sábado, 15 de febrero de 2020

Se repite el ridículo del Ministerio de igualdad negando la existencia del Síndrome de Alienación Parental.




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Se repite el ridículo del Ministerio de igualdad negando la existencia del Síndrome de Alienación Parental.

8 de febrero de 2020
En el día de ayer ha tenido lugar en el Ministerio de igualdad una jornada “científica” para negar la existencia del Síndrome de Alienación Parental (1).
No deja de ser un nuevo intento de ocultar la verdad (2) por miedo a perder el lucrativo negocio de la industria del maltrato (3) financiada generosamente a costa de los Presupuestos generales del Estado (4).
La jornada ha sido organizada por la Asociación de mujeres juezas de España (5). Reducto feminazi que no debería existir al prohibirlo la legislación vigente. Menos aún es admisible que el Gobierno le preste apoyo tanto cediéndole las instalaciones como colaborando en la divulgación de sus falacias. Tomen nota los afectados por las resoluciones de estas juezas y apunten su recusación como primera medida.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Artículo 2. Contenido y principios.
7. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
9. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de los poderes públicos.
Artículo 4. Relaciones con la Administración.
5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La jornada ha contado con la intervención de los habituales personajes que basan sus ingresos mensuales en la ocultación y manipulación de datos cuando no la negación de lo evidente (6). Como es el caso que nos ocupa o el asunto de las denuncias falsas (7) íntimamente ligado al SAP. Los postulados de este colectivo radical chocan de frente con el reconocimiento del problema por parte del Defensor del menor (8), del Colegio de psicólogos (9), del Colegio de Médicos (10), de la Real Academia Nacional de Medicina (11) y de la Organización Mundial de la Salud en su guía CIE-11, en la que bajo el código QE 52 dentro del apartado “Factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud” (12), describe la “Alienación Parental” como «un problema de relación entre la persona que cuida a un niño y que influye en su estado de salud».
También quien fuera presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, reconoció no sólo la existencia del SAP en carta a una madre afectada (13), sino su gravedad dadas las consecuencias en los menores (14).  La carta iba dirigida a una madre pues la maldad no distingue de sexos ni condición social.


Pese a ello, las feministas repiten el ridículo del año 2009 en el que organizaron un acto en el Ministerio de Igualdad para proclamar la inexistencia del SAP (15).
Argumentan estos personajes que el Síndrome de Alienación Parental no está incluido en ninguna guía científica, como el DSM. Cosa que es falsa como hemos acreditado más arriba. Pero la majadería de su argumento decae con facilidad pues tampoco lo están el Síndrome de Estocolmo, el Síndrome de Munchausen o el Síndrome de la mujer maltratada. Éste último constantemente citado en los informes (16) que emiten los “profesionales” que trabajan a la sombra de la industria del maltrato. Por ejemplo, el caso de Antonio Escudero involucrado en los informes falsos hechos con “multicopista” por las integrantes de la asociación Infancia Libre (17). De hecho, las feminazis sólo citan como texto científico que desacredita el SAP un artículo disparatado del propio Antonio Escudero (18). No olvidemos que alguno de estos niños alienados por las integrantes de Infancia Libre no sabía ni hablar (19) pues los tenían “encarcelados”.

