martes, 18 de febrero de 2014

Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, juez y parte.

 
 
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Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, juez y parte.

16 de febrero de 2014


El pasado 23 de mayo de 2013, antes de una reunión en Sevilla, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Gonzalo Moliner, realizó unas declaraciones sobre la instrucción del caso de los ERE. El presidente del Tribunal Supremo criticó como estaba llevando la instrucción la juez Dª. Mercedes Alaya.

Reproducimos a continuación la noticia publicada al respecto en uno de dichos medios.


El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, amenaza con expedientar a la juez Alaya - Libertad Digital
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha asegurado este jueves que, "de momento", no se ha planteado la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra la juez de Sevilla Mercedes Alaya, aunque "no es normal ni aceptable" el retraso en tomar declaración a algunos de los imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
En declaraciones a los periodistas antes de reunirse en Sevilla con la Sala de Gobierno del TSJA, Gonzalo Moliner ha asegurado, no obstante, que "si se siguen demorando" tomarían medidas que podrían llevar" a la apertura de expediente disciplinario a la magistrada o a una inspección en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "pero de momento no se nos ha ocurrido ni estamos en ello".
En estos momentos, según ha añadido el presidente del CGPJ, trata de "solucionar un problema y no de crear otro abriendo un expediente", pues "se trata de un retraso que se puede corregir". "Vamos a tomar medidas para que estos problemas se solucionen, y creo que conseguiremos que se solucionen", ha indicado
Así, asegura que "no" le consta que la juez esté actuando mal", sino que "tiene un agobio de trabajo y lo está tratando de llevar adecuadamente", aunque dice no saber "hasta qué punto lo está haciendo del todo". Tras insistir en que tratarán de solucionar el problema, ha subrayado que no se va a solucionar "aquí", donde el objetivo es "tomar conciencia de la situación" y a partir de ahí tomar o no "las medidas que correspondan".
Cuestionado por el hecho de que la magistrada Alaya haya renunciado a uno de los dos jueces de refuerzo que destinó el TSJA a su Juzgado, Moliner ha explicado que no pueden "obligarle" a que acepte los refuerzos, ya que prevalece, según ha recordado, el principio de juez natural y predeterminado por la Ley.
El pasado martes, la Sala de Gobierno del TSJA mostró su "preocupación" por el "número de imputados" de la causa de los ERE a los que la juez Mercedes Alaya todavía no ha tomado declaración, una situación que "aconseja" que "se valore" la posibilidad de que el juez de refuerzo le "apoye" tanto en la instrucción del caso ERE como en el resto de 'macrocausas' que investiga.
Dado que las críticas provenían del presidente, éstas podían incluso ser consideradas como una amenaza o coacción a la juez Dª. Mercedes Alaya.

Dichas declaraciones de D. Gonzalo Moliner fueron ampliamente criticadas por todas las asociaciones judiciales. Dichas críticas fueron también recogidas por los medios de comunicación.

Las críticas de D. Gonzalo Moliner llegan incluso a ser calificadas como amenazas tanto por la prensa como por alguna de las asociaciones judiciales que emitieron un comunicado de prensa al respecto.



Por ello presentamos una queja ante el C.G.P.J. pues estos hechos eran constitutivos de una falta tipificada en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



A la queja se adjuntaba el expediente de un caso idéntico que concluyó con sanción firme refrendada por el Tribunal Supremo a un par de jueces que comentaron y criticaron la instrucción del caso Palau.

·         Sancionada la juez María Sanahuja por las críticas a Juli Solaz en el 'caso Millet'



Ante la falta de contestación a nuestra queja (faltando al más elemental buen gusto, buena educación e incumpliendo la Ley 30/92) hemos ido presentando repetidos escritos solicitando una respuesta a nuestra queja y poder ver el correspondiente expediente. Pero los intentos fueron vanos pues nunca obtuvimos respuesta.


Tras el último cambio de vocales en el C.G.P.J. y sus correspondientes equipos, hemos recibido una llamada telefónica del C.G.P.J. en respuesta a nuestro último escrito. Nos comentaron que no encontraban documento alguno relativo a lo que les pedíamos y que les enviásemos por fax copia del escrito inicial de la queja con su correspondiente sello del registro de entrada.

