martes, 28 de febrero de 2023

Irene Montero anuncia "la mayor inversión de la historia" para luchar contra la violencia machista: 177 millones de euros

Sabemos que el dinero que nos roban no se dedica a lo que nos quieren hacer creer. Recordemos que no llega ni al 3%.

El resto del dinero se queda por el camino en el bolsillo de miles de parásitas feminazis bajo el paraguas de la victimización sostenida por las consabidas mentiras feminazis.

Hoy mismo tenemos la última noticia al respecto sobre la forma de apropiarse el dinero público y hacerlo particular bajo el pretexto de ayudar a prostitutas.

Tendrán su Núremberg y su Spandau.

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Irene Montero anuncia "la mayor inversión de la historia" para luchar contra la violencia machista: 177 millones de euros

victoria

8.02.2023 Por

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este martes el reparto de 177 millones de euros a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para luchar "contra todas las formas de la violencia machista". Se trata de "la mayor inversión de la historia" de la democracia en España, ha enfatizado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

 

Concretamente, las comunidades recibirán los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, los destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y los de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

Este reparto del gasto pretende "ampliar la protección" de las víctimas "de todas las violencias machistas", según Montero, quien ha defendido que los fondos permitirán "abrir cada vez más puertas seguras" para ellas.

Así queda el reparto de los fondos

La partida más grande, de 140,2 millones de euros, procede de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género y ha aumentado un 40,2 % con respecto a lo repartido en 2022, según Igualdad.

Del presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno se repartirán 19,8 millones de euros, un 16,4 % más que en 2022.

De ellos, 8,5 millones estarán destinados a la atención integral de víctimas de violencia machista, un millón a la implementación de los planes personalizados de estas mujeres, 9,5 millones a programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y 800.000 euros a programas de prevención de abusos sexuales a menores tuteladas.

Por último, Igualdad repartirá 17 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

Cada provincia deberá contar con uno de estos espacios antes de que acabe 2023, ha recordado la ministra. En concreto, esta partida tendrá que destinarse a garantizar alojamientos seguros para víctimas de trata en territorio español.

Si necesitas ayuda: 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.

También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

https://www.rtve.es/noticias/20230228/fondos-violencia-genero-igualdad/2428354.shtml

 

 

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2023-02-28-Irene-Montero-anuncia-la-mayor-inversion-de-la-historia-para-luchar-contra-la-violencia-machista-177-millones-de-euros.html

viernes, 24 de febrero de 2023

La 'ley trans' liquida 475 diferencias legales vigentes en España entre hombres y mujeres

Privilegios disfrazados de falsa igualdad.

Las feminazis se quejan de que la ley “borra” a las mujeres. En realidad su preocupación es la pérdida de tantos privilegios. La mayoría de ellos son dinero para sus bolsillos: viviendas, puestos de trabajo, subvenciones, cuotas, etcétera.

Fueron las feminazis quienes ayudaron a crear este monstruo. Ahora que se les escapa de su control, sobre todo el económico, vuelven a victimizarse para reclamar que se conserven sus privilegios.

Su interés no es la justicia ni la igualdad sino su propio beneficio.

Estos años pasados argumentaban que sus reivindicaciones tenían como objetivo la igualdad. La realidad demuestra que sólo eran privilegios.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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La 'ley trans' liquida 475 diferencias legales vigentes en España entre hombres y mujeres

Miembros del colectivo LGTB sacan banderas arcoíris tras la aprobación de la 'ley trans' en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

Marcos Ondarra - 22-02-2023

La norma permite que los varones que se cambien el sexo registral accedan a subvenciones o ayudas y que no se les pueda juzgar por violencia de género

La ley trans, al contemplar la «autodeterminación de género» como único requisito para cambiar el sexo registral, borra las diferencias legales que existen entre hombres y mujeres en España. Según un estudio elaborado por un experto independiente, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, hay al menos 475 derechos -o «privilegios», según su autor- femeninos que serán accesibles en lo sucesivo a los varones que se autoperciban con el sexo opuesto. Por el contrario, solo hay uno que es exclusivo de los hombres, y que lo seguiría siendo pese a la última norma de Irene Montero: el acceso a la Curia.

La ley aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados hará más fácil que nunca el cambio de sexo. Otros países, así como algunas regiones españolas, obligan a someterse a tratamientos farmacológicos y operaciones, pero ahora basta con «la libre declaración de la persona sentida» y la compleción de un formulario.

Una vez rellenado, el solicitante es citado para ratificar la solicitud y es informado de sus nuevos derechos. Transcurridos tres meses, es requerido para ratificar la petición y, de ser así, en el plazo de un mes -cuatro en total- el varón pasa a ser mujer a todos los efectos, sin necesidad de cambiar sus nombre ni aportar informes médicos y/o psicológicos (en aras de la «despatologización» de la disforia de género).

Derechos para mujeres ‘trans’

Esto permitirá a las mujeres trans -no operadas- tener derecho a incentivos para ser contratadas por la Administración pública, derecho a ayudas al emprendimiento, acceso al empleo público con baremos físicos más bajos, derecho a no poder ser denunciadas por violencia de género -y, así, no ser tratadas de forma diferente en un Juzgado especial para estos temas-, derecho a ayudas si se sufre violencia por parte de la pareja, derecho a subvenciones si se crea una asociación de mujeres trans, derecho a que en un juicio penal su palabra tenga más valor que la de la persona denunciada (siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación), ayudas de hasta el 75% para financiar una película o documental…

… El derecho a poder acogerse a un descuento del 50% en el precio de los billetes al viajar con RENFE, el derecho a disfrutar, en caso de dedicarse al mundo rural, de diversas convocatorias y premios destinados a «mujeres rurales» o, por ejemplo, el derecho a que les sean notificadas sin solicitud previa las resoluciones que acuerden prisión o puesta en libertad del infractor, así como posible fuga del mismo…

Y así el informe recoge hasta 475, con algunos más banales, como el derecho a no cortarse el pelo en caso de acceder al Ejército o a la Guardia Civil, el derecho a elegir paradas en los autobuses a demanda en algunas ciudades (pagando el mismo billete) o el derecho a tener ayudas para obtener el carné de conducir si se vive en Valladolid.