Primera mesa de la jornada “Análisis multidisciplinar del denominado SAP”, con Carmela del Moral Blasco (Save the Children), Inés Herreros Hernández (Fiscal),Sonia Vaccaro Ceccarelli (Psicóloga clínica) y Concha López Soler (Profesora), con Maria López de la Usada como relatora.
Nos quieren hacer creer que a un niño no se le puede alienar y que los niños siempre dicen la verdad las mismas “expertas” que sostienen que las “maltratadas”, mujeres adultas, sufren ese mismo proceso y se ven incapaces de salir de él. Baste el siguiente vídeo para demostrar la palmaria falsedad de su argumento.
Con un penoso ataque ad hominem difaman a Gardner, quien tipificó el Síndrome de Alienación Parental, acusándole entre otras aberraciones, de pedófilo pese a ser uno de los impulsores de la Ley Megan (20). Acusación basada en tergiversaciones de sus escritos y que él mismo refuta con la documentación correspondiente (21). Curiosamente quienes usan estos argumentos expuestos en el Ministerio son parte del equipo que “dirigía” Jorge Corsi. Gurú del colectivo que imparte cursos por doquier para adoctrinar en cómo se ha de evitar el maltrato a las mujeres y a los niños. Jorge Corsi cumplió condena en Argentina por abusos sexuales a menores (22).
El Observatorio de Violencia de género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, niega la existencia del SAP y exige a los operadores judiciales que no lo usen. Atribuyéndose unas competencias que no tiene pues no deja de ser el órgano de gobierno de los jueces. Pero este órgano nada tiene que ver con ciencia alguna sobre el comportamiento humano, como sí lo tienen los médicos en general y los psiquiatras en particular. No sorprende por tanto que, ante la solicitud de entrevista para tratar estos temas, Inmaculada Montalbán rechazase la petición argumentando que “no corresponde a los/as Vocales del CGPJ mantener este tipo de entrevistas, cuyo contenido parece corresponder a otros foros de debate”. Actitud y hechos que vienen siendo una constante desde la creación de este órgano feminazi. No olvidemos que también niegan la existencia de denuncias falsas de maltrato y la aberración legal de que a las mujeres hay que creerlas sí o sí, eliminando la presunción de inocencia.
Resulta evidente que el mejor medio para prevenir el SAP es la Custodia Compartida (23) de los hijos tras las separaciones conyugales toda vez que se impide al alienador disponer no sólo de mucho más tiempo para proceder a su nefanda labor, sino que se evita que se le prive a los niños de conocer la otra versión al mantenérseles alejados del otro progenitor.
Pero esta sencilla solución, la Custodia Compartida, adoptada por la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno con resultados contundentes en beneficio de los menores y de los adultos, choca de frente con los intereses económicos de los grupos feministas radicales, quienes vienen imponiendo cambios legislativos (24) que han mandado a la alcantarilla principios jurídicos básicos como el principio de presunción de inocencia, como queda reflejado en el artículo trece de la Ley de igualdad (25). La ley integral de violencia de género (26), la ley del divorcio (27), la ley de mediación familiar (28), reglamentos, protocolos, etc., no han hecho sino ahondar en la perversamente llamada discriminación positiva, facilitando el soporte legal necesario para mantener la industria del maltrato.
Hemos de recordar los graves perjuicios que sufren los menores. los hijos de padres separados que han sufrido las consecuencias de haber sido apartados de una relación normal con uno de sus padres y la familia extensa. Según el U.S.A. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Familie, National Center on Child Abuse and Neglect, 1996, en contraste con los hijos que conservan el trato con su padre, los hijos que crecen sin conservar el contacto y relación con su padre, son (29):
- 5 veces más propensos a cometer suicidio.
- 32 veces más propensos a irse de casa.
- 20 veces más propensos a tener desórdenes de conducta.
- 14 veces más propensos a cometer actos de precocidad y abuso sexual.
- 9 veces más propensos a abandonar los estudios.
- 10 veces más propensos a abusar de substancias químicas y drogas.
- 20 veces más propensos a acabar en prisión.
Baste recordar el caso de María José Carrascosa cuya familia en pleno lavaron el cerebro de la menor (30), tal y como constató el perito del juzgado (31).
Todo lo expuesto no es sino parte de las consabidas mentiras de las feministas (32), repetidas una y otra vez siguiendo el manual de Goebbels.
No queremos concluir sin hacer mención a la reacción totalitaria de estas feminazis. Primero hicieron intervenir a cinco policías del interior del Ministerio para amedrentar a quienes se manifestaban silenciosamente ante la puerta del Ministerio para dejar constancia de su oposición a esta malversación de caudales públicos, a la ideología de género (33) y a sus aberrantes leyes (34). Como quiera que no consiguieron su propósito hicieron venir a cinco coches patrulla de la Policía Nacional. La habitual reacción de quienes no toleran disidencia ni oposición alguna. ¿Prevaricación de unas mentes totalitarias?