La respuesta recibida no ha podido ser más demoledora. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial decidió que se archivase la queja presentada contra él mismo y que no se abriese siquiera el correspondiente expediente. Juez y parte.





Hemos acudido al C.G.P.J. para ver el expediente y tomar las medidas oportunas y nos hemos visto nuevamente sorprendidos al comprobar que no hay expediente.

Esto es, en lenguaje coloquial pues no queremos ser soeces ni zafios, D. Gonzalo Moliner ordenó tirar a la basura la queja formulada contra él mismo.

Curiosa forma de entender cómo ha de ser impartida la justicia. Ni se ha molestado en guardar las apariencias y dejar que sea otro juez quien “archive” la denuncia.

Estamos redactando la correspondiente querella criminal contra D. Gonzalo Moliner y quienes dentro del C.G.P.J. han tapado o mirado para otro lado en este asunto.



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1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

2.- Ley integral contra la violencia de género.

3.- Ley del divorcio.

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

5.- Denuncias falsas.

6.- Mujeres maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

8.- Industria del maltrato.

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

11.- Las mentiras de las feministas.

12.- Custodia Compartida.

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.


   
Notas de prensa anteriores

  

Ejemplos de la legislación feminazi española.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la "igualdad" efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 37. Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
- Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

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jueves, 6 de febrero de 2014

Mitin Papá Huelva. 2013-10-28


Irene y Javier Fernández-Largo y su madre Carmen López García-Serrano, ¿maltratadores?

Irene y Javier Fernández-Largo y su madre Carmen López García-Serrano, ¿maltratadores?

Mientras madre y abuela controlan, espían y graban la conversación entre padre e hijo (delito contemplado en el Código Penal), el niño se pasa hora y cuarto llorando reclamando que quiere estar con su padre.
La madre apaga las luces para que el niño tenga miedo y desarrolle animadversión a relacionarse con su padre.
Pese a las repetidas llamadas del niño, la madre prolonga la tortura al no hacerle caso.
Esta prueba, como tantas otras, fue aportada al juicio por la custodia. La juez Mónica Guerrero Fraile la inadmitió, como tantas otras, otorgando la custodia a la madre.

El siguiente audio no es sino un breve resumen de la hora y cuarto de llanto y miedo que sufre el niño.



Juzgado de familia feminazi.

Juzgado de familia feminazi
“Agárralo como puedas 33 1/3. El insulto final”
Parodia de los juzgados de familia en los que todos los operadores son mujeres excepto el padre quien está condenado de antemano.
Jueza, fiscal, jurado, secretaria, público… tienen predeterminado su veredicto favorable a la mujer.
Al hombre se le tiene por mala persona por no satisfacer todos los deseos de su esposa a quien ha de colmar de atenciones.
Se le tiene por incapaz de atender a sus hijos por no saber o hacer las tareas domésticas aunque las haga. Pese a que el hombre es ingeniero se da por demostrado que es incapaz de distinguir la ropa blanca de la de color.
El trabajo realizado fuera de la casa por el hombre para mantener la familia no es tomado en consideración. En los juzgados de familia feminazis es más valorado, por ser más importante y sacrificado, el emparejar calcetines que el bajar a picar en la mina.
Mujeres con varios exmaridos pues han hecho del matrimonio/divorcio su forma de vida.
Aunque la escena de la película parezca exagerada, la realidad siempre supera la ficción. Algo que sabe cualquiera que haya pisado un juzgado de familia.
En cualquier caso, se condena a los niños a una orfandad artificial que les causará graves perjuicios para el resto de sus vidas.



Manifestación Madridnoviembre2013

www.projusticia.es/madridnoviembre2013.html

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género.

Custodia Compartida, sí.

Denuncias falsas, no.

Síndrome de Alienación Parental, no.

www.projusticia.es



sábado, 28 de diciembre de 2013

Noveno aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

 
 
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Noveno aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

28 de diciembre de 2013


Se cumple hoy el noveno aniversario de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y el Gobierno actual no tiene intención de cambiarla ni derogarla tal y como nos dejó bien claro el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón.