Además, hay en total al menos 59 derechos que gracias a la Ley Integral de Violencia de Género eran exclusivos de las mujeres, pero que ahora también serán accesibles a los hombres que decidan cambiarse el sexo registral. Y también, de manera paradójica, la ley trans entra en conflicto con 71 cláusulas de la del solo sí es sí, aprobada el pasado mes de septiembre, y que fue celebrada por Irene Montero como un logro sin precedentes en «el avance de los derechos y libertades de las mujeres».

Las críticas feministas

Justo de esto advirtieron las asociaciones feministas durante la concepción y tramitación de la norma, aunque no fueron escuchadas durante el proceso por el Gobierno de España. Denunciaron, por activa y por pasiva, que la ley trans supondría el «borrado de las mujeres», por cuanto entraría en conflicto con la Ley Integral de Violencia de Género y con el deporte femenino, aunque también podría derivar en situaciones indeseables en las cárceles y en otros espacios.

Además, nadie podrá negar la feminidad de aquellos hombres que hayan cambiado su sexo registral, bajo la pena de multas de hasta 150.000 euros. El régimen sancionador contempla que no se podrá negar en ningún caso la concesión de ayudas o subvenciones a las mujeres trans, por cuanto podría constituir un delito de odio.

«Todes seremos iguales»

Tras su aprobación, y aunque aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay hombres que ya han anunciado su intención de cambiar su sexo registral. En este sentido, el abogado plantea que «si España entrase en un conflicto armado, muchos decidirían sentirse mujer después de lo que ha sucedido en Ucrania, donde solo los hombres de entre 18 y 60 años han sido obligados a defender a su país, mientras que a las mujeres se les ha permitido salir como refugiadas, pese a que la Constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo (artículo 24)».

Ironiza con que «está por ver, en un futuro muy cercano, cómo se desenvuelve un país sin hombres, donde el feminismo ya no será necesario, ya que todes seremos iguales». Además, el abogado prevé que «las leyes feministas quedarán obsoletas, porque los hombres heterosexuales pasarán a ser una minoría social que necesitará urgentemente nuevas leyes que les protejan».

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2023-02-22-la-ley-trans-liquida-475-diferencias-legales-vigentes-en-Espana-entre-hombres-y-mujeres.html



miércoles, 1 de febrero de 2023

Querella de cinco activistas contra el policía infiltrado por recurrir al sexo para obtener información

Jajajaja in crescendo.

Allegro ma non troppo.

La realidad supera la ficción. James Bond existe y es un policía español.

Que las denuncie por delito de odio, xenofobia, policiafobia y por racismo.

Las sindicalistas feminazis alegan en su denuncia que el policía les ha causado daños físicos.


 http://projusticia.es/bitacora/entradas/2023-01-31-querella-de-cinco-activistas-contra-el-policia-infiltrado-por-recurrir-al-sexo-para-obtener-informacion.html

Querella de cinco activistas contra el policía infiltrado por recurrir al sexo para obtener información

querellantes

La abogada Laia Serra, tras presentar la querella en Barcelona IRÍDIA

Elena Burés – Barcelona - 31/01/2023

Los antisistema ponen en la diana a un policía por infiltrarse y recurrir al sexo para lograr información

Cinco mujeres acusan a un agente de abusos sexuales, de tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos

La Generalitat pide explicaciones a Marlaska por el policía infiltrado que habría mantenido relaciones «sexoafectivas» con activistas

El independentismo denuncia un segundo infiltrado en sus filas y pide explicaciones a Marlaska

Delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Cinco activistas presentaron ayer una querella contra el agente de la Policía Nacional infiltrado en el movimiento sindical independentista entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Lo acusan de haber entablado «relaciones sexoafectivas» con ellas para obtener información y «apuntalar así su identidad encubierta».

Con el respaldo legal de CGT e Irídia, las cinco mujeres argumentan que el consentimiento en este caso «se puede considerar viciado», en tanto que nunca hubiesen mantenido relaciones sexuales con el funcionario de haber sabido que era policía.

Por ello, en la querella sostienen que la conducta del agente «no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de las activistas y su autonomía sexual».

Desarrollan también que «la imposición de interacciones sexuales, sea por engaño o prevalencia, no solo afectan a la integridad física sino que tiene un severo impacto en la integridad moral y en la identidad de las mujeres».Además, el sindicato y la entidad sostienen que la infiltración de agentes «solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo era monitorizar movimientos sociales, y/o desestructurarlos , lo que supone una grave vulneración de derechos civiles».

También acusan al funcionario de un posible delito de torturas, y subsidiariamente, contra la integridad moral, al considerar que, en el uso de su cargo, la actitud del agente provocó sufrimientos físicos o mentales a las cinco mujeres, con el objetivo de obtener información. En la misma línea, apuntan a una posible revelación de secretos, en cuanto el infiltrado obtuvo datos sobre la afiliación sindical, religión, sexualidad y creencias de las querellantes.

Por último, la queja apunta al impedimento de ejercicio de derechos cívicos, por vulnerar el de asociación y reunión. Cabe recordar que la ley contempla que «las actuaciones de investigación puedan afectar a derechos fundamentales», y para ellos los agentes encubiertos deben tener autorización judicial. Por este motivo, la querella se dirige también contra el superior jerárquico del funcionario, para que «garantice el rendimiento de cuentas» y contra el Ministerio del Interior, como responsable civil subsidiario.

