Presentación del 2º estudio de opinión sobre reforma de
la ley del divorcio y violencia de género.
Madrid, 25 de julio de
2012
Reforma del
divorcio: Custodia Compartida pero mejor sin jueces ni
abogados.
El Instituto demoscópico DYM ha realizado para la
“Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos” la segunda oleada de
ámbito estatal, tras la primera de Mayo de 2010, sobre la situación del divorcio
y la violencia de género en España. Igual que la anterior, se ha elaborado sobre
más de 2000 encuestas, entre hombres y mujeres de entre
16
a 75 años, de las
comunidades autónomas de la península y Baleares. La amplitud de la muestra es
comparable a los barómetros mensuales del C.I.S., y le confiere un nivel de
confianza del 95.5% y un margen de error inferior al 2,2
%.
Revela el estudio que cerca del 80% de la población
española es partidario de la Custodia
Compartida entre el padre
y la madre en los casos de divorcio con hijos menores. El porcentaje sigue
prácticamente igual que en la encuesta de 2010, sin variaciones importantes en
los distintos segmentos de edad, actividad profesional, hábitat de residencia o
tipo de hogar. Es tres puntos superior el porcentaje de hombres partidarios
(79,5 %) que de mujeres (76,1) pero en los dos sexos supera con amplitud las
tres cuartas partes.
En el desglose por zonas geográficas se observa con la
misma intensidad que en el 2010 la correlación entre nivel de desarrollo
socio-económico y opinión favorable a la coparentalidad: en las zonas
metropolitanas de Madrid y Barcelona los partidarios de la custodia compartida
alcanzan el 83 y el 91%, respectivamente, en este último caso favorecido sin
duda por la legislación especial catalana, reformada en
2011.
Llama la atención, igual que en el año 2010, que el
mayor porcentaje de opiniones abiertamente contrarias a la custodia compartida
se encuentra en la zona Norcentro que comprende el País Vasco y Navarra, si bien
ni siquiera allí supera el 30%.
La evolución de la opinión pública a favor de liquidar
cuanto antes todos los efectos económicos de la pareja rota es clara en todos
los segmentos de edad, profesión, hábitat y clase social. En la distribución
territorial de los resultados impacta el resultado de la Comunidad de Madrid,
que ha experimentado la evolución más radical en los dos últimos años: en 2010
el 71,2% prefería que la vivienda se asignara en uso al progenitor custodio de
los hijos, es decir, en la generalidad de los casos, a la mujer; en 2012 el
porcentaje se ha reducido al 42,9%, siendo mayoritaria como en el resto del
Estado la opción contraria.
Sobre la valoración de la legislación vigente desde el
punto de vista del principio de igualdad, el estudio confirma que la valoración
de la sociedad es mayoritariamente negativa, y partidaria de su reforma. El
59,6% sigue creyendo que el varón y los abuelos paternos está discriminados
respecto a la mujer por la actual legislación (en 2010 era el 62%). En este tema
vuelve a haber diferencias por razón de sexo, pero mucho menos acentuadas que en
la oleada anterior. En 2010 había veintiún puntos de diferencia entre los
hombres que se sentían discriminados respecto las mujeres que admitían esa
desigualdad. En 2012 la diferencia se acorta a 9 puntos, debido la evolución en
la opinión de los dos sexos. Baja diez puntos el porcentaje de hombres que se
sienten discriminados (63,8 en 2012) pero sube casi cinco, hasta el 55,4, el de
mujeres que reconocen que existen privilegios legales a su favor.
La explicación parece encontrarse en el matiz
introducido en la pregunta concreta de la encuesta: en 2010 se interrogaba
acerca de la existencia de discriminación contra “el hombre”, mientras que en 2012 se ha
referido a “el padre y los abuelos
paternos”. El conjunto de la sociedad parece detectar la discriminación
legal no en la condición sexual o “de género”, sino en la regulación del papel
del varón en las relaciones familiares.
La aplicación de la polémica legislación de violencia de
género en las situaciones de crisis familiar sigue provocando la desconfianza de
la mayoría de la población. El 67,8% del conjunto de hombres y mujeres sigue
creyendo que “algunas mujeres ponen
falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en sus procesos de
divorcio”. La evolución de los resultados debe valorarse en relación a las
masivas campañas difundidas por el extinto Ministerio de Igualdad en defensa de
la ley tras la publicación de la primera oleada de esta encuesta. El efecto de
dichas campañas parece sin embargo haber sido limitado, pues el porcentaje de
personas que creen que la ley es un coladero de denuncias fraudulentas a la
busca interesada de privilegios permanece prácticamente idéntico (67,8 frente al
70% del 2010). Lo que sí ha conseguido la propaganda oficial del anterior
gobierno es radicalizar la opinión pública residual: ha habido un desplazamiento
de cinco puntos porcentuales entre los que antes no tenían opinión formada sobre
el tema (16%), a los que ahora creen ciegamente en la honestidad de todas las
denuncias, sin llegar a superar el 21%.
Vuelve a haber diferencias por razón de sexo: es
superior en más de nueve puntos el porcentaje de hombres que creen que hay
falsas denuncias (72,6) respecto al de mujeres (63,1), permaneciendo la
proporción idéntica a la del 2010. En la distribución geográfica, todos los
territorios reflejan porcentajes mayoritarios de desconfianza contra la ley,
llegando en Andalucía al 91%, proporción cercana ya a la unanimidad demoscópica,
siendo el dato más alto de toda la encuesta. En Levante, zona Sur y zona Centro
ha aumentado desde el 2010 el porcentaje de hombres y de mujeres que creen que
hay falsas denuncias de violencia de género; concretamente en Andalucía ha
aumentado más de diez puntos en estos dos años.