Se nos vendió como el bálsamo de Fierabrás para terminar con los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Está ley está basada en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:
Para el magistrado granadino, este "excesivo celo ideológico" de proteger a la mujer "está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho".


  
Cualquiera con un mínimo de sentido común y con el más elemental criterio de justicia entiende que esta legislación es aberrante. Baste el reciente ejemplo de Jean Lucien, ciudadano belga, que terminó suicidándose tras sufrir las consecuencias de una legislación inicua.

– Desde la perspectiva belga, ¿qué opinión le merece la legislación española para este tipo de situaciones?

"Aberrante. Tenemos amigos abogados y policías y cuando les contamos lo sucedido nos dijeron que en Bélgica nunca hubieran detenido a un hombre en esas circunstancias sin hacer diligencias de investigación primero. Que sí se le hubiera retirado el pasaporte, se hubieran tomado medidas como ir a firmar al Juzgado cada x días para asegurarse de que no salía del país, se hubiera pasado aviso a la policía de fronteras, etc pero su hubiera esperado a detenerle o no, al resultado de la autopsia por el médico forense. Les parecía que era actuar `al revés': en toda Europa eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero este modo de actuar en España, para mi y para los demás compatriotas, profesionales o no de este campo a los que les hemos contado esto, nos parece que es sentar que los hombres son culpables hasta que demuestren lo contrario. De hecho, cuando nuestra abogada nos informó de que esto era posible a través de la Ley de Violencia de Género española, nos pareció una completa locura. En Bélgica hay legislación sobre violencia doméstica, pero nunca se haría de este modo. Como digo, siempre se haría una investigación primero y se encarcelaría después".


Como era fácilmente previsible, los asesinatos no sólo no han disminuido sino que han aumentado. La ley y su aplicación no sólo no han terminado con el problema para el que nos dijeron que se crearon, sino que además ha dado lugar a una más que lucrativa industria del maltrato sustentada en el saqueo de las arcas del Estado mantenidas con los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Ni las opiniones de los expertos llevados al Congreso de los diputados en la tramitación de la ley ni los informes contrarios del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etc., echaron para atrás tamaño disparate que eliminaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia que estipulan los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución.

Porque la ley es pura ideología. Ideología de género basada en mentiras y datos falseados. Empezando por el lenguaje. Y esta ideología aberrante es la que ha presidido las pasadas legislaturas en las que todas las leyes que se han aprobado han pasado por el tamiz de la ideología de género. Desde la ley del Registro Civil hasta la Ley de Ciencia pasando por la Ley de Sanidad, la Ley de igualdad o la Ley del divorcio. Sin olvidar la ley del aborto, la Ley de identidad sexual o la Ley de matrimonios homosexuales.

No en vano la Ley integral de medidas contra la violencia de género fue la primera que se aprobó en el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero pues esta Ley obliga a cambiar todas las leyes anteriores y redactar las posteriores de tal forma que cumplan los disparatados postulados de la ideología de género.

Para ello se han manipulado y falseado datos oficiales, se han impuesto cuotas, se ha forzado el lenguaje, se ha dilapidado el dinero público, se ha controlado los medios de comunicación, se ha cambiado el programa académico de colegios y universidades y se ha creado un entramado de instituciones, organismos, observatorios y supuestas ONGs que se retroalimentan para manipular la opinión pública y justificar sus canalladas, su existencia y sus salarios.

Porque el fin último es eliminar los derechos del ciudadano y sojuzgarle mientras se le esquilman sus bienes.

El Partido Popular prometió eliminar la Educación para la ciudadanía, el Ministerio de igualdad, las subvenciones a asociaciones feministas, la Ley del aborto, la Ley de matrimonios homosexuales, etc. Ninguna de estas promesas electorales tiene pinta de cumplirse. Baste un ejemplo: el Ministerio de igualdad sigue vigente y la nueva ministra ha plegado velas en cuanto se ha desviado un milímetro de los dogmas feminazis. 
Aunque los diputados y senadores del Partido Popular votaron a favor de esta ley aberrante (poniéndose en pie y aplaudiendo), mantenemos la esperanza de equivocarnos en tan negra perspectiva y que deroguen esta ley y nos devuelva nuestros derechos, tratándonos como a ciudadanos y no como a siervos respetándonos la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.