El caso lo destapó el lunes el semanario 'La Directa', que recoge como el funcionario se integró en círculos de activistas del barrio de Sant de Andreu de Barcelona y habría mantenido relaciones con, al menos, ocho de sus integrantes. Fue en julio de 2020, según el digital, cuando el funcionario se presentó primero en La Cinétika, un espacio ocupado y gestionado por activistas y, poco a poco, comenzó a integrarse en su círculo, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, o incluso en algunos de los cortes de la Meridiana.

Orden público

Preguntadas al respecto, fuentes policiales explicaron a este diario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir, no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Reiteraron así que los grupos de información se infiltran, no solo en círculos afines al movimiento independentista en Cataluña, sino en grupos anarquistas, de extrema derecha, o cualquier otro entorno. «El Estado debe tener capacidad de reacción», concluyeron.

Con fines de investigación, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez puede autorizar el uso de una identidad falsa a funcionarios de la Policía Judicial. La duración es de seis meses prorrogables. Así, los agentes quedan legitimados para actuar de forma encubierta en lo relativo a la investigación. La información obtenida deberá trasladarse a aquel que haya autorizado las pesquisas.

Pese a ello, Irídia y la CGT critican que dichas actuaciones «están envueltas de una total opacidad, que dificulta su fiscalización pública». Sostienen además que la «ambigüedad» del marco legal «expone a la ciudadanía y a todo el tejido asociativo a ser víctimas potenciales de actuaciones de espionaje estatal arbitrarias o abusivas».

El pasado agosto, Òmnium Cultural presentó una demanda contra Interior ante la Audiencia Nacional por la infiltración de otro agente en las juventudes independentistas. Entre otras organizaciones, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc), y también en el Jovent Republicà, juventudes de ERC.

En un informe de cinco páginas, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska respondió al requerimiento de la entidad subrayando que veía «legítima» y «oportuna» la infiltración del agente, que enmarcó en la prevención de «extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia».

https://www.abc.es/espana/cataluna/querella-cinco-activistas-policia-infiltrado-recurrir-sexo-20230131131227-nt.html

 


martes, 3 de enero de 2023

Tres nuevos magistrados feminazis en el Tribunal Constitucional.

 

Tres nuevos magistrados feminazis en el Tribunal Constitucional.

Segoviano es la más extrema. Se ha señalado en estos años como firme defensora de los postulados radicales del feminazismo.

Se unen a las feminazis ya presentes en el Tribunal. De ellas destacan Inmaculada Montalbán y Luisa Balaguer.

La primera es famosa por negar la existencia de denuncias falsas y falsear los datos de maltrato cuando era presidenta del Observatorio de violencia.

La segunda fue seleccionada en su día por ser experta en "género". Puede ser la nueva presidenta del Tribunal y tener el voto de calidad para desempatar votaciones.

También accede Campo que fue secretario de estado de justicia con Rodríguez Zapatero. Esto es, coautor de la ley de violencia de género.

Siguiendo las órdenes de quienes les han seleccionado, serán las encargadas de declarar constitucionales las últimas leyes feminazis que han aprobado en las Cortes y que luego no serán derogadas por el cobarde gobierno posterior a Pedro Sánchez.

Nos esperan al menos tres años de absolutismo feminazi en el Tribunal. En el BOE serán unos cuantos años más.

 

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-12-27-estos-son-los-cuatro-nuevos-magistrados-del-tribunal-constitucional.html 

 

Estos son los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

constitucional

Tribunal Constitucional. (Foto: EP)

Mariela Mensat – 27/12/2022

La renovación del Tribunal Constitucional llega a su fin con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados. Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, nombrados a propuesta del Ejecutivo que relevarán a Pedro González-Trevijano (presidente del TC) y a Antonio Narváez. Por otro lado, María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial, sustituirán al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a Santiago Martínez-Vares.

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961):

Como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo tuvo en sus manos dos medidas de carácter jurídico con una muy relevante proyección política: los indultos a los políticos catalanes presos por el ‘procés’, con Oriol Junqueras a la cabeza, y la reforma del delito de sedición.

Fue Campo quien diseñó las medidas de gracia concedidas hace año y medio a los líderes del independentismo encarcelados por la intentona rupturista de 2017 y quien dejó también preparada la posible modificación de la sedición. Finalmente, y sobre este último cambio legislativo, Sánchez ha ido más allá de lo que en apariencia había dejado preparado su exministro al proceder no ya a una rebaja del delito por el que fueron condenados los secesionistas, sino a su derogación.

Campo, ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde enero de 2020 hasta julio de 2021, nació en la localidad sevillana de Osuna hace 61 años, es magistrado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como diputado por Cádiz, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso en tres legislaturas.

Sin ser un ‘sanchista’, se decantó por el hoy presidente del Gobierno en la disputa con Susana Díaz. Esta toma de partido le costó quedar excluido de las listas para las elecciones generales en 2015, pero Sánchez impuso que fuera incluido en la candidatura por Cádiz.

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969):

Díez Bueso ha ejercido cargos gubernamentales en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, tanto en la pasada legislatura como en la actual, si bien algo más en la sombra que el extitular del departamento de Justicia.

De esta manera, Díez Bueso fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde febrero del año 2020, cuando la nombró la exvicepresidenta y exministra de Presidencia Carmen Calvo, y hasta el pasado 26 de abril, por lo que ha prestado sus servicios también para el ministro Félix Bolaños, quien sucedió a Calvo en julio de 2021 al frente de esa cartera. Previamente, había desempeñado el cargo de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo el mismo departamento de Presidencia, entre 2018 y 2020, cuando José Antonio Montilla ocupó ese puesto.