Dpto. de prensa
Asociación PROJUSTICIA
Telf.: 620100000

1.- Síndrome de Alienación Parental.
2.- Así nos informan. Censura informativa.
3.- Industria del maltrato.
4.- Subvenciones, beneficiarias y uso de las mismas.
5.- Programa de nuestra Jornada sobre el «Síndrome de Alienación Parental», un análisis multidisciplinar. 7/2/2020
6.- Los méritos de Lorente Acosta: servir de soporte a las mentiras feministas.
7.- Denuncias falsas de maltrato.
8.- Defensor del Menor alerta sobre el Síndrome de Alienación Parental.
9.- Colegio de psicólogos se posiciona acerca del SAP.
10.- Colegio de médicos se posiciona sobre el SAP.
11.- Real Academia Nacional de Medicina. Maltrato infantil.
12.- Organización mundial de la Salud. CIE 11. Alienación Parental.
13.- Carta de Rodríguez Zapatero a madre afectada por SAP
14.- Nuevo ridículo del Ministerio de igualdad negando la existencia del Síndrome de Alienación Parental.
15.- Igualdad niega un síndrome que Zapatero tildó de 'grave problema'.
16.- Informes falsos.
17.- El psiquiatra de Infancia Libre asesoró a Zapatero para dejar a los padres sin defensa ante denuncias falsas.
18.- Ciencia y pseudociencia en salud mental: el «síndrome de alienación parental» (SAP). La apariencia científica como justificación para su uso en litigios por la custodia de los hijos.
19.- Detenida la presidenta de Infancia Libre por secuestrar a su hijo: "Vivían como animales"
20.- Ley Megan.
21.- Misperceptions versus facts about Richard A. Gardner, M.D.
22.- Jorge Corsi detenido.
23.- Custodia Compartida.
24.- Legislación feminista.
25.- Ley de igualdad o de desigualdad.
26.- Ley integral contra la violencia de género.
27.- Ley del divorcio.
28.- Ley de mediación familiar.
29.- Consecuencias de separaciones en los hijos.
30.- Victoria Carrascosa dice que la niña tiene recuerdos de maltrato.
31.- Informe del perito del juzgado de Valencia sobre Victoria Innes Carrascosa.
32.- Mentiras de las feministas.
33.- Feminismo de género.
34.- La ideología de género en el derecho español.

Notas de prensa anteriores

Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

Ejemplos de la legislación feminazi española.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la "igualdad" efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 37. Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

- Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

lunes, 27 de enero de 2020

Irene Montero ficha a una pareja de activistas de Podemos para Diversidad Sexual y Mujer


Las feminazis siguen copando los puestos clave de la Administración del Estado.
De esta forma implantan su nefanda ideología de género, vigilan su aplicación y persiguen al disidente/opositor.
La pareja tiene un largo y tenebroso historial. Incluido el abuso de menores.
Llevan años viviendo del erario público en todo tipo de cargos inútiles.
El sitio más adecuado para Gimeno y García es la sección de psiquiatría de la cárcel correspondiente.
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Irene Montero ficha a una pareja de activistas de Podemos para Diversidad Sexual y Mujer
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Boti García y Beatriz Gimeno
OKDIARIO - 13/01/2020
La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, ha fichado a la diputada regional de Podemos Beatriz Gimeno para dirigir el Instituto de la Mujer y a la ex presidenta de la Federación LGTBI Boti García para la dirección general de Diversidad Sexual.
Ambas se casaron por lo civil en 2005 en el Ayuntamiento de Madrid en un enlace muy mediático al ser uno de los primeros matrimonios homosexuales de la capital. No obstante, actualmente Gimeno dice que es «divorciada» en su declaración de bienes actualizada en la web de la Asamblea de Madrid.
Tanto una como la otra han participado muchas veces en la campaña electoral de Podemos. De hecho, Gimeno lleva dos legislaturas como diputada morada en la Asamblea de Madrid donde viene cobrando 3.800 euros al mes.
Dirección General
Boti García Rodrigo, ex presidenta de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), será la directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. Se trata de una dirección general de nueva creación y que se ubicará en igualdad. En el pasado Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tenía una Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad.