Asociación PROJUSTICIA

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1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

2.- Ley integral contra la violencia de género.

3.- Ley del divorcio.

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

5.- Denuncias falsas.

6.- Mujeres maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

8.- Industria del maltrato.

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

11.- Las mentiras de las feministas.

12.- Custodia Compartida.

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

 

Notas de prensa anteriores

  

Ejemplos de la legislación feminazi española.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la "igualdad" efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Artículo 37. Protección contra los malos tratos.
El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
- Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
Artículo 4
Carga de la prueba
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

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miércoles, 20 de noviembre de 2013

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

 
ESPANA La renovación del CGPJ

El PP incumple su palabra y se reparte con el PSOE la Justicia

  • Rajoy y Rubalcaba pactan las cuotas respectivas en el CGPJ

  • El portavoz del PSOE en la comisión del 11-M, Álvaro Cuesta, entre los agraciados

  •  

    MARÍA PERAL Madrid
    Actualizado: 20/11/2013 03:11 horas
    La renovación del Consejo General del Poder Judicial se cerró anoche, al límite de que concluyera la última prórroga, con un acuerdo firmado por seis grupos parlamentarios (PP, PSOE, IU, CiU, PNV y UPN; sólo UPyD se quedó fuera) y con la designación de los 20 vocales por las fuerzas políticas, esto es, la fórmula instaurada por los socialistas que los populares han criticado durante 30 años y que prometieron cambiar en su programa electoral para que los jueces eligieran a los 12 consejeros que deben proceder de la Magistratura.Carlos Lesmes presidirá el nuevo CGPJ.
    El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces apenas dos meses después de que el actual Consejo General del Poder Judicial concluyera su mandato, el 24 de septiembre.
    El acuerdo sobre el séptimo CGPJ de la democracia se sitúa, así, en la ratio temporal de los primeros consejos, muy alejado de los criticados retrasos en que incurrieron las fuerzas políticas para renovar los tres últimos. En particular, el órgano que ahora va a cesar se constituyó con una demora de casi dos años.
    No ha sido necesario utilizar el mecanismo antibloqueo que el PP incluyó en la reforma legal que aprobó en solitario el pasado junio, consistente en la posibilidad de constituir el CGPJ con los vocales elegidos por una sola Cámara. Dado que la designación de los consejeros del Poder Judicial exige una mayoría de tres quintos, los populares hubieran podido poner en marcha en el Senado esa fórmula si los socialistas hubieran boicoteado el acuerdo en elCongreso.
    Pese a que tiene impugnada la modificación legal ante el Tribunal Constitucional, el PSOE no ha querido quedarse al margen del reparto de poder en una institución clave, encargada de la selección de los jueces, de los nombramientos de los altos cargos judiciales, del régimen disciplinario y de la inspección del Poder Judicial.
    La renovación se ha hecho en plazo y, además, con una única lista suscrita por prácticamente todo el arco parlamentario. Los nombres de los ocho juristas que se convertirán en miembros del órgano de gobierno de los jueces y cuya elección se encomienda por laConstitución al Congreso y al Senado han sido rubricados por seis grupos: PP, PSOE, CiU, IP, PNV y UPN. Sólo se ha quedado fuera Unión Progreso y Democracia (UPyD). Particularmente significativo es que la cuarta fuerza parlamentaria, Izquierda Plural, vuelva a tener represetación en el órgano de gobierno del Poder Judicial después de haber sido excluida en el Consejo que ahora termina su andadura.
    Los nombres de los ocho juristas pactados fueron los únicos que se conocieron ayer oficialmente, un minuto antes de que, a las 20.00 horas, concluyera la última prórroga que populares y socialistas se habían dado para alcanzar un acuerdo. Pese a que desde el PP se puso el énfasis en que «todos los nombres son candidatos de los seis grupos y apoyados por todos», es imposible soslayar el reconocimiento del mismo sistema de cuotas que se ha aplicado en todas las renovaciones desde 1985, cuando el PSOE impuso la elección parlamentaria de los 20 vocales del Poder Judicial, incluidos los 12 que deben proceder de la Judicatura.