Los datos anteriores contrastan con la versión oficial
de que “no existen falsas denuncias de
violencia de género. El Observatorio Estatal sobre Violencia de Género
dependiente del Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe en Octubre
de 2009 a través del “Grupo de expertos y expertas”, sobre el
análisis de las sentencias de todas las audiencias provinciales durante 15
meses: la proporción hallada de falsas denuncias fue del 0,19%. Por otra parte,
el extinto Ministerio de Igualdad difundió en agosto de 2010 un informe sobre
violencia de género, en el que se incluía el resultado de una encuesta sobre la
percepción social del fenómeno. En dicha encuesta se afirmaba que el 88,9 por
ciento de los encuestados opina que “hay
mujeres que retiran la denuncia pero eso no significa que éstas sean
falsas”, y que el 76,1 por ciento cree que seguramente habrá alguna denuncia
falsa “como en todos los ámbitos".
Hay que destacar que la encuesta del Ministerio de Igualdad se encargó a una
empresa externa al C.I.S. y a los servicios demoscópicos de titularidad pública,
y se realizó sobre el sistema de “paneles”, es decir preseleccionando el
espectro social encuestado en función de bases de datos proporcionadas por
empresas privadas.
Esta segunda oleada ha incluido dos temas relacionados
con las alternativas que se están planteando de cara a la futura reforma de la
legislación del divorcio, concretamente con la función de los operadores
jurídicos hasta hoy protagonistas exclusivos de la materia: jueces y
abogados.
Respecto a la intervención judicial en las separaciones
y divorcios, el 70% de la población prefiere esquivar la competencia judicial, y
optan por “llegar a un acuerdo privado a
través de mediadores, sin acudir al juzgado”. Hay que destacar que el
rechazo detectado por la encuesta no es una manifestación más del descrédito y
la deslegitimación social general que padece la Administración de Justicia según
todos los estudios demoscópicos, sino que se refiere concreta y específicamente
a los miembros de la judicatura, es decir, a la actuación de los jueces y
magistrados de familia. Solo el 25,6 % prefieren que con ocasión del divorcio
“los abogados defiendan los derechos de
cada uno y el juez decida”.
En contraste con otros aspectos de esta encuesta en que
el sesgo de género es muy marcado, en lo que se refiere al rechazo a la
competencia judicial no hay diferencias en los porcentajes entre los dos sexos.
Tampoco se aprecian diferencias de opinión por razón de hábitat, clase social o
profesión de los encuestados.
En la distribución geográfica de los resultados la mayor
preferencia por la mediación y las soluciones extrajudiciales a los divorcios
alcanza los mayores porcentajes en dos zonas de muy distinto nivel de desarrollo
económico; en Andalucía, el 78,3%, y en la zona metropolitana de Barcelona llega
a la llamativa cifra del 84,4%
Respecto a si “debe ser imprescindible la intervención de
los abogados en las separaciones y divorcios” la opinión pública es
partidaria por un escaso margen de prescindir de dicha intervención, dato que
coordina con la tendencia general a la desjudicialización de las crisis
familiares. La preferencia por el divorcio privado y sin abogados, presenta en
esta encuesta dos datos significativos en la desagregación de datos por sexos y
por zonas geográficas.
Entre los varones, la proporción de quienes piensan que
los abogados de familia “complican y
encarecen los divorcios” es diez puntos superior a quienes consideran
imprescindible su actuación (51% frente a 41%). Por el contrario, entre las
mujeres, la preferencia es la inversa, pero con una diferencia inferior, de poco
mas de seis puntos: el 49,7% creen imprescindible divorciarse con abogado,
43,5%, no.
La percepción por los encuestados del carácter
obligatorio de la intervención del abogado de familia puede responder más a un
problema de información de que opinión. La horquilla más amplia de toda la
encuesta se registra en la distribución territorial de resultados de este
concreto epígrafe, en que hay más de cuarenta puntos de diferencia entre la Zona
Centro y el área metropolitana de Barcelona. Es decir en parte de Extremadura,
Castilla-León Castilla-La Mancha y comunidad de Madrid (excluida la capital)
sólo el 33% rechaza la intervención del abogado, posiblemente por considerarlo
legalmente imperativo. Por el contrario en Barcelona capital y su zona de
influencia, se registra el mayor porcentaje de rechazo a los abogados de
familia, alcanzando el 73,3%
El balance de esta segunda oleada de la encuesta arroja
un panorama claro sobre las preferencias de la ciudadanía respecto de la futura
reforma de la ley del divorcio: La consideración al interés de los hijos en los
divorcios no debe producir efectos sistemáticamente perjudiciales contra los
padres y los parientes paternos ni generar privilegios para las madres; custodia
compartida de los hijos como opción preferente; liquidación de la vivienda con
ocasión de la crisis familiar, sin
esperar a que los hijos se independicen; preferencia clara por los mecanismos
privados de regulación del divorcio, con rechazo a la administración de justicia
y a la intervención de los actuales operadores jurídicos especializados.
Desconfianza mantenida contra la ley de violencia de género en su relación con
los efectos de las crisis familiares.
La segunda encuesta sobre Custodia Compartida se puede
descargar en el siguiente enlace donde también puede hallarse el resumen de
nuestra propuesta de ley.
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