La instrucción en manos de la
Fiscalía que, lejos de ser independiente, depende del Gobierno de turno. Por algo una de las primeras medidas de cada nuevo gobierno es cambiar al Fiscal general y a todos los Fiscales jefe. No es difícil imaginar cómo serán las instrucciones que darán a los subalternos. Recordemos que a diferencia de los jueces los fiscales no son independientes, sino que dependen jerárquicamente de sus superiores. En último término dependen del Fiscal general del Estado que actualmente es la feminazi y sectaria
Dolores Delgado.
¿La fiscalía de quién depende?
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Justicia inicia el proceso para la reforma de la LECrim con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press – Archivo
MADRID, 15 Abr. 2020 (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Justicia ha iniciado este miércoles los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto.
La reforma, que tiene como objetivo sustituir la actual norma vigente, que se aprobó en 1882, es una de las prioridades del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces, tal y como explicó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero. En ella se comprometió a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.
Para ello, Campo ha ordenado este miércoles la creación de la comisión de expertos, tras mantener una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Según recuerda el Ministerio en una nota de prensa, la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales.
Justicia explica que la necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas ha convertido la creación de un nuevo texto en una demanda ampliamente defendida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas.
Por ello, el objetivo será adaptar nuestro modelo de proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías.
Asi, el nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia, apostilla el departamento que dirige Campo.
Además, asegura que la futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La redacción de sus disposiciones a lo largo de todo este tiempo, desde que se aprobó hace 138 años, obliga a una \"reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales\", destaca el Ministerio.
Campo inicia en pleno estado de alarma la reforma que deja la investigación al fiscal
El ministro Campo coge la cartera de Justicia de manos de Dolores Delgado, hoy fiscal general
Nati Villanueva MADRID 16/04/2020
Nombra coordinador del anteproyecto a uno de los jueces que fue sancionado (y luego absuelto por el Supremo) por excarcelar a El Negro
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio ayer el pistoletazo de salida a la elaboración del anteproyecto que dejará la instrucción de las causas penales en manos del fiscal. En su afán de tener listo el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Campo no ha esperado a que finalice el estado de alarma para anunciar la creación de la comisión de expertos que se encargará de esta reforma y que encabezará el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. López Ortega fue uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por acordar la libertad del narcotraficante El Negro. Posteriormente fueron absueltos por el Tribunal Supremo.
Aunque la mayoría de los países de nuestro entorno han adoptado este modelo procesal, lo cierto es que se produce en un momento en el que la imagen de imparcialidad e independencia del Ministerio Público no atraviesa en España uno de sus mejores momentos
tras el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Su examen de idoneidad en el CGPJ provocó una de las fracturas más sonadas en su seno desde que inició su mandato.
La reforma de Campo, de la que fue precursor el exministro Francisco Caamaño con el propio Campo como secretario de Estado, pretende convertir al actual juez de instructor en un juez de garantías y que la investigación esté en manos de la Fiscalía. La futura ley procesal también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
Desde su aprobación hace 138 años, la actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. «La norma, con disposiciones redactadas a lo largo de tres siglos, obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales. Sus sucesivas reformas han provocado una progresiva acumulación de deficiencias estructurales producto de su inadecuación al tiempo presente, razón por la cual urge acometer la reforma integral que posibilite su actualización», señala la nota de Justicia.
Justicia inicia el proceso para la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la creación de la comisión que elaborará el anteproyecto
15 de abril de 2020
El Ministerio de Justicia ha iniciado hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El ministro Juan Carlos Campo ha ordenado esta mañana la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y ha mantenido una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Documentos asociados:
El Gobierno cambiará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle una perspectiva de género
Isabel Celaá, en un momento de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes. JAVI MARTÍNEZ
RAÚL PIÑA - Madrid - 31 AGO. 2018
El Gobierno de
Pedro Sánchez presume de ser feminista y en la mayoría de las iniciativas políticas que está llevando a cabo apuesta por evidenciarlo, aunque en ocasiones incurra en
sonoras polémicas como el
decreto ley sobre violencia machista. La última iniciativa del Ejecutivo pasa por cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para darle una "perspectiva de género", según ha anunciado la ministra portavoz
Isabel Celaá.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la normativa que regula las actuaciones judiciales en materia penal en España y cuyo
último cambio se efectuó en 2015. Ahora, el Gobierno quiere darle una visión, según apuntan desde Moncloa, acorde a los tiempos actuales. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley desde un enfoque de género, a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual.
El Consejo de Europa define la perspectiva de género como "la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas".
Aunque ni desde Justicia ni la ministra portavoz se han ofrecido más detalles por el momento, desde el Ministerio se recuerda que la ministra de Justicia defendió en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque "no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada".
El consejo asesor que se ha nombrado tiene la misión de introducir esta sensibilidad en la normativa, pero igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal.
El órgano estará presidido por la propia ministra, con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, como vicepresidente. Lo componen: Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática; Mª Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares; y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación.
Desde el Ministerio de Justicia aclaran que los miembros del consejo no percibirán ninguna retribución, salvo el pago de los gastos de desplazamiento y hospedaje a los que residan fuera de Madrid. Asimismo, el funcionamiento del consejo será atendido con los medios existentes en el Ministerio de Justicia por lo que no supondrá incremento alguno del gasto público.
Orden JUS/902/2018, de 31 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018, por el que se crea un Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.
El Consejo de Ministros verá hoy una propuesta para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con enfoque de género
EUROPA PRESS - Archivo
21/12/2018
El Consejo de Ministros verá hoy, 21 de diciembre, una propuesta preliminar elaborada por el consejo asesor encargado de revisar el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para darle "perspectiva de género".
Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado a Europa Press que un primer estudio, que no es definitivo, se verá en el Consejo de Ministros de este viernes. Ha sido realizado por un consejo asesor, que fue creado a finales del mes de agosto y presidido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en la Vicepresidencia.
Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente medidas "para reforzar la seguridad de las mujeres" tras el asesinato de la profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva).
Delgado ya apuntó que el informe del consejo asesor estaría listo el 19 de diciembre tras una revisión de todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de reformarla y actualizarla desde una perspectiva de género. La ministra reconoció que existe un problema de enfoque de género y de perspectiva de víctima a la hora de enfocar las normas y, por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá defendió esta revisión "habida cuenta de todos los problemas que enfrenta la lucha contra la violencia de género".
"En este repaso, hemos podido analizar todos y cada uno de los preceptos que necesitaban una revisión y lectura en violencia de género y la haremos pública, porque no olvidemos que en muchas ocasiones tenemos la víctima mujer, que también es testigo y la víctima menor, que también es testigo. En estos casos, es fundamental el análisis desde esta perspectiva de género y de víctima", señaló Delgado, que preside el consejo asesor, que también está integrado por mujeres con prestigio en el campo de la magistratura y de los estudios de género.
http://projusticia.es/bitacora/entradas/2020-04-15-justicia-inicia-el-proceso-para-la-reforma-de-la-LECrim-con-la-creacion-de-la-comision-que-elaborara-el-anteproyecto.html