    De los ocho juristas propuestos, tres han sido sugeridos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, otro por IU y el último por el PNV.
    El PP ha designado a la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, al catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte y a la secretaria judicial María Ángeles Carmona. El PSOE, al abogado y ex diputado socialista Álvaro Cuesta y a la abogada Pilar Sepúlveda. CiU, a una de sus diputadas, la abogada Mercé Pigem. IU, a la secretaria judicial Concepción Sáez. Y el PNV al abogado y catedrático de Derecho Constitucional Enrique Lucas.
    Díaz Abad, Cuesta, Sáez y Lucas serán elegidos por el Congreso y previsiblemente comparecerán el próximo lunes ante la Comisión de Nombramientos, que debe examinar sus currículos y programas de trabajo. Los suplentes serán la fiscal Pilar Jiménez-Bados, la catedrática Silvia Barona y el secretario judicial Luis Martín Contreras. La elección por el Pleno de la Cámara está prevista para el próximo martes.
    Guilarte, Carmona, Sepúlveda y Pigem serán elegidos por el Senado, probablemente en un Pleno convocado para el próximo miércoles. El día anterior comparecerán ante la Comisión de Nombramientos para que se evalúe su idoneidad. Los suplentes por esta Cámara serán el procurador Antonio Álvarez-Buylla, el abogado José María Macíasy la magistrada suplente y profesora universitaria Isabel Valdecabres.
    Con más mujeres juristas que hombres, será la primera vez que haya dos secretarias judiciales en el órgano de gobierno de los jueces. También es insólita la presencia de una abogada del Estado, cuerpo con escasa relación con la organización de Administración de Justicia y, en cambio, dependiente del Poder Ejecutivo. También por primera vez han sido excluidos los fiscales.
    En cambio, la vinculación política es patente en varios de los candidatos como Álvaro Cuesta y Mercé Pigem. A Enrique Lucas, secretario general de régimen jurídico del Gobierno vasco durante seis años, se le considera afín al PNV. Como todas las renovaciones anteriores menos la de 1980 -la única en la que los jueces pudieron elegir a los 12 vocales que tiene que pertenecer a la carrera-, han sido el jefe del Gobierno y el líder de la oposición los que han consensuado las líneas básicas del pacto.
    Ni populares ni socialistas quisieron adelantar ayer los nombres de los 12 magistrados que accederán al Consejo. Aunque distintas fuentes aseguran que están cerrados, su conocimiento anticipado podría tener como consecuencia el cambio de algún candidato. Se da por seguro que siete serán propuestos por el PP y cinco por el PSOE, de nuevo de acuerdo con el sistema de cuotas en función de la representación parlamentaria de cada fuerza. Uno de ellos será el presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández, lo que explica el apoyo de UPN al pacto.
    Pese a su mayoría absoluta, el Gobierno popular no ha cumplido su compromiso electoral de devolver a los jueces la elección de los consejeros del Poder Judicial que deben proceder de la Judicatura. Más bien al contrario, se ha querido asegurar su influencia en el nuevo Consejo: con 10 vocales más el presidente, el PP se garantiza una mayoría suficiente en un CGPJ que, entre otras relevantes novedades, introduce la validez de la mayoría simple de votos para la práctica totalidad de las decisiones que ha de tomar.
    Superado el bloqueo que se registró el pasado fin de semana, cuando Rubalcaba rechazó el candidato a presidente propuesto por Rajoy, el nombre del prestigioso magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes se consolida para presidir el nuevo Consejo.

    Manifestación Madridnoviembre2013, agradecimiento

    Tras la manifestación toca dar las gracias.

     
    A todos los que han acudido empleando un tiempo y dinero muy escaso en nuestro colectivo. En especial a los que han tenido que hacer un largo desplazamiento, pegándose el madrugón o gastando en alojamiento.
     
    A los que han colaborado de una u otra forma. Divulgando la convocatoria, organizando viajes, etc.
     
    Este año no ha acompañado el tiempo pero hemos "llenado" la Gran Vía de Madrid. Los que hemos estado no lo olvidaremos y los que no han podido estar pueden ver las fotos adjuntas. En breve se colgarán en la web las demás fotos y algún vídeo.
     