La futura magistrada del Tribunal Constitucional abandonó el Ministerio de la Presidencia para desempeñar a continuación la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, cuyo nombramiento tiene fecha del 25 de mayo. Este organismo se encarga de analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán.

También había sido destacable su paso previo por el Gobierno catalán, para el que había ejercido entre 2002 y 2004 de asesora para la reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma. Tras ese puesto y hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, un organismo asimilable al Defensor del Pueblo español, que tiene la función de atender las quejas de los ciudadanos sobre la actuación de la administración y que vela por el buen funcionamiento de las instituciones catalanas, tanto la autonómica como las locales. Al Síndic lo elige el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña y es políticamente independiente.

Díez Bueso tiene una amplia carrera académica: es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de la misma Universidad desde 2020. En el ámbito universitario, ha investigado sobre los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información, así como los sistemas universitarios y de investigación.

María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950)

María Luisa Segoviano, que se ha jubilado este mismo año 2022, ha sido la primera mujer que ha presidido una de las cinco salas del Tribunal Supremo, en su caso, la de lo Social, entre 2020 y su retiro el pasado mes de octubre. En el momento de su nombramiento para ese cargo contó con el apoyo aplastante del pleno del CGPJ.

Segoviano nació en una familia de juristas (su padre fue magistrado y su madre se licenció en Dererecho) y a esta disciplina también se dedican la mayoría de sus seis hermanos. Se especializó en laboral desde que en 1974 sacó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo, con destinos como Barcelona, Palencia o Valladolid. Posteriormente, en 1987, ingresó en la judicatura, y su primer juzgado fue el de Primera Instancia e Instrucción 1 de Bilbao, donde permaneció dos años, para pasar a continuación al Juzgado de lo Social 1 de Valladolid. Tras esa experiencia, en 1996, fue designada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla. Y de ahí pasó a magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde, antes de presidirla, permaneció catorce años.

En una reciente entrevista, Segoviano destacó que la puesta en marcha de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia para proteger el empleo fue una medida «muy acertada, positiva» y que se trata de un instrumento «potentísimo» para salvaguardar tanto los puestos de trabajo como las empresas. Por ello, invitó a que se vuelvan a utilizar en el futuro ante situaciones económicas negativas para ayudar al tejido productivo a sobrevivir.

De sensibilidad feminista, en alguna ocasión ha puesto de relieve en público la falta de mujeres en los cargos más altos de la judicatura y también se muestra muy preocupada con la violencia machista. De hecho, cuenta con publicaciones en este ámbito de la igualdad de género.

César Tolosa Tribiño (Segovia, 1957)

Preside la Sala III (de lo contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo y es magistrado de este alto tribunal desde el año 2014. Durante los diez años anteriores había presidido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tras haber sido presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo tribunal durante once años. Allí, previamente, había sido magistrado de la Sala Civil y Penal.

Tolosa ingresó en la carrera judicial en 1982 y si bien el grueso de su actividad profesional la ha desarrollado en Cantabria donde fue creciendo pasando por diferentes puestos del escalafón judicial, su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara), para dos años más tarde ascender a magistrado y ser destinado al Juzgado número 5 de Palma de Mallorca, ingresar en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejercer ya en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990.

La experiencia de Tolosa incluye también actividad docente en materias relacionadas con las jurisdicciones social y contencioso-administrativa, cuenta con publicaciones jurídicas y artículos doctrinales y ha colaborado con proyectos de cooperación judicial internacional.

https://okdiario.com/espana/estos-son-cuatro-nuevos-magistrados-del-tribunal-constitucional-10214931

 

El CGPJ elige por unanimidad al conservador Tolosa y a la progresista Segoviano y desbloquea la renovación del Constitucional

pleno

El presidente del CGPJ, Rafael Mozo (centro), preside el pleno extraordinario celebrado este martes. EFEPOOL

Manuel Marraco

Madrid - Martes, 27 diciembre 2022

El consenso llega tres días después de que Felipe VI advirtiera de la erosión de las instituciones y con la amenaza de fondo de un cambio en el sistema de elección

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este martes por unanimidad a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional. El conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano han sido elegidos por unanimidad de los dos bloques del Consejo: los 10 vocales del sector conservador y los ocho del progresista.

La decisión supone que se desbloquea la renovación del Constitucional. Ambos magistrados accederán al tribunal junto a los dos ya elegidos por el Gobierno, la ex asesora de La Moncloa Laura Díez y el ex ministro Juan Carlos Campo. En el cambio de cuatro de los magistrados del TC saldrán tres conservadores y un progresista y entrarán tres progresistas y un conservador. El resultado es que en unos días el Constitucional pasará a tener una mayoría progresista.

La unanimidad en torno a los dos nombres propuestos por el bloque conservador mayoritario llega apenas tres días después del mensaje de Nochebuena en el que Felipe VI alertaba de la erosión de las instituciones y pedía su fortalecimiento.

El acuerdo ha llegado por la decisión de los ocho vocales adscritos al sector progresista de apoyar a la magistrada de esta sensibilidad que el sector conservador había propuesto como alternativa al nombramiento de José Manuel Bandrés, que era la opción preferida por los progresistas. Según fuentes del Consejo, todos los vocales de la minoría han explicado que votaban a Segoviano por "sentido institucional" y ante la necesidad de salir de la situación de "bloqueo" a la que se había llegado. Cinco de los vocales progresistas han repetido esta fórmula.

Al nombre de César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, el bloque mayoritario había sumado a Segoviano como magistrada de prestigio progresista, considerando que Bandrés era un nombre propuesto por La Moncloa y demasiado próximo a Cándido Conde-Pumpido, candidato a presidir el TC tras la inminente renovación.

