Vares.
Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961):
Como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo tuvo en sus manos dos medidas de carácter jurídico con una muy relevante proyección política: los indultos a los políticos catalanes presos por el ‘procés’, con Oriol Junqueras a la cabeza, y la reforma del delito de sedición.
Fue Campo quien diseñó las medidas de gracia concedidas hace año y medio a los líderes del independentismo encarcelados por la intentona rupturista de 2017 y quien dejó también preparada la posible modificación de la sedición. Finalmente, y sobre este último cambio legislativo, Sánchez ha ido más allá de lo que en apariencia había dejado preparado su exministro al proceder no ya a una rebaja del delito por el que fueron condenados los secesionistas, sino a su derogación.
Campo, ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde enero de 2020 hasta julio de 2021, nació en la localidad sevillana de Osuna hace 61 años, es magistrado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como diputado por Cádiz, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso en tres legislaturas.
Sin ser un ‘sanchista’, se decantó por el hoy presidente del Gobierno en la disputa con Susana Díaz. Esta toma de partido le costó quedar excluido de las listas para las elecciones generales en 2015, pero Sánchez impuso que fuera incluido en la candidatura por Cádiz.
Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969):
Díez Bueso ha ejercido cargos gubernamentales en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, tanto en la pasada legislatura como en la actual, si bien algo más en la sombra que el extitular del departamento de Justicia.
De esta manera, Díez Bueso fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde febrero del año 2020, cuando la nombró la exvicepresidenta y exministra de Presidencia Carmen Calvo, y hasta el pasado 26 de abril, por lo que ha prestado sus servicios también para el ministro Félix Bolaños, quien sucedió a Calvo en julio de 2021 al frente de esa cartera. Previamente, había desempeñado el cargo de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo el mismo departamento de Presidencia, entre 2018 y 2020, cuando José Antonio Montilla ocupó ese puesto.
La futura magistrada del Tribunal Constitucional abandonó el Ministerio de la Presidencia para desempeñar a continuación la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, cuyo nombramiento tiene fecha del 25 de mayo. Este organismo se encarga de analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán.
También había sido destacable su paso previo por el Gobierno catalán, para el que había ejercido entre 2002 y 2004 de asesora para la reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma. Tras ese puesto y hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, un organismo asimilable al Defensor del Pueblo español, que tiene la función de atender las quejas de los ciudadanos sobre la actuación de la administración y que vela por el buen funcionamiento de las instituciones catalanas, tanto la autonómica como las locales. Al Síndic lo elige el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña y es políticamente independiente.
Díez Bueso tiene una amplia carrera académica: es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de la misma Universidad desde 2020. En el ámbito universitario, ha investigado sobre los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información, así como los sistemas universitarios y de investigación.
María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950)
María Luisa Segoviano, que se ha jubilado este mismo año 2022, ha sido la primera mujer que ha presidido una de las cinco salas del Tribunal Supremo, en su caso, la de lo Social, entre 2020 y su retiro el pasado mes de octubre. En el momento de su nombramiento para ese cargo contó con el apoyo aplastante del pleno del CGPJ.
Segoviano nació en una familia de juristas (su padre fue magistrado y su madre se licenció en Dererecho) y a esta disciplina también se dedican la mayoría de sus seis hermanos. Se especializó en laboral desde que en 1974 sacó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo, con destinos como Barcelona, Palencia o Valladolid. Posteriormente, en 1987, ingresó en la judicatura, y su primer juzgado fue el de Primera Instancia e Instrucción 1 de Bilbao, donde permaneció dos años, para pasar a continuación al Juzgado de lo Social 1 de Valladolid. Tras esa experiencia, en 1996, fue designada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla. Y de ahí pasó a magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde, antes de presidirla, permaneció catorce años.
En una reciente entrevista, Segoviano destacó que la puesta en marcha de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia para proteger el empleo fue una medida «muy acertada, positiva» y que se trata de un instrumento «potentísimo» para salvaguardar tanto los puestos de trabajo como las empresas. Por ello, invitó a que se vuelvan a utilizar en el futuro ante situaciones económicas negativas para ayudar al tejido productivo a sobrevivir.
De sensibilidad feminista, en alguna ocasión ha puesto de relieve en público la falta de mujeres en los cargos más altos de la judicatura y también se muestra muy preocupada con la violencia machista. De hecho, cuenta con publicaciones en este ámbito de la igualdad de género.
César Tolosa Tribiño (Segovia, 1957)
Preside la Sala III (de lo contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo y es magistrado de este alto tribunal desde el año 2014. Durante los diez años anteriores había presidido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tras haber sido presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo tribunal durante once años. Allí, previamente, había sido magistrado de la Sala Civil y Penal.
