Los 'populares' podrían abstenerse en función de las enmiendas suyas que se acepten durante la sesión plenaria
PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, después de que esta tarde haya finalizado el trámite de esta normativa tras dictaminarse en la Comisión de Asuntos Sociales, si bien el PP ha mantenido vivas para su debate en la sesión plenaria 62 enmiendas, mientras que el Grupo Mixto (UM) mantiene un total de 10.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Ponencia para la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y diputada del PP, Isabel Llinàs, ya ha anunciado que su grupo no votará a favor de la citada normativa, aunque no se descarta que su grupo se pueda abstener en la votación de esta Ley, aprobada por el Govern el pasado 11 de junio y que, entre otros aspectos, contempla que el impago de las pensiones se considerará un caso de violencia económica contra las mujeres equiparable a la violencia física o psicológica.
Para evitar que su grupo vote en contra de la Ley, ha precisado que se tendrían que aceptar, al menos, aquellas enmiendas que solicitan que no se creen cinco organismos diferentes para poder restar competencias al Institut Balear de la Dona que es, a su juicio, el organismo que debe "planificar todas las políticas de igualdad en Baleares". "Pretenden desmembrar el Institut de la Dona y no lo podemos aceptar", ha recalcado.
Por otro lado, ha explicado que otra de las enmiendas del PP que también se deben aprobar para que su grupo no vote en contra de la Ley es la que reclama la supresión del artículo, que establece que ningún colegio o centro escolar con educación diferenciada entre sexos podrá recibir fondos públicos.
"No estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que los padres deben poder elegir en igualdad de condiciones la enseñanza que quieren para sus hijos, de forma que si la Constitución nos dice que la gratuidad de la enseñanza básica es un derecho, también los citados centros escolares deben tener la posibilidad de acceder a la financiación pública", ha indicado Llinàs.
De esta manera, los 'populares' pretenden que puedan acceder a fondos públicos los tres colegios ubicados en el Parc Bit de Palma, promovidos por la Fundación Educación y Familia de las Islas Baleares, próxima al Opus Dei, denominados Aladern, Aixa y Llaüt, y en los que se imparte las clases divididas por sexos.
Además, Llinàs ha recordado que también hay colegios de órdenes religiosas que tampoco pueden acceder a fondos públicos, debido a que las clases también están separadas por sexos.
UM DEFIENDE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Por su parte, el Grupo Mixto, concretamente, los diputados de la antigua UM, mantienen diez enmiendas vivas, mediante las cuales defienden la custodia compartida de los hijos como un principio general cuando se produzca la separación o el divorcio de una pareja. No obstante, admite que, al final, será el juez quien, a la vista de las circunstancias, decida si puede haber o no una custodia compartida de los hijos.
En declaraciones a Europa Press, el diputado del Grupo Mixto Josep Melià ha manifestado que, en función de si aceptan o no sus enmiendas, decidirá la postura de su voto a la Ley de Igualdad en el Pleno del próximo martes.
Finalmente, durante la tramitación parlamentaria de esta normativa, se admitieron dos enmiendas presentadas por el Bloc y que hacen referencia a poner fin a la explotación sexual.
VIOLENCIA ECONÓMICA
El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene siete títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".
Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer. Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.
Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres. El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 por ciento ni sea inferior al 40 por ciento.
Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres. Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.
Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.
La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.
Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.