Un voto más

Segoviano, que abandonó recientemente el Supremo por jubilación, fue la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal. Fuentes del sector conservador resaltan que, si bien el acuerdo es fruto de la cesión de los progresistas -también se habría alcanzado si los conservadores hubieran aceptado a Bandrés-, parte de los sucedido se debe al perfil "inobjetable" de la magistrada progresista que se proponía.

El Pleno apenas ha durado los minutos necesarios para hacer la votación. Han estado presentes los 18 miembros actuales del Consejo, que en principio cuenta con 21 (una veintena de vocales y el presidente). La cifra responde a la renuncia de Carlos Lesmes como presidente, la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto.

Con 10 votos, el bloque conservador mayoritario solo necesitaba uno más para obtener los tres quintos que requiere la ley. El acuerdo estaba hecho cuando la primera progresista en intervenir, Roser Bach, ha apoyado la dupla Tolosa-Segoviano. Cuando también la progresista Mar Cabrejas ha votado lo mismo añadiendo el mensaje de la responsabilidad institucional, ha quedado claro que se trataba de una decisión del bloque minoritario del Consejo.

El último en votar ha sido el presidente del Consejo, el progresista Rafael Mozo. Ha sumado su apoyo a los dos candidatos elegidos y se ha felicitado por el acuerdo.

Por su parte, el vocal del mismo bloque Enrique Lucas ha pedido intervenir para mostrar su malestar por las informaciones que le señalaban como posible solución al bloqueo, contemplando que pasara a votar con el bloque conservador como reacción a la decisión de los progresistas de no haber apoyado a su hermano, Pablo Lucas, presentado como alternativa a Bandrés por los conservadores antes que Segoviano. Ha indicado que esa posibilidad no tenía fundamento y que su voto respondía solo a su responsabilidad como vocal.

La decisión adoptada este martes supone que el Gobierno ya no necesita reformar el sistema de designación de magistrados del TC. El plan del Ejecutivo era eliminar la necesidad de consenso en el CGPJ y que fueran al TC los dos que obtuvieran más votos, sin necesidad de alcanzar tres quintos de los apoyos.

Esta reforma fue paralizada la semana pasada por el TC por la forma en que se había tramitado. Existía también la posibilidad cierta de que, si se aprobaba por otra vía, fuera recurrida de nuevo ante el TC por el PP o Vox, o bien ante el Supremo por los propios vocales del Consejo.

Presión de plazos

El acuerdo pone fin a un problema que comenzó a gestarse con la reforma impulsada por el Gobierno que impedía al CGPJ en funciones hacer nombramientos. Cuando se vino encima el momento de designar a los dos magistrados del TC que corresponden al Consejo, el Ejecutivo comprobó que, sin ellos, tampoco los cos candidatos que le toca designar podían acceder al TC. Cambió la ley en julio imponiendo al CGPJ nombramientos en septiembre que con tanta premura no llegaron.

Las negociaciones y discusiones sombre los mejores candidatos y el espejismo de una intervención de la UE que desatascara la renovación del Consejo frenaron varias semanas el acuerdo que finalmente ha llegado. Los cuatro magistrados ya designados tendrán un mandato más corto que los nueve años previstos, ya que la ley establece que deben restarse los algo más de seis meses de retraso en su toma de posesión, que debía haberse producido el pasado mes de junio.

https://www.elmundo.es/espana/2022/12/27/63ab116621efa058228b45a8.html

 

miércoles, 23 de noviembre de 2022

Ayer celebramos la manifestación anual.

Ayer celebramos la manifestación anual.

Resultó deslucida por la escasa participación, las obras en la Puerta de Sol y un policía con ganas de poner trabas.

En cualquier caso, seguimos luchando contra la ideología de género, sus aberrantes leyes y sus funestas consecuencias.

www.projusticia.es/madridnoviembre2022.html

 


 http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-11-21-ayer-celebramos-la-manifestacion-anual.html

miércoles, 2 de noviembre de 2022

La vecina de la niña asesinada cuenta el calvario que han sufrido.

 

La vecina de la niña asesinada cuenta el calvario que han sufrido.
Un caso más de tantos miles.
Todas estas parásitas paridoras siguen las instrucciones de la asociación feminazis de turno.

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https://www.youtube.com/watch?v=lk3NUSLKY9Y

martes, 25 de octubre de 2022

La Fiscalía de Asturias pide la retirada inmediata de la reforma que bloquea el régimen de visitas tras una denuncia por maltrato

De vez en cuando hay noticias buenas.

Sorprende además que la petición venga de la Fiscalía que depende del Gobierno feminazi.

No tardarán en purgar a quienes han tenido la osadía de decir la verdad en contra de la mentira oficial.

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La Fiscalía de Asturias pide la retirada inmediata de la reforma que bloquea el régimen de visitas tras una denuncia por maltrato

Belarra

La ministra Ione Belarra, en un acto feminista en Madrid en marzo de 2022. JAVI MARTÍNEZ

Manuel Marraco - Madrid

Domingo, 23 octubre 2022

La Memoria del Ministerio Público advierte de que el automatismo de la medida puede propiciar las denuncias falsas

La Fiscalía de Asturias ha pedido la retirada "inmediata" de la reforma que desde el año pasado impide a los padres denunciados por maltrato visitar a sus hijos. Entre los motivos que esgrime se encuentra el riesgo de que disparen las denuncias falsas dirigidas a obtener casi de forma automática los beneficios que conlleva para quien denuncia.

"Podría alentar el aumento de denuncias instrumentales, dirigidas deliberadamente a tratar de obtener posibles beneficios en la custodia de los menores, así como en todos los efectos inherentes a dicha custodia parental, tales como los atinentes al uso y disfrute de la vivienda familiar o al pago de las prestaciones o pensiones alimenticias correspondientes a los menores", afirma la Fiscalía del Asturias en la Memoria presentada hace unas semanas.