Tolosa ingresó en la carrera judicial en 1982 y si bien el grueso de su actividad profesional la ha desarrollado en Cantabria donde fue creciendo pasando por diferentes puestos del escalafón judicial, su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara), para dos años más tarde ascender a magistrado y ser destinado al Juzgado número 5 de Palma de Mallorca, ingresar en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejercer ya en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990.
La experiencia de Tolosa incluye también actividad docente en materias relacionadas con las jurisdicciones social y contencioso-administrativa, cuenta con publicaciones jurídicas y artículos doctrinales y ha colaborado con proyectos de cooperación judicial internacional.
https://okdiario.com/espana/estos-son-cuatro-nuevos-magistrados-del-tribunal-constitucional-10214931
El CGPJ elige por unanimidad al conservador Tolosa y a la progresista Segoviano y desbloquea la renovación del Constitucional
El presidente del CGPJ, Rafael Mozo (centro), preside el pleno extraordinario celebrado este martes. EFEPOOL
Manuel Marraco
Madrid - Martes, 27 diciembre 2022
El consenso llega tres días después de que Felipe VI advirtiera de la erosión de las instituciones y con la amenaza de fondo de un cambio en el sistema de elección
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este martes por unanimidad a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional. El conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano han sido elegidos por unanimidad de los dos bloques del Consejo: los 10 vocales del sector conservador y los ocho del progresista.
La decisión supone que se desbloquea la renovación del Constitucional. Ambos magistrados accederán al tribunal junto a los dos ya elegidos por el Gobierno, la ex asesora de La Moncloa Laura Díez y el ex ministro Juan Carlos Campo. En el cambio de cuatro de los magistrados del TC saldrán tres conservadores y un progresista y entrarán tres progresistas y un conservador. El resultado es que en unos días el Constitucional pasará a tener una mayoría progresista.
La unanimidad en torno a los dos nombres propuestos por el bloque conservador mayoritario llega apenas tres días después del mensaje de Nochebuena en el que Felipe VI alertaba de la erosión de las instituciones y pedía su fortalecimiento.
El acuerdo ha llegado por la decisión de los ocho vocales adscritos al sector progresista de apoyar a la magistrada de esta sensibilidad que el sector conservador había propuesto como alternativa al nombramiento de José Manuel Bandrés, que era la opción preferida por los progresistas. Según fuentes del Consejo, todos los vocales de la minoría han explicado que votaban a Segoviano por "sentido institucional" y ante la necesidad de salir de la situación de "bloqueo" a la que se había llegado. Cinco de los vocales progresistas han repetido esta fórmula.
Al nombre de César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, el bloque mayoritario había sumado a Segoviano como magistrada de prestigio progresista, considerando que Bandrés era un nombre propuesto por La Moncloa y demasiado próximo a Cándido Conde-Pumpido, candidato a presidir el TC tras la inminente renovación.
Un voto más
Segoviano, que abandonó recientemente el Supremo por jubilación, fue la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal. Fuentes del sector conservador resaltan que, si bien el acuerdo es fruto de la cesión de los progresistas -también se habría alcanzado si los conservadores hubieran aceptado a Bandrés-, parte de los sucedido se debe al perfil "inobjetable" de la magistrada progresista que se proponía.
El Pleno apenas ha durado los minutos necesarios para hacer la votación. Han estado presentes los 18 miembros actuales del Consejo, que en principio cuenta con 21 (una veintena de vocales y el presidente). La cifra responde a la renuncia de Carlos Lesmes como presidente, la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto.
Con 10 votos, el bloque conservador mayoritario solo necesitaba uno más para obtener los tres quintos que requiere la ley. El acuerdo estaba hecho cuando la primera progresista en intervenir, Roser Bach, ha apoyado la dupla Tolosa-Segoviano. Cuando también la progresista Mar Cabrejas ha votado lo mismo añadiendo el mensaje de la responsabilidad institucional, ha quedado claro que se trataba de una decisión del bloque minoritario del Consejo.
El último en votar ha sido el presidente del Consejo, el progresista Rafael Mozo. Ha sumado su apoyo a los dos candidatos elegidos y se ha felicitado por el acuerdo.
Por su parte, el vocal del mismo bloque Enrique Lucas ha pedido intervenir para mostrar su malestar por las informaciones que le señalaban como posible solución al bloqueo, contemplando que pasara a votar con el bloque conservador como reacción a la decisión de los progresistas de no haber apoyado a su hermano, Pablo Lucas, presentado como alternativa a Bandrés por los conservadores antes que Segoviano. Ha indicado que esa posibilidad no tenía fundamento y que su voto respondía solo a su responsabilidad como vocal.