Por su parte, Beatriz Gimeno será la directora del Instituto de la Mujer, tal y como han informado las mismas fuentes. Gimeno fue también la presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) entre 2003 y 2007 y responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Por último, este lunes se ha confirmado la identidad de la jefa de gabinete de Montero: será la hija del histórico de IU Willy Meyer, Amanda Meyer, abogada y activista por los Derechos Humanos y miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE). Fue secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda del gobierno de la Junta de Andalucía, desde junio de 2012 a febrero de 2015 y fue una de las principales promotoras de la Ley de la Función Social de la Vivienda.
Promesa de Montero
Montero ha prometido este lunes, al recibir la cartera de manos de su antecesora, Carmen Calvo, que «se dejará la piel» para poner la vida de las mujeres «en el centro, para luchar contra «todas las violencias machistas», para conseguir «la libertad y autonomía» de las mujeres y «para dejar de ser las otras».
«Nos ponemos a disposición de los hombres y especialmente de las mujeres de este país para que el feminismo sea una bandera de este Gobierno», ha indicado durante su primer discurso como ministra en la sede de la Secretaría de Estado de Igualdad en Madrid.
«Este Ministerio de Igualdad será un Ministerio feminista igual que el Gobierno», ha remarcado, expresando su «condena rotunda» a todas las violencias machistas, así como su «firme compromiso» para acabar con ellas. «Para que no haya ni una víctima más, para que no seamos ni una menos», ha expresado.
En concreto, durante su discurso, ha recordado a la última víctima oficial de la violencia de género, una mujer presuntamente asesinadas por su pareja en Puertollano y ha deseado la «pronta recuperación» para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que evitaron un crimen machista recientemente en Madrid.
Montero ha hecho una mención especial a «todas las mujeres que impulsaron el feminismo», y se ha referido en concreto a la primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. También a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha acudido al acto para reunirse con la nueva ministra. Mujeres que lucharon contra el franquismo y feministas de los años 70 y 80 también han formado parte de su primer discurso como ministra de Igualdad.
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Irene Montero, a su llegada a la sesión de investidura. (Foto: Paco Toledo)
Tras ello, ha mencionado a otras mujeres, como «las madres trabajadoras precarias» o las jóvenes estudiantes, o «las acosadas, agredidas y maltratadas», y también se ha referido al 8M y a las que impulsaron el feminismo desde «las calles». «Os necesitamos en alerta, vigilantes, sois nuestra brújula para no perder nunca el camino», ha rematado.
Desde el Ministerio de Igualdad, según ha destacado Montero, pondrán el foco en la reorganización de los cuidados» y en «la libertad sexual» de las mujeres. Dicho Ministerio «feminista» será un lugar «donde creemos a nuestras hermanas y donde no hay ni una menos».
Para Montero, España es «referente» en materia de igualdad y por ello ha agradecido el trabajo realizado por el equipo anterior, capitaneado por Carmen Calvo, quien en su intervención ha expresado su satisfacción por este traspaso de carteras que es «un relevo generacional».
«Solo unidas podemos»
«Tienes un tajo en el que estaremos todas, también las más veteranas», le ha dicho Calvo a Montero. Tal y como ha reiterado la vicepresidenta, «no sé puede construir democracia sin atender a una desigualdad» que afecta a una mitad de la población que es mayoritaria. «Sólo unidas y juntas podemos seguir avanzando en la mejor igualdad», ha defendido.
Aparte de la cúpula del Ministerio de Igualdad saliente, al acto del traspaso de carteras han asistido otros ministros recién nombrados: Fernando Grande-Marlaska, Alberto Garzón, Luis Planas y Carolina Darias. También han acudido la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.