El documento resalta que, aunque la denuncia acabe siendo archivada, esa decisión "puede prolongarse en el tiempo durante meses, e incluso años", un período en el que los menores y el progenitor afectado "estarían privados de la posibilidad de relacionarse". Incluso en caso de absolución o archivo la relación paternofilial habría sufrido "consecuencias y perjuicios de muy difícil o imposible reparación, dada la estigmatización que tales situaciones generan tanto en los progenitores como en los hijos menores".

"Inmediata revisión"

El artículo cuestionado entró en vigor en septiembre de 2021 y, según los datos del CGPJ, multiplicó inmediatamente las medidas que retiraban el régimen de visitas a los padres. Conforme al nuevo artículo 94.4 del Código Civil, el punto de partida para los jueces es que los denunciados se quedan sin régimen de visitas, que solo se podría mantener con un informe motivado del juez.

"Estimamos que dicha modificación debería ser objeto de una inmediata revisión o contrarreforma [en negrita en la Memoria] que llevase a la definitiva eliminación del precepto referido, dado que a pesar del escaso lapso temporal transcurrido desde su entrada en vigor, ya se ha evidenciado el desacierto de la reforma y las disfunciones que provoca su aplicación", afirma el documento.

Los 200 folios de la Memoria correspondiente a 2021 se cierran con un apartado referido a las "propuestas de reforma legislativa", y en particular con una extensa diatriba contra la reforma del Código Civil, de la que ha informado inicialmente La Nueva España.

Conforme a la Memoria presentada por la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, se trata de una reforma que "no solo no es acertada, sino que es desafortunada y perturbadora porque no resuelve ni da respuesta a situaciones que no tuviesen cauces de resolución ya previstos legalmente -por otra parte, más ponderados, razonables y acertados-, genera inseguridad jurídica y generaliza una respuesta única y con graves consecuencias jurídicas y personales para los progenitores y los menores para situaciones familiares que pueden ser muy diferentes y a las que, sin embargo, se aplica el mismo criterio, pudiendo bastar para ello la mera interposición de una denuncia".

Visto bueno del Constitucional

La lista de críticas a la reforma continúa: "Atenta contra la presunción de inocencia, otorgando a la mera denuncia valor de prueba plena, recordando trasnochadas situaciones afortunadamente superadas en nuestro ordenamiento, por lo que estimamos más acertado derogar -más pronto que tarde- el texto reformado en los particulares reseñados y mantener la redacción del precepto que estaba vigente con anterioridad a la reforma".

La Fiscalía asturiana considera que con esta modificación del Código Civil "el legislador parece desconocer la realidad diaria en juzgados y tribunales de que no todas las denuncias interpuestas por los delitos referenciados en el artículo 94 del Código Civil acaban con una condena". Explica que no son "infrecuentes" las absoluciones al por no darse los hechos por probados y que, cuando hay condenas, lo son por hechos de muy distinta gravedad.

La fiscalía critica el "automatismo" de la reforma, que apenas deja margen de actuación a los jueces en la decisión sobre el régimen de visitas. "Parece subyacer en la reforma del precepto una indisimulada desconfianza en los operadores jurídicos, especialmente en jueces y fiscales, que se plasma sin duda en la redacción definitiva del artículo".

Esta última a queja aparecía en las dos cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron por parte de juzgados de Madrid y Zaragoza, que pusieron en duda el encaje de la reforma en la Constitución. También Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad.

La respuesta del TC a esas iniciativas ha sido que la norma es constitucional porque, aunque es cierto que parte de la revocación del régimen de visitas, no se trata de una medida automática e ineludible, porque los jueces podrían mantener el régimen de visitas de forma motivada. En una línea muy alejada de lo sostenido por la Fiscalía de Asturias, la Fiscalía del Constitucional respaldó el aval a la reforma cuestionada.

EL ARTÍCULO CUESTIONADO

El actual artículo 94.4 del Código Civil establece: "No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/23/635548abfdddffde458b4572.html

 

 

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-10-23-la-fiscalia-de-Asturias-pide-la-retirada-inmediata-de-la-reforma-que-bloquea-el-regimen-de-visitas-tras-una-denuncia-por-maltrato.html

 

viernes, 23 de septiembre de 2022

Se publica hoy en el BOE ley del “sólo sí es sí”. La penúltima aberración feminazi.

 

La llamada ley del “sólo sí es sí” es un compendio de disparates jurídicos y negaciones de la realidad. Incluida la biológica.

Nos lo explican Pablo Iglesias y, de forma más divertida y realista, Dustin Hoffman.

Como en toda ley feminazi se conculcan la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el juez natural, etc. No en vano serán los juzgados feminazis quienes tendrán la competencia sobre estos asuntos. De nada han servido las advertencias al respecto del CGPJ o del Consejo de Estado.

La nueva ley aporta poco a lo ya existente en la legislación. De hecho, la mayor parte es un “copia y pega” de leyes en vigor como la ley de violencia de género.

La entrada en vigor de distintos aspectos tardará en aplicarse. Una muestra más de la incompetencia de quienes han promovido la ley. Incompetentes sin capacidad para prever y organizar las consecuencias de sus propuestas. Deciden hacer una paella y no compran el arroz.

Se crean nuevos chiringuitos en los que recalarán más estómagos agradecidos mantenidos mediante el expolio de las arcas públicas y del patrimonio de los damnificados que caigan en sus redes y sus denuncias falsas.

Se intensifica el adoctrinamiento de la población para lo que se emplearán y vigilarán desde los medios de comunicación hasta el sistema educativo. De hecho, se privará aún más a los padres su derecho constitucional a elegir la educación que reciben sus hijos (art. 27 C.E).