La decisión adoptada este martes supone que el Gobierno ya no necesita reformar el sistema de designación de magistrados del TC. El plan del Ejecutivo era eliminar la necesidad de consenso en el CGPJ y que fueran al TC los dos que obtuvieran más votos, sin necesidad de alcanzar tres quintos de los apoyos.
Esta reforma fue paralizada la semana pasada por el TC por la forma en que se había tramitado. Existía también la posibilidad cierta de que, si se aprobaba por otra vía, fuera recurrida de nuevo ante el TC por el PP o Vox, o bien ante el Supremo por los propios vocales del Consejo.
Presión de plazos
El acuerdo pone fin a un problema que comenzó a gestarse con la reforma impulsada por el Gobierno que impedía al CGPJ en funciones hacer nombramientos. Cuando se vino encima el momento de designar a los dos magistrados del TC que corresponden al Consejo, el Ejecutivo comprobó que, sin ellos, tampoco los cos candidatos que le toca designar podían acceder al TC. Cambió la ley en julio imponiendo al CGPJ nombramientos en septiembre que con tanta premura no llegaron.
Las negociaciones y discusiones sombre los mejores candidatos y el espejismo de una intervención de la UE que desatascara la renovación del Consejo frenaron varias semanas el acuerdo que finalmente ha llegado. Los cuatro magistrados ya designados tendrán un mandato más corto que los nueve años previstos, ya que la ley establece que deben restarse los algo más de seis meses de retraso en su toma de posesión, que debía haberse producido el pasado mes de junio.
https://www.elmundo.es/espana/2022/12/27/63ab116621efa058228b45a8.html
Ayer celebramos la manifestación anual.
Resultó deslucida por la escasa participación, las obras en la Puerta de Sol y un policía con ganas de poner trabas.
En cualquier caso, seguimos luchando contra la ideología de género, sus aberrantes leyes y sus funestas consecuencias.
www.projusticia.es/madridnoviembre2022.html
http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-11-21-ayer-celebramos-la-manifestacion-anual.html
La justicia patriarcal.
El heteropatriarcado opresor.
La educación en manos de personas taradas que, lejos de enseñar, se dedican a adoctrinar en los dogmas feminazis y a perseguir a quien les lleve la contraria.
Huelga decir cual hubiera sido la sentencia caso de ser varón el profesor y proponer la mutilación genital de las mujeres.
Los privilegios de las feministas.
Recordemos la intervención de la “profesora” que afortunadamente un alumno pudo grabar.
http://projusticia.es/videos/aurelia-vera-castrar-a-los-ninos.mp4
Aurelia Vera, concejal del PSOE, en su clase pide castrar a los niños
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
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Archivada la causa contra la profesora de la ESO imputada por incitar al odio a los hombres
Un juez de la Audiencia de Vizcaya. E.M.
Manuel Marraco - Madrid - Martes, 14 junio 2022
La Audiencia de Las Palmas reconoce su "apología extrema del feminismo" pero cree que cuando habló de "castración selectiva" solo quería "provocar" el debate
La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa por un presunto delito de odio a lo hombres abierta contra una profesora de un centro público de Fuerteventura que en mayo de 2019, en clase de Lengua y Literatura a alumnos de 4º de la ESO (16 años), usó expresiones como "uso de la castración selectiva" u "hombres que no tienen huevos". Lo hizo a raíz de la lectura de un capítulo de la obra El cuento de la criada de Margaret Atwood.
La Sección Sexta de la Audiencia ha estimado el recurso de la profesora contra el auto que tras la investigación consideró que había indicios suficientes para llevar a juicio a la profesora. Tanto la Fiscalía como la asociación de padres denunciante del caso -Asociación de Padres de Alumnos por el respeto- se oponían al archivo solicitado.
La Fiscalía pedía para Aurelia Vera, ex concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, un año y seis meses de prisión, multa y 10 años de inhabilitación para ejercer la docencia.
El tribunal no cree que la conducta de la profesora "revista una notable gravedad". Estima que su actuación "no se debió a motivos de corte discriminatorio", y que las expresiones que usó "no tienen una entidad de relevancia, ni se constata obedezcan a razones de este tipo".
Como en la serie
Recuerda cuando utilizó las expresiones controvertidas lo hizo porque estaba comentando a sus 60 alumnos una obra en el que se habla de la mutilación genital femenina. Lo que estaba haciendo era utilizar el término de la "castración selectiva" como "concepto antagónico al de mutilación femenina que en uno de sus capítulos recoge la famosa producción televisiva".