    Toca seguir empujando para convencer a los legisladores de que nuestros criterios son los buenos y obligarles a cambiar la ley del divorcio y derogar las leyes sexistas basadas en la ideología de género.
     
    Además debemos echar del poder a las feminazis, juzgarlas en su correspondiente Nuremberg y encarcelarlas en su Spandau.
     
    Gracias a todos.
     

    Francisco Zugasti




    viernes, 1 de noviembre de 2013

    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.




      
    La Fiscalía General del Estado da traslado al Tribunal Supremo de la denuncia por falsedad documental contra los “expertos” del Observatorio de violencia de género del Consejo General de Poder Judicial.


    Tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por falsedad documental contra los “expertos” del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado ha decidido dar traslado a la fiscalía del Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito más que suficientes.

    La credibilidad de los informes del “Observatorio contra la violencia doméstica y de género” del Consejo General del Poder Judicial y la profesionalidad de sus “expertos” siempre han estado en entredicho debido a la constante manipulación de los datos y la arbitraria interpretación de los mismos.


    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    La que reclama "su dinero" es la misma que llamó "grandísimo hijo de puta" a Toni Cantó en el Congreso.
    Todavía hay quien duda de que el trasfondo de esto es una cuestión de dinero... y poder.
    256.068.054.000 pesetas.
    Presupuestos

    El PSOE denuncia la 'desaparición' de 1.539 millones de euros de la Estrategia Nacional contra la violencia de género



    Europa Press. Madrid
    31/10/2013 a las 22:03
    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran".
    La diputada socialista Ángeles Álvarez ha acusado de "trilerismo político y contable" al Gobierno y ha denunciado que la cantidad que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció para la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016 de 1.536 millones de euros es una cifra dada "a voleo, no es firme y no aparece en los Presupuestos Generales del Estado".

    Según ha informado el PSOE en un comunicado, tras analizar los PGE "las cuentas no cuadran" y Álvarez ha criticado que ni el secretario de Estado ni la subsecretaria "fueron capaces de indicar dónde se hallan consignadas las cantidades referidas" por Sáenz de Santamaría el pasado 26 de julio.

    "A fecha de este jueves seguimos sin saber cuánto de esos 1.539 millones de euros son reales o estimativos, pero sabemos fehacientemente que solo es una cifra aproximada que incorpora y hace suyo el presupuesto destinado por las Comunidades Autónomas para combatir la violencia de género", ha asegurado la diputada socialista.

    Según Álvarez hasta la fecha "ningún presupuesto ha contabilizado lacifra global destinada a combatir la violencia de género", porque, ha señalado, "no se incluyen indicadores específicos en todos los ministerios".

    Además ha explicado que solo medidas como los brazaletes anti-maltrato o las ayudas directas "pueden asignarse de manera concreta", pero, dado que las Oficinas de Atención a la Víctima atienden a todo tipo de delito, es "complejo" conocer qué cantidad del presupuesto de estas oficinas se relaciona con la violencia de género.  
    Respuesta abstracta del Gobierno
    La diputada socialista preguntó en la comparecencia de Presupuestos 2014 a que ministerios corresponden las cantidades y si esas partidas existían con anterioridad, pero, al no recibir respuesta, solicitó por escrito la dotación y partida presupuestaria del dinero asignado a Estrategia Nacional contra la Violencia de Género de cada uno de los ministerios.

    Sin embargo, ha criticado Álvarez, la respuesta del Gobierno fue "abstracta" y no ofrecía "ninguna cantidad presupuestada para ninguno de los ministerios implicados", a excepción de los referidos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia.

    "Lo más grave es que gracias a la respuesta escrita se ha destapado la trampa de los 1.539 millones de euros ya que el Gobierno reconoce que ha contemplado el crédito que los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas destinarán estimativamente a la consecución de las acciones para erradicar la violencia de género", ha expresado la diputada del PSOE.

    Álvarez ha señalado que es "un pufo más del Gobierno del PP". "Si bien no se puede saber si han mentido, nadie podrá negar que han engañado", ha concluido.