Quien no se pliegue a las exigencias feminazis sufrirá la persecución de las comisarias políticas cuya plantilla amplía esta ley.

Las denunciantes gozarán de asistencia jurídica gratuita, entre otros privilegios, que será prestada por asociaciones feminazis. Aunque los colegios de abogados no renunciarán a su parte del pastel.

No olvidemos que la condición de “víctima” se adquiere por el “informe” expedido por cualquier feminazi.

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.


Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14630


Se publica hoy en el BOE ley del “sólo sí es sí”. La penúltima aberración feminazi.

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-09-07-se-publica-hoy-en-el-BOE-ley-del-solo-si-es-si.html

miércoles, 15 de junio de 2022

Archivada la causa contra la profesora de la ESO imputada por incitar al odio a los hombres

La justicia patriarcal.

El heteropatriarcado opresor.

La educación en manos de personas taradas que, lejos de enseñar, se dedican a adoctrinar en los dogmas feminazis y a perseguir a quien les lleve la contraria.

Huelga decir cual hubiera sido la sentencia caso de ser varón el profesor y proponer la mutilación genital de las mujeres.

Los privilegios de las feministas.

Recordemos la intervención de la “profesora” que afortunadamente un alumno pudo grabar. 

http://projusticia.es/videos/aurelia-vera-castrar-a-los-ninos.mp4

Aurelia Vera, concejal del PSOE, en su clase pide castrar a los niños

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Archivada la causa contra la profesora de la ESO imputada por incitar al odio a los hombres

juez

Un juez de la Audiencia de Vizcaya. E.M.

Manuel Marraco - Madrid - Martes, 14 junio 2022

La Audiencia de Las Palmas reconoce su "apología extrema del feminismo" pero cree que cuando habló de "castración selectiva" solo quería "provocar" el debate

La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa por un presunto delito de odio a lo hombres abierta contra una profesora de un centro público de Fuerteventura que en mayo de 2019, en clase de Lengua y Literatura a alumnos de 4º de la ESO (16 años), usó expresiones como "uso de la castración selectiva" u "hombres que no tienen huevos". Lo hizo a raíz de la lectura de un capítulo de la obra El cuento de la criada de Margaret Atwood.

La Sección Sexta de la Audiencia ha estimado el recurso de la profesora contra el auto que tras la investigación consideró que había indicios suficientes para llevar a juicio a la profesora. Tanto la Fiscalía como la asociación de padres denunciante del caso -Asociación de Padres de Alumnos por el respeto- se oponían al archivo solicitado.

La Fiscalía pedía para Aurelia Vera, ex concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, un año y seis meses de prisión, multa y 10 años de inhabilitación para ejercer la docencia.

El tribunal no cree que la conducta de la profesora "revista una notable gravedad". Estima que su actuación "no se debió a motivos de corte discriminatorio", y que las expresiones que usó "no tienen una entidad de relevancia, ni se constata obedezcan a razones de este tipo".

Como en la serie

Recuerda cuando utilizó las expresiones controvertidas lo hizo porque estaba comentando a sus 60 alumnos una obra en el que se habla de la mutilación genital femenina. Lo que estaba haciendo era utilizar el término de la "castración selectiva" como "concepto antagónico al de mutilación femenina que en uno de sus capítulos recoge la famosa producción televisiva".

A preguntas de su abogado, la mujer afirmó que su intención no era denigrar ni ofender, sino que quería transmitir "que los derechos de las mujeres podrían ser perdidos en cualquier momento y los hombres podrían ser beneficiarios".

A juicio del Tribunal, la transcripción realizada de los audios grabados durante la clase "revela un discurso feminista extremo por parte de la profesora, advirtiéndose que el interés de la misma no era incitar al odio, o a la violencia contra el sector masculino, al que pertenecían gran parte de los oyentes, sino que se advierte, por el uso de expresiones tan radicales como el 'uso de la castración selectiva', u 'hombres que no tienen huevos, que la intención de la misma era provocar en los adolescentes una explosión de pensamiento crítico acerca del tema".

"Expresiones radicales"

"Ciertamente las expresiones son radicales, extremas", reconocen los magistrados, "pero adecuadas para provocar esta reacción en alumnos de 4º de la ESO". "Con eso no queremos decir que el tribunal comparta la apología extrema del feminismo que la profesora realizaba en su aula, pero sí que la técnica utilizada era adecuada para provocar a sus oyentes, de manera que la finalidad pretendida con el uso de tales expresiones, no puede aislarse de los fines docentes ó formativos de su alumnado", prosiguen los magistrados.

A juicio de la Sala, es "evidente" que la conducta de la docente no encaja en el tipo penal del delito de odio, pues no se trató de una "acción de fomento, promoción o incitación directa al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo".

Al contrario, argumenta el tribunal, "con el ataque a los hombres, o a los años de dominación masculina, quiso despertar el sentimiento feminista de los chavales, de una manera extrema y quizás embutida en su propia ideología feminista, pero ello no convierte las expresiones en una incitación al odio al sexo masculino".

"Causante de grandes males"

El archivo de la causa ha sido adoptado por los magistrado Emilio Moya (presidente), Carlos Vielba y Oscarina Naranjo en contra de la postura del fiscal. En su escrito de acusación, ahora desactivado por el tribunal, el fiscal afirmaba que la profesora señalaba en sus clases «al sexo masculino por su propia naturaleza como causante de grandes males para la humanidad».

Según publicó Canarias7, la mujer actuaba «con el ánimo de suscitar el odio, hostilidad, discriminación y violencia contra las personas de sexo masculino», así como de «atentar contra la dignidad humana de sus alumnos varones menores de edad y denigrarlos y menospreciarlos por razón de su sexo, y con la finalidad de alimentar un clima de humillación, descrédito y repulsión hacia los hombres».