A preguntas de su abogado, la mujer afirmó que su intención no era denigrar ni ofender, sino que quería transmitir "que los derechos de las mujeres podrían ser perdidos en cualquier momento y los hombres podrían ser beneficiarios".
A juicio del Tribunal, la transcripción realizada de los audios grabados durante la clase "revela un discurso feminista extremo por parte de la profesora, advirtiéndose que el interés de la misma no era incitar al odio, o a la violencia contra el sector masculino, al que pertenecían gran parte de los oyentes, sino que se advierte, por el uso de expresiones tan radicales como el 'uso de la castración selectiva', u 'hombres que no tienen huevos, que la intención de la misma era provocar en los adolescentes una explosión de pensamiento crítico acerca del tema".
"Expresiones radicales"
"Ciertamente las expresiones son radicales, extremas", reconocen los magistrados, "pero adecuadas para provocar esta reacción en alumnos de 4º de la ESO". "Con eso no queremos decir que el tribunal comparta la apología extrema del feminismo que la profesora realizaba en su aula, pero sí que la técnica utilizada era adecuada para provocar a sus oyentes, de manera que la finalidad pretendida con el uso de tales expresiones, no puede aislarse de los fines docentes ó formativos de su alumnado", prosiguen los magistrados.
A juicio de la Sala, es "evidente" que la conducta de la docente no encaja en el tipo penal del delito de odio, pues no se trató de una "acción de fomento, promoción o incitación directa al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo".
Al contrario, argumenta el tribunal, "con el ataque a los hombres, o a los años de dominación masculina, quiso despertar el sentimiento feminista de los chavales, de una manera extrema y quizás embutida en su propia ideología feminista, pero ello no convierte las expresiones en una incitación al odio al sexo masculino".
"Causante de grandes males"
El archivo de la causa ha sido adoptado por los magistrado Emilio Moya (presidente), Carlos Vielba y Oscarina Naranjo en contra de la postura del fiscal. En su escrito de acusación, ahora desactivado por el tribunal, el fiscal afirmaba que la profesora señalaba en sus clases «al sexo masculino por su propia naturaleza como causante de grandes males para la humanidad».
Según publicó Canarias7, la mujer actuaba «con el ánimo de suscitar el odio, hostilidad, discriminación y violencia contra las personas de sexo masculino», así como de «atentar contra la dignidad humana de sus alumnos varones menores de edad y denigrarlos y menospreciarlos por razón de su sexo, y con la finalidad de alimentar un clima de humillación, descrédito y repulsión hacia los hombres».
El escrito de acusación insistía en que Aurelia Vera promovía «el sometimiento de los varones en la sociedad e incluso la eliminación de su masculinidad física, mediante la mutilación genital, inculcando la conveniencia de la implantación de una política de castración sistemática de los niños, amputándoles el pene y los testículos, para la mejora social».
https://www.elmundo.es/espana/2022/06/14/62a893bee4d4d85d1f8b45a5.html
La última aberración feminazi.
Como siempre, contraria al sentido común y al más elemental criterio jurídico independientemente de la faceta desde la que se analice.
Cualquier mujer podrá solicitar que se le considere víctima de violencia de género para poder acceder a los privilegios que el “Estado del bienestar” le brinda y que está resolución detalla sólo en parte. Da igual que haya absolución, condena, etc. Bastará con que la mujer tenga pensado pedirlo ante cualquiera de los innumerables chiringuitos feminazis.
En realidad se venía aplicando desde antes de la aberrante ley de violencia de género de la que esta resolución no es sino una extensión más. Ahora el "coladero" está en un texto publicado en el BOE para dar cobertura legal a las parásitas y a todos los vividores de la industria del maltrato.
No hace falta haber pasado por la facultad de derecho para darse cuenta de la aberración. Esto es, estamos ante una más que evidente prevaricación. Cuestión aparte es el nivel académico de quienes han redactado esta aberración. Tanto en el aspecto "legal" como en el "literario". Estamos gobernados por personas muy mediocres.
Pero se enfadan si las llamamos feminazis.
Tendrán su Nuremberg y su Spandau.
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Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.
Segundo. Situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa.
La acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género objeto de los procedimientos básicos de acreditación a los que se refiere el presente acuerdo podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones:
– Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.
– Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.
– Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.
– Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.
– Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas.
– Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.
En estos supuestos, la expedición de la acreditación por los organismos/recursos/servicios designados por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, recogidos en el anexo 2 del presente acuerdo, y que será objeto de actualización periódica por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de acuerdo con lo estipulado en el punto 7, requerirá la valoración previa del equipo de intervención/ asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro recurso de la red de recursos al que esté acudiendo la persona usuaria.