http://projusticia.es/bitacora/entradas/2020-01-13-Irene-Montero-ficha-a-una-pareja-de-activistas-de-podemos-para-diversidad-sexual-y-mujer.html

La maraña legislativa se cuadruplica en 40 años y roza las 12.000 normas al año

Nuestros queridos políticos no dejan de complicarnos la vida cambiando las reglas de juego cada dos por tres. En España legislan el Congreso, el Senado, las Autonomías, las Diputaciones, los Ayuntamientos… No hay horas en el día para leer, menos aún estudiar, el chorreo de páginas de legislación nueva.
Las graves consecuencias las padecemos diariamente. Desde la inseguridad jurídica hasta la ralentización de la actividad económica pasando por las dudas en las relaciones personales.
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La maraña legislativa se cuadruplica en 40 años y roza las 12.000 normas al año
Consejo de política fiscal y financiera - EP
MADRID 25/01/2020
Un estudio publicado por el Banco de España avisa de que la presión regulatoria reduce el número de empresas
La Administración pública española se ha convertido en una fábrica de legislación. El Estado, las comunidades autónomas y la administración provincial y local produjeron en conjunto 11.737 normas solo en 2018, según cifras de la base de datos de Aranzadi recopiladas por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España. Esa producción normativa supone cuadruplicar las 3.012 normas aprobadas en 1978, al inicio del periodo democrático, y tiene un efecto nocivo sobre la eficiencia y productividad del tejido empresarial del país.
Según un documento de trabajo de Mora-Sanguinetti y el economista de la Universidad Carlos III Ricardo Pérez-Valls publicado esta semana por el supervisor, esa «sobrerregulación» se traduce en la constitución de menos empresas. En concreto, el estudio calcula que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05% menos de empresas en promedio. El informe detalla que esa maraña legislativa favorece el aumento del número de personas físicas empresarias, pero reduce en mayor medida la creación de sociedades limitadas.
«La regulación dificultaría la presencia de competidores grandes que podrían trabajar en varios mercados regionales al mismo tiempo y, por el contrario, parece favorecerla presencia de pequeñas empresas, como pequeños emprendedores, más conectadas con un mercado local o provincial», concluyen los investigadores en su análisis del impacto que la carga normativa tiene sobre la demografía empresarial en España, en el que apuntan además a posibles efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad.
Los mercados necesitan evidentemente normas. Ahora bien, un número desproporcionado de legislación y normas confusas o que se solapen o dupliquen según el nivel administrativo pueden acabar asfixiando la actividad empresarial y, por tanto, el crecimiento económico. En España, entre 1979 y 2018 se han aprobado un total de 364.267 normas, entre leyes orgánicas, reales decretos ley, leyes autonómicas, decretos legislativos regionales, decretos forales y ordenanzas municipales.
¿A qué se debe esa creciente complejidad normativa? Básicamente al desarrollo del Estado de las autonomías, lo que hizo que a partir de 1978 aumentase el número de administraciones con capacidad de aprobar normativa con rango de ley, según explican los autores del citado estudio. A ello hay que sumar un incremento notable de la legislación local en los últimos cinco años.
Esa tendencia queda reflejada en el peso que cada nivel de la Administración pública ha ido adquiriendo sobre el total de legislación aprobada en España. Si en 1979 la Administración central era responsable del 88,6% de los nuevos textos legales y las comunidades autónomas del 11,3%, al cierre de 2018 sucedía prácticamente lo contrario: el Estado generó ese año el 14,7% de la normativa del país y las regiones el 71,8%. Los municipios y las provincias se encargan del 13,5% restante, «un peso no despreciable», según Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.
Las autonomías, clave
Es más, en esos 40 años la producción legislativa de la Administración central se ha mantenido más o menos estable en torno a las 2.000 normas anuales. Y eso que entretanto, el Estado ha tenido que ir transponiendo al ordenamiento jurídico nacional toda la legislación que emana de la Comisión Europea, normalmente a través de directivas comunitarias.
Las comunidades autónomas, por contra, han disparado el número de hojas de sus boletines oficiales y solo en 2018 aprobaron 8.436 normas de las 11.737 de todas las administraciones. «Este nivel de gobierno, por tanto, es el más importante para explicar los posibles impactos económicos que puedan encontrarse», dice el documento publicado por el Banco de España.
Cataluña, según este estudio, es la comunidad con mayor producción normativa, pues ha generado el 12% de la legislación autonómica desde 1983, cuatro puntos porcentuales más que Andalucía y Castilla y León (8%) y el doble que Madrid, País Vasco, Navarra y Aragón, responsables de un 6% cada una. La Rioja y Cantabria, responsables de un 3% de la legislación cada una, son las que menos legislan (ver gráfico).
Ahora bien, la intensidad legisladora de cada región está muy relacionada con su tamaño y su peso sobre el PIB nacional. A mayor población y mayor peso sobre la economía nacional, como es el caso de Cataluña, más actividad legislativa. En este sentido, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Navarra y Asturias serían algunas de las comunidades más reguladas.
Lo cierto es que toda esta maraña legislativa es una preocupación constante entre los empresarios del país y es motivo de toque de atención a España por organismos europeos e internacionales. La CEOE, por ejemplo, lleva años reclamando una simplificación normativa y que se acabe con su fragmentación, armonizando las reglas para que sean iguales para las empresas en todo el territorio español y eliminando las duplicidades y contradicciones que se dan entre normas de diferentes administraciones.
Esa sobrerregulación genera confusión e incertidumbre en las empresas, además de exigirles mayores recursos para poder analizar toda la normativa a la que se enfrentan, sobre todo a compañías que operan en varias comunidades o todo el territorio. «Incluso teniendo capacidad para conocer todo el marco normativo, las empresas podrían tener dificultades para conocer la norma aplicable si es que existe una multiplicidad de fuentes», dice el informe de Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.
Ley de unidad de mercado
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2013 la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, encaminada precisamente a coordinar a nivel nacional toda la legislación para evitar duplicidades y contradicciones que hacen que las empresas tengan que cumplir normativas distintas dependiendo de la región en la que se instalen, aumentando sus costes y mermando considerablemente su competitividad.
Esta actuación era una reclamación constante a España del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea. Sin embargo, casi siete años después de su aprobación, los efectos de su aplicación han sido más bien escasos y la propia norma ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, que anuló su principio de eficacia nacional.
Por ello, el Ejecutivo comunitario no ha dejado de reclamar una aplicación más decidida de la norma. «El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala», estrangula su crecimiento y es una de las razones de «la brecha de productividad» frente a otros Estados miembros y de la «menor capacidad de absorción de conocimientos y tecnología», decía Bruselas en su recomendación a España en Semestre Europeo 2019.
Los efectos de toda esta sobrerregulación y fragmentación normativa, según los diferentes estudios, es múltiple: afecta a la productividad y eficiencia de las empresas, puede reducir el potencial de crecimiento de la economía, eleva la ineficiencia de la Administración y conduce también a un colapso de la Justicia.


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