El escrito de acusación insistía en que Aurelia Vera promovía «el sometimiento de los varones en la sociedad e incluso la eliminación de su masculinidad física, mediante la mutilación genital, inculcando la conveniencia de la implantación de una política de castración sistemática de los niños, amputándoles el pene y los testículos, para la mejora social».

https://www.elmundo.es/espana/2022/06/14/62a893bee4d4d85d1f8b45a5.html

 

http://projusticia.es/bitacora/entradas/2022-06-013-archivada-la-causa-contra-la-profesora-de-la-ESO-imputada-por-incitar-al-odio-a-los-hombres.html

 

martes, 19 de abril de 2022

El Tribunal de Cuentas investiga el reparto de fondos del plan de Montero contra la violencia de género

No es un asunto nuevo sino todo lo contrario. Llevan décadas enquistadas en el aparato del Estado parasitándolo con la consabida táctica de la victimización basada en mentiras. Baste recordar como los políticos que dirigen los organismos públicos expoliados no exigen que se investigue el latrocinio por ser parte del mismo y como sólo una mínima parte del presupuesto se destina al objeto para el que se crea que se supone son las mujeres maltratadas. En realidad, el objeto es alimentar a miles de estómagos agradecidos.

Como mínimo son unas incompetentes que no deberían ocupar cargos de responsabilidad. Son parásitas que se dedican a expoliar el erario público. Esto es, son ladronas.

Por otra parte conviene recordar que el Tribunal de Cuentas tiene por costumbre esperar a que pasen cinco años para hacer públicos los informes sobre sus investigaciones. Esto es, lo hacen justo después de que cumpla el plazo de prescripción. En esta ocasión no han cumplido su norma no escrita. Síntoma evidente de la galopante corrupción que reina en el entramado feminazi dedicado al expolio de las arcas del Estado.

Tendrán su Nurenberg y su Spandau.

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El Tribunal de Cuentas investiga el reparto de fondos del plan de Montero contra la violencia de género

manifestacion

Irene Montero en la manifestación del 8-M en Madrid junto a Victoria Rosell. (Foto: EFE)

María Pomares - 18/04/2022

El Tribunal de Cuentas investiga el empleo de los fondos destinados a las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género entre los años 2018 y 2022, un plan ejecutado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Secretaría de Estado de Igualdad, ambos órganos a día de hoy bajo la tutela de la ministra Irene Montero.

El máximo órgano fiscalizador prevé aprobar antes de que finalice el año un informe sobre el cumplimiento de este programa, cuyas líneas generales se aprobaron cuando su ejecución dependía de la entonces ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que en 2018 solicitó transferir las competencias sobre esta materia a su departamento. Tras el nombramiento de Irene Montero en enero 2020, las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género que ahora investiga el Tribunal de Cuentas pasaron a depender de su cartera.

El Tribunal de Cuentas pone el foco sobre un programa dotado con 209.182.580 de euros en 2022 (871.335.165 desde 2018) y cuyas acciones más significativas pasan por la sensibilización y la prevención, la mejora de la respuesta institucional, la atención a los menores y a las mujeres especialmente vulnerables, la formación de los profesionales y el seguimiento estadístico de la violencia contra las mujeres; tal y como consta en el documento en el que se recogen las medidas a desarrollar por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad dirige Victoria Rosell, y por la Secretaría de Estado de Igualdad, encabezada por Ángela Rodríguez.

Incumplimientos

Desde el año 2020, cuando Irene Montero pasó a ocupar el Ministerio de Igualdad, son varios los puntos del programa para la prevención integral de la violencia de género que se han incumplido.

En concreto, aunque en el año de la pandemia se presupuestó una treintena de actuaciones destinadas a la prevención y la sensibilización, únicamente se llevaron a cabo 20. Incluso a pesar de que el confinamiento empeoró la situación de muchas mujeres maltratadas, tal y como evidencia el incremento de las llamadas al 016 durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, un 51,4% más respecto al mismo periodo de 2019. La misma situación se reproduce en la elaboración de informes y boletines estadísticos, ya que, aunque se presupuestaron 10, sólo se realizaron ocho, tal y como consta en el documento explicativo de este plan.

Pero, más llamativos resultan los datos disponibles sobre el seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados con los fondos del programa para la prevención integral de la violencia de género. En 2020 estaban previstas hasta 15 visitas, de las que sólo se efectuaron dos. En 2021, no se realizó seguimiento alguno de los tres que se habían planificado.

Críticas

La fiscalización del Tribunal de Cuentas coincide en el tiempo con las críticas a Irene Montero por «el despilfarro» de dinero público del Ministerio de Igualdad. El departamento de Irene Montero siempre ha estado en el punto de mira por sus polémicas contrataciones.

En esta lista figuran, por ejemplo, 710.144 euros destinados a desarrollar una página web que permita agilizar el reparto de subvenciones, que han subido de 362 millones de euros hasta los 428 millones para 2022.

Otras partidas cuestionadas son los 13.440 euros desembolsados por un informe en el que se critican 190 artículos publicados en medios de comunicación por el tratamiento de los periodistas a casos como los de Diana Quer, Juana Rivas o Rocío Carrasco, entre otros. También 50.000 euros para la realización de un estudio sobre la «violencia económica» o 500.000 euros al año en nuevas ayudas a «organizaciones sindicales para el fortalecimiento del enfoque de igualdad en la negociación colectiva», entre otros muchos gastos controvertidos.

https://okdiario.com/espana/tribunal-cuentas-investiga-reparto-fondos-del-plan-montero-contra-violencia-genero-8909882